Las distribuidoras privadas de gas han comenzado a impacientarse con la administración de Mauricio Macri.
La postergación del ajuste tarifario que les habían prometido las autori
dades de Energía para febrero y el atraso en el desembolso de los subsi
dios de 2015 que dejó impagos el ex ministro de Economía, Axel Kicillof,
volvieron a reflotar el espíritu corporativo que las gasíferas habían per
dido durante la era kirchnerista.
Los timoneles de Metrogas, GasBAN, Litoral Gas, Gasnor, Camuzzi Gas
Pampeana, Gas Cuyana, Gas del Centro, Gasnea y Camuzzi Gas del Sur
decidieron revivir la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS) que
había sido creada en 1994.
Y una de sus primeras movidas fue salir a desplegar una doble acción de
lobby con pedidos de reuniones urgentes a los ministros de Energía,
Juan José Aranguren, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
Ante Aranguren, la conducción de ADIGAS que preside Enrique Flaiban
(Gas del Centro) planteará la creciente inquietud que afecta a las distri
buidoras por la demora en la aplicación de la suba de tarifas que estaba
prevista inicialmente para el mes pasado.
Los nuevos cuadros tarifarios que tiene en carpeta el equipo de Arangu
ren contemplan aumentos finales para los usuarios residenciales que os
cilan entre el 200% y 300%. Los ajustes para las distintas categorías de
clientes hogareños, comercios, industrias y estaciones de GNC están defi
nidos desde hace casi un mes.
Pero por diversos motivos y contratiempos, la Casa Rosada fue corriendo
la fecha de entrada en vigencia de las nuevas tarifas. Ahora, la idea de los funcionarios es frenarlas hasta que el Congreso apruebe el acuerdo de pa
go a los holdouts. De esta manera, los incrementos en juego quedarían pa
ra mediados de abril.
Las gasíferas –que serán recibidas por Aranguren el viernes—quieren que
el Gobierno se comprometa a autorizar los aumentos en una fecha cierta
y que cualquier nueva demora sea compensada durante el año.
En tanto, ante Prat-Gay –a quien esperan ver la próxima semana—, las dis
tribuidoras le requerirán la liquidación de la última cuota de la “asistencia
económica transitoria” de 2015 que Kicillof dejó sin pagar.
Se trata de un monto que ronda los $ 700 millones que las empresas espe
raban embolsar en diciembre, pero que hasta ahora no ha sido liquidado.
La única distribuidora que logró cobrar su parte fue Camuzzi Gas del Sur.
Recibió 52,3 millones de pesos porque sus ingresos no le permitían pagar
los sueldos y la deuda renegociada con las productoras de gas por los su
ministros de 2014.
Si bien las transferencias económicas pendientes deben salir de Energía,
hasta que la cartera de Hacienda y Finanzas no conceda la luz verde Aran
guren no puede autorizar los giros a las gasíferas.
El aporte estatal que reclaman las distribuidoras de gas había sido aproba
do por Kicillof en junio del año pasado. Presentada como una “ayuda tran
sitoria” a cambio de no tocar las tarifas, la administración kirchnerista asu
mió el compromiso de girarles a las distribuidoras un total de $ 2.590 millo
nes anuales.
Con esos ingresos, las gasíferas tenían que saldar las deudas con las petro
leras por el abastecimiento del combustible y afrontar los gastos corrientes
y salariales que no podían atender con sus ingresos tarifarios.
Inicialmente, el esquema de ayuda para no tocar las tarifas contemplaba el
pago de 10 cuotas mensuales que se iba a instrumentar en forma retroacti
va desde marzo hasta diciembre de 2015.
Las demoras administrativas y las dificultades de caja del anterior gobierno
llevaron a Kicillof a modificar ese cronograma y establecer el pago en tres
cuotas que iban a realizarse en agosto, octubre y noviembre.
Los dos primeros desembolsos llegaron a concretarse con pequeñas demo
ras. En cambio, el último quedó en la lista de los compromisos impagos que
heredó la gestión macrista.
