"Nos dan asco los que marcharon"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó a las personas que realizaron el cacerolazo contra el Gobierno y aseguró que "los que vivaron" al ex dictador Jorge Rafael Videla ahora "piden libertad".

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini

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La presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó a las personas que protagonizaron el jueves último una masiva protesta contra el Gobierno en distintos puntos del país, al considerar que "los que vivaron" al ex dictador Jorge Rafael Videla ahora "piden libertad".

Además, dijo que le dio "asco" el uso por parte de una mujer de un pañuelo blanco similar al que utilizan las integrantes de su agrupación pero con la leyenda: "Aparición con vida del sistema republicano, se lo vio por última vez en la Argentina el 25 de mayo de 2003", fecha en la que asumió el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Asimismo, le reclamó que "no ensucie con sus puercas manos el pañuelo, que es amor y abrazos".

"Como no tienen ideas propias usaron, un jueves, un pañuelo de las Madres. Nosotras repudiamos esta manera y nos dan asco los que marcharon", enfatizó Pastor de Bonafini en una columna publicada hoy en el diario Tiempo Argentino con el título "Los que vivaron a Videla piden libertad".

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo agregó: "El jueves es nuestro día desde hace 35 años para pedir justicia y que, gracias a nuestra querida presidenta -Cristina Fernández-, podemos ver ahora entre rejas a los que ustedes defienden".

"Les brota en sus casas el odio de clase. Las Madres les decimos que no ensucien con sus puercas manos el pañuelo, que es amor, abrazos a nuestros hijos (desaparecidos) que ustedes asesinaron", concluyó.

Un lamentable llamado de atención

¿Cuáles fueron los motivos por los que apareció incendiada la camioneta que maneja habitualmente el secretario de Ordenamiento Urbano de La Costa, Roberto Ferreryra?

Así quedó la camioneta que manejaba Ferreyra.

El sábado a la madrugada apareció incendiada la camioneta Ford Ecosport que utiliza Roberto Ferreyra, el secretario de Ordenamiento Urbano del Partido de La Costa. La policía investiga cuáles fueron los motivos del incendio del vehículo que pertenece a la Municipalidad costera y que estaba estacionado en la calle 3 esquina 36, en Santa Teresita.

El lamentable suceso, del que por el momento se ignoran cuáles fueron las circunstancias que lo motivaron, sucede en días en los que la figura de Ferreyra fue muy criticada por los dirigentes de A Toda Costa, en especial su líder, Marcos “Cotoco” García, quien pidió la renuncia del funcionario.

El después de la protesta

El titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga analiza la marcha del pasado jueves a la cual califica como "la protesta más importante" que le realizaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, habla del rol de la oposición

Rosendo Fraga (*)

El gobierno de Cristina Kirchner ha enfrentado la protesta en la calle más importante no sólo desde que fuera reelecta el año pasado con el 54% de los votos, sino también desde 2008, cuando tuvo lugar el prolongado conflicto con el campo.

Al mismo tiempo se trata también de la primera expresión relevante en Argentina del fenómeno mundial que representan las llamadas redes sociales como vehículo de manifestación política, sobre todo de los sectores que no se sienten representados por las estructuras preexistentes.

Pero la experiencia muestra que este tipo de movimientos pueden resultar efímeros y transitorios, en la medida en que no encuentren un cauce político y electoral que los canalice.

Ante todo, cabe señalar que el oficialismo parece decidido a avanzar con una reforma constitucional que implique no sólo un tercer mandato consecutivo de la Presidenta, sino también un cambio de modelo ideológico del texto constitucional y ello no cambia con la protesta.

Más allá de ella, será el resultado de la elección de medio mandato que tendrá lugar hacia fines del año próximo el que determinará la viabilidad de este proyecto. La última reforma que tuvo lugar hace dos décadas da una referencia. Es que si bien el oficialismo tendría que acercarse al 50% de los votos para alcanzar los dos tercios en las dos Cámaras para convocar la reforma, en 1993 Menem, con el 43% frente a una oposición dividida, logró negociar el apoyo de los legisladores que le faltaban con el sector de la oposición liderado entonces por Alfonsín.

Si la oposición concurre el año próximo dividida como en 2011 y el oficialismo supera el 40%, la posibilidad de que avance la reforma es alta, aunque protestas como la del 13 de septiembre se repitan en los próximos meses.

Frente a esta posibilidad, la oposición, desde Binner a Macri y pasando por Moyano, De la Sota y la UCR, están planteando su oposición a la reforma y la reelección.

Pero su eficacia dependerá de que logren comprender la diferencia de tres conceptos políticos: diálogo, alianza electoral y compromiso institucional.

El primero hace a la esencia de la política y está abierto a todos los protagonistas de la política. Si mañana La Cámpora buscara dialogar con el PRO -no parece hoy lo más probable- el diálogo debe aceptarse, aunque finalmente sólo sirviera para reafirmar posiciones. El diálogo ha sido escaso en la política argentina en los últimos tres años. La última vez que el oficialismo dialogó fue en 2009, en los días inmediatos a su derrota electoral.

Las alianzas electorales, en cambio, tienen un límite más estrecho: se dan entre quienes tienen visiones semejantes o convergentes sobre la solución de los problemas del país. Desde esta perspectiva, no puede plantearse una alianza electoral entre Binner y Macri, pero sí entre socialistas, radicales, el GEN y los restos de la Coalición Cívica por un lado, y el PRO y el PJ disidente por el otro. Potencialmente, las alianzas electorales podrían dejar tres fuerzas: el oficialismo y dos ejes opositores diferentes.

El tercer concepto es el del compromiso institucional. Del mismo pueden participar quienes integren diversas alianzas o fuerzas electorales. Podría darse el caso de que convergieran en un compromiso para defender la actual Constitución e impedir su reforma las principales fuerzas opositoras: FAP, UCR, PJ disidente y PRO, más las demás que quisieran sumarse.

Esto implica que Macri y Binner, que no pueden integrar una alianza electoral, sí pueden compartir este tipo de compromiso institucional, que en los hechos ya comparten.

Aunque faltan en principio trece meses para la elección legislativa y muchas cosas pueden cambiar hasta entonces, hoy el apoyo a un tercer mandato consecutivo de la Presidenta no llega al 50%; en cambio, quienes se oponen a ella superan holgadamente este porcentaje.

Es a partir de ello que adquiere significación la campaña lanzada por el FAP para reunir el millón de firmas que, de acuerdo a la Constitución, son necesarias para convocar una Consulta no Vinculante sobre la Reforma.

El oficialismo va a impedir este tipo de consulta porque es una oportunidad de la oposición. En la decena de elecciones en las cuales Chávez ha competido en catorce años, sólo en una fue derrotado: un referéndum que dio a la oposición la oportunidad de unificarse.

Si la iniciativa del FAP tuviera un apoyo más amplio en la oposición, ello mostraría en lo inmediato una oposición retomando la iniciativa que, por lo menos desde la muerte de Néstor Kirchner, está en manos del oficialismo y que la protesta del 13 de septiembre puede comenzar a anticipar.

Pero volviendo a la elección del año próximo, si el oficialismo lograra como Menem 20 años antes un 43%, pero esta vez la oposición -mediante un compromiso institucional formalizado- reuniera el 55% de los votos en contra de la reforma, seguramente el destino del proyecto de reforma y reelección, que entonces resulto exitoso, ahora no lo sería.

Mientras tanto, las fuerzas políticas opositoras tienen ahora que construir el cauce político de la protesta social, pero se trata de hacerlo con el oído atento a los mensajes que llegan desde la sociedad y no desde un intento de apoderarse de un movimiento que, surgido desde las redes sociales, ha mostrado fuerte vitalidad.

(*) Titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría

Justicia funcional que apaña al poder político

Politica | La división de poderes ya prácticamente no existe. La Corte Suprema de la Nación no limita los desbordes del Ejecutivo ni lo intima a cumplir los fallos más trascendentes.

Tras más de ocho años en el go-bierno, el kirchnerismo no sólo ha construido su poder en cada espacio o resquicio del Estado, sino que también ha logrado debilitar la independencia de poderes en el país. En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede realizar fallos trascendentales y que afectan a millones de argentinos, y el Gobierno puede hacer como si nada pasara. El Poder Judicial se ha vuelto incapaz de utilizar sus herramientas para sancionar y presionar al Ejecutivo para que cumpla con las sentencias que dicta el máximo tribunal. Sólo con tomar algunos fallos puntuales se puede ver que el efecto de los dictámenes judiciales no implica absolutamente nada para el Ejecutivo nacional. A esto hay que agregar que igualmente la Corte no suele posicionarse sobre la mayor parte de los excesos que el Gobierno nacional comete (desde el cepo cambiario o la actitud persecutoria de la AFIP hasta la manipulación de los índices que miden la inflación o la pobreza). El hecho de que varios de los actuales ministros del máximo tribunal hayan sido nombrados durante el kirchnerismo (ver página 4) y que en algunos casos se trate de personas ligadas al entorno K hace que la situación sea incluso más evidente. Sin embargo, este panorama se da de igual manera en el caso de la Justicia provincial, donde la Suprema Corte bonaerense cumple el mismo rol indulgente que su par nacional. Tampoco en la Provincia el Ejecutivo acata los fallos dictados (ver aparte) y el tribunal no se dedica a presionar para que sean cumplidos. Las jubilaciones, en la mira Seguramente, el fallo más emblemático que el Gobierno nacional se niega a cumplir es el que establece la movilidad jubilatoria. En un dictamen publicado en agosto de 2006, el máximo tribunal le reconoció al jubilado Adolfo Valentín Badaro una actualización de sus haberes. Al año siguiente, como ni el Ejecutivo ni el Congreso definían los porcentajes, fijó el ajuste jubilatorio en 88%. A partir de ese fallo se sentó jurisprudencia para el resto de los jubilados del país; sin embargo, el kirchnerismo vetó toda posibilidad de generalizar la movilidad jubilatoria y establecerla en el 82% móvil. Si bien la Corte Suprema le pidió a la Anses un informe que detallara la capacidad del organismo para hacer frente a la generalización de la sentencia, la entidad provisional aseguró no contar con los fondos suficientes. Sin embargo, con los fondos de la Anses se solventan la asignación universal por hijo, el Programa Conectar Igualdad (reparto de netbooks), el Plan de Inclusión Jubilatoria (amas de casa), el Plan Inversiones para Proyectos Productivos (créditos a empresas), y hace unos meses se agregó el plan de créditos Procrear. Cabe agregar que además hay otros dos fallos (“caso Eliff” y “caso Sánchez”) que también establecen la movilidad jubilatoria. Es decir, el Gobierno continúa diciendo que no cuenta con los fondos para implementar el 82% móvil y sin embargo financia sus propias políticas con el dinero de los jubilados. Mientras, la Corte apenas se limitó a realizar unos tibios “pedidos de informes”. La Corte esquiva la reforma El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, prefirió ayer no posicionarse y esquivar la discusión sobre la reforma constitucional que impulsa el kirchnerismo con el objetivo de que Cristina Kirchner pueda alcanzar un tercer mandato. Lorenzetti sostuvo que “no se ha planteado nada” sobre una eventual reforma constitucional, y aseguró no ver “en concreto qué es”. La afirmación resulta elocuente, considerando que numerosos representantes del partido gobernante salieron a instalar en la agenda pública ese debate, desde gobernadores hasta intendentes y legisladores. Sin embargo, el magistrado opinó luego de forma contradictoria: “Me parece bien que se discuta” la reforma para habilitar la reelección presidencial, porque “el debate siempre es bueno”.  Las idas y venidas de Lorenzetti sólo muestran que prefirió esquivar el debate para no develar su postura alineada con el planteo de la Casa Rosada. Pasó un año y el Ejecutivo no acata el fallo por la Ceamse Tras un fallo efectuado por la Suprema Corte bonaerense, que obligaba a la Gobernación provincial a cerrar el relleno de la Ceamse de Ensenada, por la contaminación que ésta genera en el ambiente, el Ejecutivo había anunciado que el cierre se instrumentaría este año, con el comienzo de la construcción de una serie de plantas que la reemplazarían. Sin embargo, eso está lejos de suceder. “El predio hace aproximadamente un año que se tendría que haber cerrado”, dijo a Hoy Marcelo Martínez, de la ONG Nuevo Ambiente. Además, agregó: “La última resolución de la Corte fue un pedido para que el Ejecutivo informe sobre la situación de la nueva planta de tratamiento de residuos, atento a que están paralizadas las obras, y le solicitó que le informara sobre la financiación de la planta. El plazo para contestar era de cinco días hábiles, y ya venció”. “Lo que nosotros criticamos es que el Ejecutivo bonaerense demoró ocho meses para hacer el primer depósito de la primera cuota para la construcción de la planta. Y por otro lado, la falta de interés y de capacidad para solucionar la cuestión lo antes posible, como estaba enmarcado en los fallos judiciales”, remarcó Martínez. La Justicia todavía no arbitró los mecanismos necesarios para obligar al Ejecutivo a cumplir con la ley. “La obra de la nueva planta está paralizada hace un mes, se llevaron todo el equipamiento”, aseguró el representante de la ONG. El saneamiento del Riachuelo: otro dictamen judicial que se encuentra estancado En julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó en un histórico fallo la responsabilidad del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en la prevención y saneamiento del daño ambiental existente en la cuenca Matanza-Riachuelo. Cuatro años después, el camino hacia la limpieza de la cuenca continúa lleno de obstáculos. El ente creado por los tres gobiernos, la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar), realizó avances sólo a medida que la Justicia estableció presión. Según aseguró a Hoy Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el cumplimiento de la sentencia que establece el saneamiento es “relativo”. “La Acumar siempre estuvo compelida por la Justicia para cumplir; ya sea con Bibiloni o con Picollotti, tuvo siempre que ser presionada”, destacó. Mientras esperan que la Justicia resuelva las sospechas de irregularidades que pesan sobre el juez federal Luis Armella, que entiende en la causa, Viale explicó el largo camino que resta en el saneamiento: “Estamos trabajando en la cuenca baja recién. Falta todavía corregir toda la cuenca media y la cuenca alta. Hay que seguir haciendo el inventario de las empresas que son contaminantes, hay que terminar de desarrollar un montón de lugares donde hay que despejar y donde hay que hacer toda una suerte de estudios de epidemiología a la gente que está viviendo alrededor de toda la cuenca, hay que hacer toda la parte médica, hay que trasladar gente todavía; hay objetivos todavía muy complicados que hay que terminar de desarrollar”.

Boudou sufre la minuciosa desintegración de su poder

Tras el caso Ciccone, el Gobierno comenzó progresivamente a vaciar de poder al vicepresidente. Tanto en el ministerio de Economía, como en el Senado y la Casa de la Moneda, el marplatense perdió la influencia por orden de la propia Cristina Kirchner. Además se le quitó todo el rol político en el PJ de la Capital. La causa judicial que preocupa a la Rosada.

El vicepresidente Amado Boudou

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Amado Boudou se está quedando sin los espacios de poder que acumuló al llegar a la vicepresidencia. La orden proviene de la propia Cristina Kirchner, que lo sostiene en público pero por debajo le está quitando toda su influencia.

Como explicó LPO, luego de estatizar la imprenta Ciccone, la presidenta instruyó al Gabinete y a su equipo político a reconstruir la imagen del vice e intentó tenerlo cerca de ella en cada presentación pública.

Pero en lo que concierne al poder real, Boudou fue perdiendo fuerza progresivamente tanto en el poder Ejecutivo como en el Senado.

En primer lugar, el ministro Hernán Lorenzino, barrió con toda su gente. A fines de julio desplazó al subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial, Manuel Somoza y al subsecretario de Relaciones Institucionales Miguel Cuberos, reemplazados por Leonardo Arbía y Leonardo Fachina, dos hombres de confianza de Lorenzino.

La semana pasada, Lorenzino logró deshacerse de otro hombre cercano a Boudou. El secretario Legal y Administrativo, Andrés Iturrieta, presentó su renuncia luego de varios meses de cortocircuitos con el ministro.

En el Senado, en tanto, el kirchnerismo lo corrió del eje de las negociaciones que está en manos del jefe de bloque, Miguel Pichetto. En febrero ambos tuvieron un duro cruce cuando el vicepresidente intentó imponer al camporista Sabino Vaca Narvaja como prosecretario administrativo, en lugar del fueguino Mario Daniele.

La semana pasada, el cruce se hizo público, en plena sesión. Boudou cortó al jefe de bloque cuando éste gritaba enfurecido contra los senadores de la oposición. El recelo del ex ministro de Economía se explica porque el Gobierno ya no habla de los temas del Senado con él; el interlocutor es el senador rionegrino.

La sangría de Boudou se extiende a otras áreas. El vicepresidente también perdió influencia en el Correo, donde había hecho pie a través de un acuerdo con el diputado provincial José Ottavis, de La Cámpora. A partir de la semana pasada, el correo es una de las empresas públicas que mandó a controlar el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a través de una especie de Dirección Nacional de Empresas.

Kicillof también limó el poder del vicepresidente en la Casa de la Moneda, que preside una mujer que responde a Boudou, Katya Daura. Allí, el funcionario de La Cámpora logró colocar a un economista de su entorno, Esteban Kiper, como vicepresidente del directorio. Ahora, según publicó Clarín, Daura ya le habría comunicado a sus colaboradores que abandonará el organismo en el corto plazo.

Boudou también fue arrancado de raíz de la política porteña, a poco más de un año de ser precandidato de jefe de gobierno de la Ciudad. El vicepresidente no tiene espacio en la comisión de acción política que creó el PJ porteño, que incluye figuras como la de Guillermo Moreno, Carlos Tomada y Juan Cabandié.

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