Desde la bucólica vista hacia el mar en la calma de Pinamar, o entre los variopintos asados en el quincho de su casa de siempre en City Bell, el otrora omnipresente Ricardo Casal, abogado reconocido, experto en la burocracia bonaerense y tripero de buena cepa, hizo planes que parecían cercanos: soñó con ser Fiscal de Estado y hasta alguno le tiró la idea de llegar a la Intendencia de su ciudad (La Plata).
Eran días cargados de vértigo para este hombre que supo crecer en el estamento público desde su eficacia como administrativo en la dirección de Escuelas y que llegó a ser una de las personas más fuertes del gobierno de Scioli. Eran días, esos, en los cuales concentraba entre sus puños el manejo de las dos fuerzas más relevantes de la compleja Buenos Aires, la Policía y el Servicio Penitenciario. Eran días ascendentes.
Casal supo ser, acaso, una de las personas de mayor confianza del Gobernador después de su alter ego, Alberto Pérez, con quien -dicho sea de paso- jamás se llevó bien. ¿Las razones? Celos acaso, quizás egoísmo por el poder de uno y de otro, o simples diferencias sobre los distintos aspectos de la gestión. Sus laderos siempre cuentan cómo Scioli lo consultaba, se informaba y le pedía que lo acompañara a diferentes lugares, ya sea para anunciar algo o para poner la cara en los momentos de mayor dramatismo por la inseguridad galopante.
Con los aplaudidos cambios en el Código de Procedimiento, tema excarcelaciones básicamente, Casal ascendió en la consideración pública, y del propio Scioli desde su sillón de ministro de Justicia provincial. Tal fue el reconocimiento a su labor, que a la salida del fiscal Stornelli, el Gobernador anexó los ministerios (Justicia y Seguridad) y los dejó en manos de este hombre. Así, Casal se transformó en un tipo de palpable poder y estratégico manejo.
Después de Alberto Pérez, Scioli no tuvo a un funcionario tan expuesto y con tanta posibilidad de pulsear como Casal. Ahora, se les esfumó prácticamente todo lo que concentraba en esos puños. Su poder se vaporizó. No fue Fiscal de Estado, e improbablemente sea alguna vez candidato a algo en la capital bonaerense.
El Gobernador lo dejó en un cargo como agradecimiento por su entrega y dedicación. Pasó de tener una megaestructura en Seguridad y Justicia, a un minimalista despacho en “la casita” de 9 nº 986 entre 51 y 53. Su “estructura” actual se reduce a ese apacible lugarcito (el diminutivo no es azaroso), distante del frenesí reinante en Seguridad, y a sólo dos pisos del conglomerado de oficinas de la Torre II, pisos 8 y 9.
Casal, además, se quedó sin su activo jefe de Gabinete, Marcelo “Chubito” Leguizamón, quien cruzó a las veredas del massismo, sin la gran mayoría de sus hombres fuertes de aquellos días en Seguridad. Hoy en Justicia prácticamente no tiene el manejo de ninguna cuestión trascendente, ni palpable de la cuestión pública bonaerense.
El día a día de la gestión lo lleva el sucesor de Leguizamón, Luis Morales, quien supo pasar por el Aprevide, pero que adolesce de predicamento en el sector político y/o judicial. Es un hombre operativo, nadie duda de ello, pero sin peso específico.
Si bien el Ministro volvió esporádicamente a los flashes, cuando fue designado como titular de la Mesa Provincial de Justicia, no participó activamente en la decisión de declarar la Emergencia en Seguridad, ni de la confección de ningún texto crucial. Le avisaron que debía ponerse el traje para asistir al anuncio, un sábado a la mañana.
De hecho, Alejandro Granados lo critica por lo bajo ante quien puede. Ya echó a todos los jefes de confianza que tenía, y no le dejó ningún funcionario de su gestión que le respondiera directamente. El respetado Juan Carlos Paggi, ex hombre fuerte de la Bonaerense con Casal, aplaudió en silencio su salida y hoy es casi uno de los hombres de mayor consulta de Granados.
En esta cartera se abandonó, además, la lógica de la foto con cara de compungido del anterior ministro con cada una de las innumerables víctimas de la inseguridad. Eso ya no corre más.
A Casal, dicho en otras palabras, lo corrieron por completo como si nada hubiese aportado o tuviera para decir luego de casi 40 meses de gestión al frente de la doble estructura Seguridad-Justicia.
Aislado en “la casita”, la medular y siempre compleja área del SPB quedó bajo su órbita, pero en los hechos la maneja el influyente subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, quien por estos días tiene problemas para sostener en el cargo a la titular del Servicio, Florencia Piermarini.
No es para menos. Si hay algo que ha caracterizado a la gestión Casal durante todos estos años, no son las buenas noticias. A Piermarini-Albarracín, y al Ministro claro, se les ha escapado hasta un preso con muletas, el famoso “Rengo”, quien había sufrido la amputación de una pierna.
No es chiste ni una película de mal gusto del cine bizarro. El 6 de marzo último, luego de una trifulca intramuros, Teodoro Carlos Rueda Miranda, de 39 años, salió como pudo de entre un alambrado de la Unidad 26 de régimen morigerado del complejo carcelario Olmos. Lo recapturaron varios días más tarde, luego de haber negado la condición física de este hombre.
Piermarini hizo un doble papelón. Primero informó a través del SPB que no había fugados, y después, que Rueda Miranda no era “rengo”. Tuvo que rectificarse. A las horas, echó a nueve jefes. ¿Sus subordinados le mintieron? ¿Le ocultaron información? ¿O directamente no le responden? Casal no hizo comentarios públicos.
Ella ya avisó que se quiere ir: espera por una silla en el Poder Judicial, mientras Albarracín anhela con llegar a ser fiscal. Son días muy intensos en el Servicio.
Todavía resuenan en los pasillos del Ministerio los ecos de la pelea entre el doctor Carlos Barrios, titular de la secretaría de Protección de los Derechos de la Víctima, y el propio Albarracín, cuando a los pocos días de aquel hecho se escapó otro preso, pero en este caso de la Unidad 9. No tenía una pierna menos, pero tampoco es un recluso más: se trata del asesino del ingeniero Ricardo Barrenechea, ultimado en octubre de 2008 en su casa de Martínez, cuando hasta había entregado el dinero en un violento robo. Por este hecho fue condenado a 38 años de prisión Daniel Orlando Danese Benítez (23). Nunca quedó claro cómo vio la luz de la libertad: la versión más difundida es que anudó ropa y sábanas para descolgarse de uno de los muros perimetrales. Muy raro. Aún no lo recapturaron, ni existen datos concretos. Casal tampoco hizo comentarios públicos.
El Ministro alguna vez confesó que quería volver a disfrutar de los asados de los domingos, los viajes en familia a la costa luego de días tan ajetreados al frente de la cartera de Seguridad. El celular ahora le suena menos. Scioli dejó de consultarlo, y en ocasiones lo hace llamar por un secretario privado. Granados casi que no lo ubica como referente en la materia, mientras un juez lo tiene entre ceja y ceja, Luis Federico Arias.
El titular del Juzgado 2 Contencioso y Administrativo de La Plata, escribió casi 200 páginas en una sentencia lapidaria contra el Ejecutivo provincial pero, básicamente, con la administración Casal por su actuación en las inundaciones del 2 de abril de 2013 en La Plata, que dejó 89 víctimas fatales. No hay ni una palabra para Bruera en el fallo, pocas para Scioli, pero sí un durísimo cuestionamiento a áreas que debían controlar este hombre, como la Morgue Policial, la cual quedó en el ojo de la tormenta.
Si bien la Fiscalía de Estado apeló el fallo, a Casal lo han dejado prácticamente solo en la cuestión. Y el tema es tan farragoso que hoy investiga en forma rigurosa la Gendarmería Nacional, que ya realizó dos allanamientos a la Morgue ubicada en el Cementerio platense. La causa no está cerrada ni por asomo. “Casal continúa en su cargo pero no mantiene el poder”, observó Arias. El Ministro no abandonó esa bucólica vista al mar, tampoco los concurridos asados al costado de la pileta en City Bell, pero sí prácticamente parte de su ambición política.
