Embanderada en la lucha contra la corrupción, Elisa Carrió se imagina al frente de una posible “Conadep” que investigue los delitos cometidos durante el kirchnerismo, una idea nacida en el seno del Frente Amplio Unen pero que to
davía está lejos de acercarse a la realidad.
Aunque el proyecto todavía es apenas una expresión de buenas intenciones,
Lilita ya empezó a plantearle a algunos colegas la posibilidad de presidir esa co
misión, según comentaron a LPO desde bloques opositores.
La diputada nacional juega desde hace algunos meses con sus posibilidades pa
ra 2015. En algún momento fue la jefatura de Gobierno porteña, luego la Gober
nación bonaerense, para volver a pensar en la presidencia.
Lo cierto es que todavía no tiene un horizonte claro y es por eso que ante la míni
ma coincidencia de buena parte de la oposición para la creación de una comisión investigadora de la corrupción, Carrió ya se promociona para ser la conductora
de ese proyecto.
La idea de la “Conadep de la corrupción” es impulsada fuertemente por el radica
lismo y ha sido tomada con pinzas por el PRO, el Frente Renovador y la misma Ca
rrió. Lilita impulsa principalmente un proyecto para que puedan confiscarse los
bienes de los funcionarios condenados por estos delitos, pero sí ve con buenos
ojos comandar una comisión de ese estilo.
Pero hasta ahora la principal duda es por la naturaleza del proyecto, ya que no ha
pasado de declaraciones entusiastas de algunos dirigentes como Ernesto Sanz y
Julio Cobos. Un integrante de la bancada radical admitió que por ahora no hay nin
guna novedad y difícilmente la haya en las próximas semanas.
En otra fuerza opositora dijeron a LPO que no tienen para nada claro cómo sería
la puesta en práctica del proyecto y consideran que es inviable realizar algo similar
a lo que hizo la Conadep. Sin embargo, no pondrían reparos a acordar con el resto
de la oposición que la comisión quede en manos de Carrió.
Los proyectos más viables
La idea de avanzar contra la corrupción por parte de la oposición tiene coinciden
cias en tres iniciativas: imprescriptibilidad de los delitos, incautación de bienes y
aumento de las penas.
Ayer, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó a de
batir quince proyectos que proponen la imprescriptibilidad de los delitos de corrup
ción. La autora de uno de ellos y presidenta de la comisión, Patricia Bullrich argu
mentó que es necesaria esta medida debido a que “los gobiernos, previa o simultá
neamente con sus actos de corrupción, desquician el sistema jurídico y, de tal mo
do, dificultan en gran medida la aplicación de la ley”.
“Se demanda entonces un tiempo muy largo para reconstruir el sistema de perse
cución penal y los controles que hagan posible la investigación y penalización de
los delitos”, agregó Bullrich.
Hasta ahora, la prescripción está atada al tiempo de la condena. Es decir, un deli
to prescribe cuando el tiempo que pasa desde que se cometió es superior a la pe
na máxima para el delito que se imputa, salvo con determinadas excepciones.
Bullrich presentó el año pasado un proyecto que prevé modificar el Código Penal y establecer que “los delitos cometidos en ejercicio de la función pública son impres
criptibles en relación a las personas que participaron del mismo desempeñando
un cargo público”, un texto que va en sintonía con las otras iniciativas.
Sin embargo, si en algún momento esta modificación llega a ser ley, podría plan
tearse un conflicto judicial ya que los tratados internacionales con rango constitu
cional van en línea con lo que plantea actualmente el Código Penal.
El artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
sostiene el derecho a “ser juzgado sin dilación injustificada”. El 9.3 del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos plantea el derecho a “ser juzgado dentro
de un plazo razonable” y el 14.3 inciso c establece la garantía a “ser juzgado sin di
laciones indebidas”. Finalmente, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también inscribe el derecho a “ser juzgado dentro de un plazo razonable”.
Es decir que el primer escollo que enfrentaría una modificación de este tipo es la
normativa internacional a la que adhiere el país y que en principio obligaría a cual
quier juez a voltear la imprescriptibilidad.
