Era técnicamente muy difícil condenar a Carlos Menem: había que probar que una decisión política, instrumentada en un decreto y en principio no justiciable, encubría un delito. Políticamente, era seguro que eso no iba a ocurrir.
Lo escribimos cuando apenas la causa comenzaba sus primeros pasos, hace dieciséis años. Menem había firmado varios decretos para respaldar el envío de armas y se lo pretendía condenar por contrabando, que es un delito doloso.Aun cuando en la intimidad él hubiese sabido que el destino de las armas no era Venezuela y Panamá (como decían los decretos), sino Ecuador y Croacia, el decreto era una decisión política. Había que lograr probar que debajo de ese decreto se escondía un contrabando. Y para eso había muy poco margen.
Una cosa eran indicios. Otra probarlo. Era previsible (aunque las cosas hubieran realmente ocurrido de otro modo). En palabras más simples: se acusó a Menem por un delito muy difícil de probar. Mala elección.
Desde el punto de vista político, era seguro que Menem no iba a ser condenado. Hacerlo, le hubiera significado al Gobierno renegar de la alianza que tenía con el ex presidente. El Gobierno había kirchnerizado a Menem. Una condena hubiera significado que el Senado lo tenía que desaforar, para permitir su detención. Por otra parte, soltar a un ex presidente a su suerte hubiera sido una mala señal para otros aliados.
El Gobierno se interesó por la suerte de Menem. La parte técnica era más fácil de justificar. El 7 de noviembre se conocerán los fundamentos.
Ahora, por más que la Fiscalía apele ante la Cámara de Casación, el caso demorará, por lo menos, tres o cuatro años en ser resuelto. Y, si la absolución fuese revocada, Menem podría recurrir a la Corte. Para entonces, ya habrá vencido, incluso, su próximo mandato de senador, si es reelecto por el período 2011-2017.
