El titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, analiza los recientes acontecimientos que han hecho mucho ruido en la política nacional. Sin lugar a dudas, una de las cuestiones más significativas de los últimos días tiene que ver con la discusión que se viene, la reforma de la Constitución para que Cristina pueda ser nuevamente electa
(*) Por Rosendo Fraga
El discurso de la Presidenta al reasumir el cargo confirmó su personalidad política y profundizó el giro hacia el nacionalismo que está dando a su gestión. Refutó críticas, utilizó más el estilo de la confrontación que la conciliación y ubicó nuevos enemigos, como ahora parecen ser las petroleras. Empresarios y sindicalistas fueron motivo de críticas. Pero el tema más relevante fue Malvinas. Cuestionó los argumentos del Primer Ministro británico (Cameron); utilizó el conflicto para refutar críticas de Greenpeace a la minería; lo introdujo en la política militar al anunciar que desclasificará el informe Rattembach que critica la conducción de la guerra durante el gobierno militar y profundizó el nacionalismo que está detrás de esta cuestión para la opinión pública. La "malvinización" de la política exterior coincide con el giro hacia el nacionalismo que está teniendo la política económica a raíz de las restricciones a las importaciones que está imponiendo Guillermo Moreno desde la Secretaria de Comercio Exterior bajo su control. La versión de que YPF podría ser reestatizada se enmarca también en el giro nacionalista que está teniendo la segunda administración de Cristina Kirchner. Revitalizar el nacionalismo pareciera ser una política utilizada para neutralizar las críticas que van surgiendo contra los ajustes de diverso tipo que se están implementando tanto en el ámbito nacional como en el provincial y el municipal.
El proyecto de reformar la Constitución para permitir un tercer mandato de la Presidenta, lanzado en una reunión del cristinismo bonaerense presidida por Boudou, expresa una intención definida. Un año atrás la diputada oficialista Diana Conti sostuvo públicamente que debía reformarse la Constitución para establecer la reelección indefinida y permitir que Cristina fuera eterna. En diciembre, Conti fue elegida por el oficialismo como Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, donde debe iniciarse el trámite para reformar la Constitución. A ello se agrega que semanas atrás Ernesto Laclau, el intelectual que Cristina más escucha y que propone como modelo al mundo el populismo latinoamericano, sostuvo que en la región debe permitirse la reelección indefinida. Como antecedente, un solo país en América Latina la tiene: la Venezuela de Chávez. Del resto, ninguno permite más de dos mandatos consecutivos. En las provincias argentinas sólo tres la tienen: Catamarca, Formosa y Santa Cruz, la provincia de la Presidenta. El modelo de reelección indefinida -en caso de concretarse- asemejaría así a la Argentina con Venezuela, y el hecho de que se mantenga en Santa Cruz es un antecedente sobre la posición del oficialismo nacional al respecto. Por el momento, la iniciativa se ha planteado como un sondeo o exploración que permite al oficialismo medir fuerzas y resistencias para un proyecto que requiere los dos tercios del Congreso, que hoy no tiene, pero que negociando puede alcanzar.
Mientras tanto, el conflicto político con el gobernador de Buenos Aires (Scioli) se profundiza. En estos días se encuentra en Francia para un tratamiento médico y por esta razón asumió la Gobernación el vicegobernador (Mariotto), con quien mantiene diferencias al ser éste el instrumento del cristinismo para debilitarlo. El gobernador interino ha hecho un ejercicio pleno de sus atribuciones -todo lo contrario al bajo perfil que mantuvo el Vicepresidente durante su interinato-, visitando a intendentes, participando en reuniones políticas con el Vicepresidente a cargo de la Presidencia y el ministro de Agricultura y Ganadería en diversos lugares de la provincia, y entrevistándose con la ministra de Seguridad (Garré), quien tiene una posición crítica hacia la política de seguridad de Scioli y sancionó al jefe policial que reprimió a militantes de La Cámpora de la Cámara en la Legislativa provincial el día que asumió el gobernador. Por su parte Scioli ha vuelto a diferenciarse del gobierno nacional al sostener que Moyano no debería dejar sus funciones como Vicepresidente del PJ nacional y Presidente del peronismo bonaerense, a las que renunció. El oficialismo ha cuestionado la posición de Scioli diciendo que Moyano debe alejarse. De concretarse en los próximos días un encuentro Scioli-Moyano, ello implicaría un agravamiento del enfrentamiento de ambos con la Casa Rosada.
Pero el conflicto más relevante que enfrenta en el corto plazo el gobierno nacional es el social en sus diversas manifestaciones. La negociación salarial es quizás el más relevante. El gremio aceitero ha cerrado la paritaria con 24% y todos los sindicatos están reclamando este porcentaje o algo más. El oficialismo analiza alternativas para impedir que los incrementos salariales superen 20%. Los docentes, que negocian en febrero, serán un test al respecto. En segundo término están los ajustes en provincias y municipios, que están generando múltiples situaciones de conflicto, siendo la de Santa Cruz (la propia provincia de la Presidente) la más relevante políticamente. A ello se suma el conflicto contra las empresas mineras en provincias como Catamarca y La Rioja que se están nacionalizando (conflicto que se ha extendido a Santa Cruz y que entra en cortocircuito con una política nacional que impulsa estas inversiones). Los aumentos de tarifas se proyectan como otro frente de tensión social. El conflicto concreto más relevante en lo inmediato es el del gremio de camioneros por el despido de dos centenares de trabajadores en una empresa distribuidora de gas (Camuzzi). Los dirigentes de camioneros (Moyano padre e hijo) han amenazado con una movilización en el centro de Buenos Aires en apoyo de su posición, mientras que el gobierno nacional amenaza con aplicar desde el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. El sindicalismo combativo (CTA anti-K) ha confirmado su alianza con el titular de la CGT, al igual que varios movimientos piqueteros que han anunciado una marcha conjunta contra el ajuste para el mes de marzo. El gobierno por su parte se mantiene firme y busca aislar a Moyano.
En conclusión: el discurso con el cual reasumió la Presidenta confirmó una vez más su personalidad política, profundizando el giro nacionalista que se da con Malvinas y la restricción a las importaciones; el proyecto de reformar la Constitución para permitir un tercer mandato consecutivo de Cristina ha sido lanzado como sondeo o exploración para medir resistencias y posibilidades; el conflicto entre la Casa Rosada y Scioli a través de Boudou y Mariotto se profundiza y de concretarse un encuentro entre el gobernador y Moyano, ello implicará un desafío hacia Cristina; por último, el frente social es el problema más importante del gobierno en el corto plazo, con múltiples manifestaciones como la negociación salarial, los ajustes provinciales, las protestas contra la minería y el conflicto con Moyano.
(*) Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría
El proyecto de reformar la Constitución para permitir un tercer mandato de la Presidenta, lanzado en una reunión del cristinismo bonaerense presidida por Boudou, expresa una intención definida. Un año atrás la diputada oficialista Diana Conti sostuvo públicamente que debía reformarse la Constitución para establecer la reelección indefinida y permitir que Cristina fuera eterna. En diciembre, Conti fue elegida por el oficialismo como Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, donde debe iniciarse el trámite para reformar la Constitución. A ello se agrega que semanas atrás Ernesto Laclau, el intelectual que Cristina más escucha y que propone como modelo al mundo el populismo latinoamericano, sostuvo que en la región debe permitirse la reelección indefinida. Como antecedente, un solo país en América Latina la tiene: la Venezuela de Chávez. Del resto, ninguno permite más de dos mandatos consecutivos. En las provincias argentinas sólo tres la tienen: Catamarca, Formosa y Santa Cruz, la provincia de la Presidenta. El modelo de reelección indefinida -en caso de concretarse- asemejaría así a la Argentina con Venezuela, y el hecho de que se mantenga en Santa Cruz es un antecedente sobre la posición del oficialismo nacional al respecto. Por el momento, la iniciativa se ha planteado como un sondeo o exploración que permite al oficialismo medir fuerzas y resistencias para un proyecto que requiere los dos tercios del Congreso, que hoy no tiene, pero que negociando puede alcanzar.
Mientras tanto, el conflicto político con el gobernador de Buenos Aires (Scioli) se profundiza. En estos días se encuentra en Francia para un tratamiento médico y por esta razón asumió la Gobernación el vicegobernador (Mariotto), con quien mantiene diferencias al ser éste el instrumento del cristinismo para debilitarlo. El gobernador interino ha hecho un ejercicio pleno de sus atribuciones -todo lo contrario al bajo perfil que mantuvo el Vicepresidente durante su interinato-, visitando a intendentes, participando en reuniones políticas con el Vicepresidente a cargo de la Presidencia y el ministro de Agricultura y Ganadería en diversos lugares de la provincia, y entrevistándose con la ministra de Seguridad (Garré), quien tiene una posición crítica hacia la política de seguridad de Scioli y sancionó al jefe policial que reprimió a militantes de La Cámpora de la Cámara en la Legislativa provincial el día que asumió el gobernador. Por su parte Scioli ha vuelto a diferenciarse del gobierno nacional al sostener que Moyano no debería dejar sus funciones como Vicepresidente del PJ nacional y Presidente del peronismo bonaerense, a las que renunció. El oficialismo ha cuestionado la posición de Scioli diciendo que Moyano debe alejarse. De concretarse en los próximos días un encuentro Scioli-Moyano, ello implicaría un agravamiento del enfrentamiento de ambos con la Casa Rosada.
Pero el conflicto más relevante que enfrenta en el corto plazo el gobierno nacional es el social en sus diversas manifestaciones. La negociación salarial es quizás el más relevante. El gremio aceitero ha cerrado la paritaria con 24% y todos los sindicatos están reclamando este porcentaje o algo más. El oficialismo analiza alternativas para impedir que los incrementos salariales superen 20%. Los docentes, que negocian en febrero, serán un test al respecto. En segundo término están los ajustes en provincias y municipios, que están generando múltiples situaciones de conflicto, siendo la de Santa Cruz (la propia provincia de la Presidente) la más relevante políticamente. A ello se suma el conflicto contra las empresas mineras en provincias como Catamarca y La Rioja que se están nacionalizando (conflicto que se ha extendido a Santa Cruz y que entra en cortocircuito con una política nacional que impulsa estas inversiones). Los aumentos de tarifas se proyectan como otro frente de tensión social. El conflicto concreto más relevante en lo inmediato es el del gremio de camioneros por el despido de dos centenares de trabajadores en una empresa distribuidora de gas (Camuzzi). Los dirigentes de camioneros (Moyano padre e hijo) han amenazado con una movilización en el centro de Buenos Aires en apoyo de su posición, mientras que el gobierno nacional amenaza con aplicar desde el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. El sindicalismo combativo (CTA anti-K) ha confirmado su alianza con el titular de la CGT, al igual que varios movimientos piqueteros que han anunciado una marcha conjunta contra el ajuste para el mes de marzo. El gobierno por su parte se mantiene firme y busca aislar a Moyano.
En conclusión: el discurso con el cual reasumió la Presidenta confirmó una vez más su personalidad política, profundizando el giro nacionalista que se da con Malvinas y la restricción a las importaciones; el proyecto de reformar la Constitución para permitir un tercer mandato consecutivo de Cristina ha sido lanzado como sondeo o exploración para medir resistencias y posibilidades; el conflicto entre la Casa Rosada y Scioli a través de Boudou y Mariotto se profundiza y de concretarse un encuentro entre el gobernador y Moyano, ello implicará un desafío hacia Cristina; por último, el frente social es el problema más importante del gobierno en el corto plazo, con múltiples manifestaciones como la negociación salarial, los ajustes provinciales, las protestas contra la minería y el conflicto con Moyano.
(*) Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría
