El diputado Pablo Tonelli solicitó el relevamiento completo al Ministerio de Justicia. Pero en la cartera de Julio Alak se lo negaron. Luego, el legislador presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo. “Mi temor es que en realidad el informe no exista”, dijo a LPO. Las hipótesis que se manejan en torno al ocultamiento de información.
El pasado 23 de julio la presidenta Cristina Kirchner difundió en la Casa Rosada y por Cadena Nacional los resultados arrojados por el relevamiento de tierras rurales que actualmente están en poder de ciudadanos extranjeros en la Argentina.
Según informó Cristina, de dicho informe se desprende que un 5,93% de la tierra está en manos extranjeras (casi 16 millones de hectáreas), al tiempo que ninguna provincia supera el 15% que establece la Ley de Tierras sancionada en diciembre de 2011.
Sin embargo, a poco más de dos semanas del anuncio presidencial, hasta el momento resultó imposible acceder al informe completo elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación que conducen Julio Alak y Julián Álvarez.
En este sentido, el diputado nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli, solicitó en la Cámara baja a través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo que se den a conocer los resultados completos del relevamiento.
“Mi temor es que el informe en realidad no exista, o bien se trate de un trabajo realizado sobre la base de datos muy parciales, incompletos, y que finalmente la información difundida no sea la correcta”, comentó Tonelli a La Política Online.
“Al Gobierno le cuesta brindar información pública que nos pertenece a todos”, apuntó el diputado, para luego mencionar que “tienen una debilidad clara y manifiesta por el ocultamiento de datos, propio de regimenes autoritarios”.
Según contó Tonelli en la entrevista que le realizó este medio, el pedido de informes en la Cámara de Diputados surgió luego de solicitarlo personalmente en varias oportunidades y por distintas vías a varios funcionarios del Ministerio de Justicia.
“Sin mayores explicaciones, me respondieron que el relevamiento es documentación interna, lo cual es un disparate mayúsculo porque no podría nunca tener este carácter reservado un informe público de estas características”, aseguró el legislador.
Como sea, lo cierto es que debido a la negación oficial a difundir el informe completo, en el mundo de la política comenzó a surgir un interrogante por develar: ¿Cuál sería el interés del Gobierno por ocultar este tipo de información?
La primera de las hipótesis que se manejan es que el Gobierno quiso presentar una suerte de nacionalización de la tierra en el marco de su bandera política por la recuperación de bienes estratégicos como YPF y Aerolíneas Argentinas.
El hecho de asegurar que un 94% de las tierras rurales están en manos de argentinos fue presentado por el kirchnerismo como un logro de gestión, según quedó evidenciado en el acto de presentación del relevamiento en Casa Rosada.
Así las cosas, la Ley de Tierras se debatirá en la Segunda Convención Nacional de Operadores Inmobiliarios Rurales que se realizará el viernes 13 de septiembre en el Hotel Sheraton Libertador de la ciudad de Buenos Aires.
Allí expondrán los máximos referentes del sector inmobiliario rural (entre los cuales se cuentan Roberto Frenkel Santillán y Mariano Maurette) que, en definitiva, son los que más conocen del tema, pero que no fueron consultados para realizar el relevamiento.
Según informó Cristina, de dicho informe se desprende que un 5,93% de la tierra está en manos extranjeras (casi 16 millones de hectáreas), al tiempo que ninguna provincia supera el 15% que establece la Ley de Tierras sancionada en diciembre de 2011.
Sin embargo, a poco más de dos semanas del anuncio presidencial, hasta el momento resultó imposible acceder al informe completo elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación que conducen Julio Alak y Julián Álvarez.
En este sentido, el diputado nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli, solicitó en la Cámara baja a través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo que se den a conocer los resultados completos del relevamiento.
“Mi temor es que el informe en realidad no exista, o bien se trate de un trabajo realizado sobre la base de datos muy parciales, incompletos, y que finalmente la información difundida no sea la correcta”, comentó Tonelli a La Política Online.
“Al Gobierno le cuesta brindar información pública que nos pertenece a todos”, apuntó el diputado, para luego mencionar que “tienen una debilidad clara y manifiesta por el ocultamiento de datos, propio de regimenes autoritarios”.
Según contó Tonelli en la entrevista que le realizó este medio, el pedido de informes en la Cámara de Diputados surgió luego de solicitarlo personalmente en varias oportunidades y por distintas vías a varios funcionarios del Ministerio de Justicia.
“Sin mayores explicaciones, me respondieron que el relevamiento es documentación interna, lo cual es un disparate mayúsculo porque no podría nunca tener este carácter reservado un informe público de estas características”, aseguró el legislador.
Como sea, lo cierto es que debido a la negación oficial a difundir el informe completo, en el mundo de la política comenzó a surgir un interrogante por develar: ¿Cuál sería el interés del Gobierno por ocultar este tipo de información?
La primera de las hipótesis que se manejan es que el Gobierno quiso presentar una suerte de nacionalización de la tierra en el marco de su bandera política por la recuperación de bienes estratégicos como YPF y Aerolíneas Argentinas.
El hecho de asegurar que un 94% de las tierras rurales están en manos de argentinos fue presentado por el kirchnerismo como un logro de gestión, según quedó evidenciado en el acto de presentación del relevamiento en Casa Rosada.
Así las cosas, la Ley de Tierras se debatirá en la Segunda Convención Nacional de Operadores Inmobiliarios Rurales que se realizará el viernes 13 de septiembre en el Hotel Sheraton Libertador de la ciudad de Buenos Aires.
Allí expondrán los máximos referentes del sector inmobiliario rural (entre los cuales se cuentan Roberto Frenkel Santillán y Mariano Maurette) que, en definitiva, son los que más conocen del tema, pero que no fueron consultados para realizar el relevamiento.
