.LA NOTA MAS LEIDA DE JULIO - AGOSTO
En medio de la falta de información oficial por parte de la administración de Jorge Rodríguez Erneta, dos empresas proveedoras reciben suculentos contratos sin pasar por licitaciones públicas. La estrecha relación entre las supuestas competidoras y su vinculación con un poderoso senador. Los antecedentes de las empresas
En medio de la falta de información oficial por parte de la administración de Jorge Rodríguez Erneta, dos empresas proveedoras reciben suculentos contratos sin pasar por licitaciones públicas. La estrecha relación entre las supuestas competidoras y su vinculación con un poderoso senador. Los antecedentes de las empresas
El 28 de mayo de 2008 la municipalidad de Villa Gesell envió al Concejo Deliberante su último Boletín Oficial. Desde entonces, la información de los actos de gobierno del intendente Jorge Rodríguez Erneta es hermética.
Las presentaciones realizadas por concejales de la oposición en el Juzgado Nº 3 de Dolores no han servido de mucho; muestra de esto es que los concejales oficialistas aprobaron la Rendición de Cuentas 2010 por unanimidad, sin documentación respaldatoria.
La impunidad en la ciudad balnearia es tal, que dos semanas antes de que el oficialismo en el Concejo aprobara el balance contable del año pasado, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Mabel Llompardt, dijo en plena sesión: “Si hay falta de transparencia o algo que ocultar, no vamos a exponer a un compañero”.
No es tarea fácil intentar acceder a la información en Gesell. La última presentación al respecto ante el Juzgado de Dolores, estuvo a cargo de la concejal Irene Frick (ACyS) y le valió ser amenazada. “Dejate de joder con los Boletines, ¿qué querés saber? ¿Lo que ganamos nosotros?”, la increparon por teléfono.
Es que los reiterados pedidos dieron sus frutos. El juez en lo Contencioso Administrativo, Antonio Escobar, emitió un dictamen que obligó a la municipalidad a facilitarle la documentación a la concejal Frick. Tuvo que pagar cinco pesos por cada Boletín para un suministro realizado a cuentagotas.
“Como tienen muchos problemas de insumos, siempre me dicen que no tienen papel, o no tienen el tóner y me van fraccionando la entrega”, dice Frick.
Lo cierto es que, incluso en las partes entregadas, aparecen infracciones: “En lo que va de la entrega están faltando 607 decretos. No creo que todos sean de contrataciones. Deben estar escondiendo algunas cosas más”, arriega la concejal, papeles en mano.
Y es que las sospechas detrás de la total negación a transparentar los actos gubernamentales de la gestión Erneta recaen sobre dos hipótesis que, de comprobarse, podrían desatar un escándalo político y judicial: por un lado, la emisión de decretos aumentando sueldos y creando cargos municipales; por el otro, suculentos contratos otorgados a empresas proveedoras amigas.
Las presentaciones realizadas por concejales de la oposición en el Juzgado Nº 3 de Dolores no han servido de mucho; muestra de esto es que los concejales oficialistas aprobaron la Rendición de Cuentas 2010 por unanimidad, sin documentación respaldatoria.
La impunidad en la ciudad balnearia es tal, que dos semanas antes de que el oficialismo en el Concejo aprobara el balance contable del año pasado, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Mabel Llompardt, dijo en plena sesión: “Si hay falta de transparencia o algo que ocultar, no vamos a exponer a un compañero”.
No es tarea fácil intentar acceder a la información en Gesell. La última presentación al respecto ante el Juzgado de Dolores, estuvo a cargo de la concejal Irene Frick (ACyS) y le valió ser amenazada. “Dejate de joder con los Boletines, ¿qué querés saber? ¿Lo que ganamos nosotros?”, la increparon por teléfono.
Es que los reiterados pedidos dieron sus frutos. El juez en lo Contencioso Administrativo, Antonio Escobar, emitió un dictamen que obligó a la municipalidad a facilitarle la documentación a la concejal Frick. Tuvo que pagar cinco pesos por cada Boletín para un suministro realizado a cuentagotas.
“Como tienen muchos problemas de insumos, siempre me dicen que no tienen papel, o no tienen el tóner y me van fraccionando la entrega”, dice Frick.
Lo cierto es que, incluso en las partes entregadas, aparecen infracciones: “En lo que va de la entrega están faltando 607 decretos. No creo que todos sean de contrataciones. Deben estar escondiendo algunas cosas más”, arriega la concejal, papeles en mano.
Y es que las sospechas detrás de la total negación a transparentar los actos gubernamentales de la gestión Erneta recaen sobre dos hipótesis que, de comprobarse, podrían desatar un escándalo político y judicial: por un lado, la emisión de decretos aumentando sueldos y creando cargos municipales; por el otro, suculentos contratos otorgados a empresas proveedoras amigas.
Las proveedoras
Existe un grupo de firmas que arribaron al municipio gesellino de la mano del actual Intendente y desde entonces no han parado de facturarle a la comuna. Dentro de ese pequeño conglomerado, dos empresas son especialmente beneficiadas con jugosos contratos: Madaki SA y Sopay SA.
SóLo durante el primer año de mandato de Rodríguez Erneta, Madaki facturó 17 millones de pesos en contrataciones de servicios, sin participar de ninguna licitación pública. Hoy, es el mayor proveedor de la municipalidad.
Sopay también es contratista del municipio gesellino con las mismas obras que Madaki: servicios públicos, extracción de arena, construcción de viviendas. Llamativamente, en las compulsas de precios privadas a las que convoca Erneta, es común que ambas empresas compitan con una tercera y que las dos se queden con alguna porción de los trabajos a realizar.
Las sospechas llegaron con las primeras contrataciones. Y es que ninguno de los contratos firmados por estos proveedores derivan de una licitación pública; el artilugio, sospechan los concejales opositores, es dividir en etapas los contratos.
Luego de los primeros meses de gestión de Erneta, empezaron las presentaciones de pedidos de informe por los contratos otorgados a estas empresas. El entonces presidente del Concejo, Ricardo Cemborain (ACyS) cuestionó “la subdivisión de los contratos en montos que no superen la cifra que divide la licitación privada de la pública, para otorgar los servicios mediante contratación privada”.
En la presentación adujo: “Once decretos adjudican distintos servicios, y cada uno tiene su correspondiente llamado a licitación privada. Lo que se ve es la intención de beneficiar a dos empresas: Madaki SA (monto total $ 1.304.200) y Sopay SA (monto total $ 472.500)”.
Dudosos antecedentes
En 2009, Madaki firmó con la municipalidad de Gesell un contrato por
$ 8.375.110 para la construcción de dos partes de un plan de viviendas con fondos nacionales. En este caso, hubo sospechas de sobreprecios y denuncias por incumplimiento en los plazos.
En medio de esta adjudicación, apareció otra presunción, relacionada a la extracción de arena. Madaki había sido contratada mediante dos contrataciones privadas para extraer arena por un monto total de $ 525.920.
En esa ocasión, la oposición denunció que se observaban “camiones de gran porte saliendo de Villa Gesell, sin que la gestión Erneta aclare su destino” y que “dentro de Gesell se comercializa esta arena, con un caso paradigmático: Madaki cobra las horas máquina para emparejar los terrenos donde se construirían las viviendas, vende la arena y luego será la empresa encargada de construir las viviendas”.
Al mismo tiempo, fue cuestionado el presunto destino de arena a rellenos de los bajos del cementerio en base a la licitación privada 030/09 por la cual en 2009, la administración Erneta le pagó 178.000 pesos a Sopay SA para rellenar el predio con 40.000 m2 de arena, según reveló la Rendición de Cuentas. “¿De dónde sacó la arena Sopay para hacer el relleno del cementerio?”, se preguntaron.
Madaki
Creada en 2000, la empresa tiene como objeto las tareas de movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras NCP; construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte, reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos, construcción, reforma y reparación de redes. Su sede legal está en la ciudad de Mar de Ajó. No tiene página web ni espacio físico reconocible.
Además de ser proveedora del municipio de Villa Gesell, la firma aparece en el Registro de empresas de obras públicas con contrataciones directas del municipio de Mar del Plata.
La titular de la firma es Nancy Jéssica Gabriela Alvarez y la directora suplente es Liliana Graciela Bonanni. Ambas se dedican a “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.
Hay un dato por demás sugerente: Alvarez es titular de más de 50 empresas y Bonanni de otras tantas. Ninguna de las firmas figura en la web y varias tienen sede en España. Además de Madaky, Alvarez y Bonanni comparten la titularidad en más de una docena de compañías.
Desafío intentó comunicarse con Alvarez a través de su domicilio fiscal, pero pertenece a un estudio jurídico en el que siempre atiende un contestador.
La opción B para tener contacto con algún representante de la empresa es su presidente: Orlando Emiliano Torres, que sólo está disponible después de las 21 horas, según un administrativo de Madaki que atendió telefónicamente a esta publicación y preguntó: “¿Qué, es por la licitación de las viviendas?”.
¿Y Sopay?
En la búsqueda de los responsables de Sopay SA aparece el dato escandaloso. Con sede legal también en Mar de Ajó, su directorio está compuesto por Alfredo Alberto Dávila, como titular, mientras como director suplente figura Orlando Emiliano Torres: el presidente de Madaki. Vale decir que, en todas las licitaciones privadas en las que supuestamente las empresas competían, en realidad se estaba repartiendo un negocio.
Como corolario, Sopay tiene penosos antecedentes judiciales en su relación contractual con los municipios. Está involucrada en, al menos, dos causas judiciales con el Partido de La Costa; una de ellas, involucra al intendente Juan Pablo de Jesús por Defraudación a la Administración Pública.
En la causa N° 1/64.271 se denuncia la suscripción por parte de De Jesús de dos convenios de pago y reconocimiento de deuda, con alcances de título ejecutivo, a favor de Sopay y Nueva Costa SRL; convenios por lo cuales se pretendió obligar a la Comuna al pago de 287.105 pesos.
Como nota de color, en el blog Política en Gesell, que satiriza al intendente Rodríguez Erneta contando en primera persona relatos de un jefe comunal de esa ciudad bajo el seudónimo “Rodríguez Rodas”, hay un comentario que dice: “Estamos por comenzar a recibir un merecido homenaje por el día del trabajador municipal (ya voy para allá), el mismo incluye unas vaquillonas con cuero ‘donadas’ por el paisano Dávila, dueño de Sopay SA y cobrador de los cheques de Madaki SA”.
El texto está firmado con el seudónimo “yo gano 1.080 nomás”, y aboga por un aumento de sueldo prometido a los municipales. Cierra diciendo: “Los municipales no nos merecemos esto”.
Relaciones peligrosas
Aunque nadie tenga papeles que lo certifiquen, por lo bajo, todos señalan que la razón última de este beneficio a las firmas de Mar de Ajó se encontraría en las entrañas mismas del poder político provincial.
Y es que a ambas firmas se las relaciona directamente con un ex amigo del intendente Rodríguez Erneta: el presidente del bloque de senadores del FpV, Osvaldo Goicoechea, con quien entabló relación durante su paso por el recinto.
Consultado por Desafío, Goicoechea responde: “No tengo ninguna empresa”.
La concejal amenazada dice: “Se les nota que es demasiado lo que tienen que esconder”.
Existe un grupo de firmas que arribaron al municipio gesellino de la mano del actual Intendente y desde entonces no han parado de facturarle a la comuna. Dentro de ese pequeño conglomerado, dos empresas son especialmente beneficiadas con jugosos contratos: Madaki SA y Sopay SA.
SóLo durante el primer año de mandato de Rodríguez Erneta, Madaki facturó 17 millones de pesos en contrataciones de servicios, sin participar de ninguna licitación pública. Hoy, es el mayor proveedor de la municipalidad.
Sopay también es contratista del municipio gesellino con las mismas obras que Madaki: servicios públicos, extracción de arena, construcción de viviendas. Llamativamente, en las compulsas de precios privadas a las que convoca Erneta, es común que ambas empresas compitan con una tercera y que las dos se queden con alguna porción de los trabajos a realizar.
Las sospechas llegaron con las primeras contrataciones. Y es que ninguno de los contratos firmados por estos proveedores derivan de una licitación pública; el artilugio, sospechan los concejales opositores, es dividir en etapas los contratos.
Luego de los primeros meses de gestión de Erneta, empezaron las presentaciones de pedidos de informe por los contratos otorgados a estas empresas. El entonces presidente del Concejo, Ricardo Cemborain (ACyS) cuestionó “la subdivisión de los contratos en montos que no superen la cifra que divide la licitación privada de la pública, para otorgar los servicios mediante contratación privada”.
En la presentación adujo: “Once decretos adjudican distintos servicios, y cada uno tiene su correspondiente llamado a licitación privada. Lo que se ve es la intención de beneficiar a dos empresas: Madaki SA (monto total $ 1.304.200) y Sopay SA (monto total $ 472.500)”.
Dudosos antecedentes
En 2009, Madaki firmó con la municipalidad de Gesell un contrato por
$ 8.375.110 para la construcción de dos partes de un plan de viviendas con fondos nacionales. En este caso, hubo sospechas de sobreprecios y denuncias por incumplimiento en los plazos.
En medio de esta adjudicación, apareció otra presunción, relacionada a la extracción de arena. Madaki había sido contratada mediante dos contrataciones privadas para extraer arena por un monto total de $ 525.920.
En esa ocasión, la oposición denunció que se observaban “camiones de gran porte saliendo de Villa Gesell, sin que la gestión Erneta aclare su destino” y que “dentro de Gesell se comercializa esta arena, con un caso paradigmático: Madaki cobra las horas máquina para emparejar los terrenos donde se construirían las viviendas, vende la arena y luego será la empresa encargada de construir las viviendas”.
Al mismo tiempo, fue cuestionado el presunto destino de arena a rellenos de los bajos del cementerio en base a la licitación privada 030/09 por la cual en 2009, la administración Erneta le pagó 178.000 pesos a Sopay SA para rellenar el predio con 40.000 m2 de arena, según reveló la Rendición de Cuentas. “¿De dónde sacó la arena Sopay para hacer el relleno del cementerio?”, se preguntaron.
Madaki
Creada en 2000, la empresa tiene como objeto las tareas de movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras NCP; construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte, reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos, construcción, reforma y reparación de redes. Su sede legal está en la ciudad de Mar de Ajó. No tiene página web ni espacio físico reconocible.
Además de ser proveedora del municipio de Villa Gesell, la firma aparece en el Registro de empresas de obras públicas con contrataciones directas del municipio de Mar del Plata.
La titular de la firma es Nancy Jéssica Gabriela Alvarez y la directora suplente es Liliana Graciela Bonanni. Ambas se dedican a “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.
Hay un dato por demás sugerente: Alvarez es titular de más de 50 empresas y Bonanni de otras tantas. Ninguna de las firmas figura en la web y varias tienen sede en España. Además de Madaky, Alvarez y Bonanni comparten la titularidad en más de una docena de compañías.
Desafío intentó comunicarse con Alvarez a través de su domicilio fiscal, pero pertenece a un estudio jurídico en el que siempre atiende un contestador.
La opción B para tener contacto con algún representante de la empresa es su presidente: Orlando Emiliano Torres, que sólo está disponible después de las 21 horas, según un administrativo de Madaki que atendió telefónicamente a esta publicación y preguntó: “¿Qué, es por la licitación de las viviendas?”.
¿Y Sopay?
En la búsqueda de los responsables de Sopay SA aparece el dato escandaloso. Con sede legal también en Mar de Ajó, su directorio está compuesto por Alfredo Alberto Dávila, como titular, mientras como director suplente figura Orlando Emiliano Torres: el presidente de Madaki. Vale decir que, en todas las licitaciones privadas en las que supuestamente las empresas competían, en realidad se estaba repartiendo un negocio.
Como corolario, Sopay tiene penosos antecedentes judiciales en su relación contractual con los municipios. Está involucrada en, al menos, dos causas judiciales con el Partido de La Costa; una de ellas, involucra al intendente Juan Pablo de Jesús por Defraudación a la Administración Pública.
En la causa N° 1/64.271 se denuncia la suscripción por parte de De Jesús de dos convenios de pago y reconocimiento de deuda, con alcances de título ejecutivo, a favor de Sopay y Nueva Costa SRL; convenios por lo cuales se pretendió obligar a la Comuna al pago de 287.105 pesos.
Como nota de color, en el blog Política en Gesell, que satiriza al intendente Rodríguez Erneta contando en primera persona relatos de un jefe comunal de esa ciudad bajo el seudónimo “Rodríguez Rodas”, hay un comentario que dice: “Estamos por comenzar a recibir un merecido homenaje por el día del trabajador municipal (ya voy para allá), el mismo incluye unas vaquillonas con cuero ‘donadas’ por el paisano Dávila, dueño de Sopay SA y cobrador de los cheques de Madaki SA”.
El texto está firmado con el seudónimo “yo gano 1.080 nomás”, y aboga por un aumento de sueldo prometido a los municipales. Cierra diciendo: “Los municipales no nos merecemos esto”.
Relaciones peligrosas
Aunque nadie tenga papeles que lo certifiquen, por lo bajo, todos señalan que la razón última de este beneficio a las firmas de Mar de Ajó se encontraría en las entrañas mismas del poder político provincial.
Y es que a ambas firmas se las relaciona directamente con un ex amigo del intendente Rodríguez Erneta: el presidente del bloque de senadores del FpV, Osvaldo Goicoechea, con quien entabló relación durante su paso por el recinto.
Consultado por Desafío, Goicoechea responde: “No tengo ninguna empresa”.
La concejal amenazada dice: “Se les nota que es demasiado lo que tienen que esconder”.
