OMEGA RADIO 103.9 DE SAN CLEMENTE DEL TUYU , ES UNA EMISORA INDEPENDIENTE DIRIGIDA POR MARCELO METHOL .
02252 15446694 .o 02252528080
en VIVO http:http://www.ustream.tv/channel/omegaradio1039
La Policía de la Provincia de Buenos Aires aprehendió a cuatro mujeres y cinco hombres que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en la localidad de Ostende, partido de Pinamar. La investigación llevada a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del Trafico de Drogas Ilícitas de Dolores, arrojó como resultado luego de tres allanamientos a diferentes viviendas el secuestro de un enanito verde tipo estatua en donde detrás del mismo era escondida la droga que luego era vendida por lo delincuentes. Además fueron aprehendidas nueve personas, se secuestraron 16.600 pesos, más de medio kilo de marihuana, varias dosís de cocaína, una balanza, trece teléfonos celulares, un automóvil Fiat Palio, un cuaderno con anotaciones, una réplica de revolver, dos réplicas de carabinas y elementos envoltorios para la droga. De los operativos participó también Personal de la comisaría de Pinamar y el Grupo GAD de dicha localidad. La causa quedó a cargo de la Fiscalía descentralizada de Pinamar.
Esta ha sido una semana intensa en relación al ámbito de la actividad pesquera en la región, ya que luego que se diera a conocer el acta de compromiso firmada por el Gobierno de General Lavalle y las autoridades provinciales, que busca la modificación de una resolución en la norma que controla la actividad, desde el partido de La Costa se alzaron las voces en defensa del frente marítimo y su recurso. Al respecto de ello se refirió el Intendente de General Lavalle, quien aseguró que sólo se trata de un petitorio, en el cual sostuvo que estuvo de acuerdo gente de La Costa, y resaltó que con ello no existe intensión de perjudicar a nadie.
Durante la semana se dio a conocer una reunión que mantuvieron el Intendente de General Lavalle y representares de la actividad pesquera de dicho municipio, con las autoridades de la Dirección de Pesca de la provincia de Buenos Aires, en la que se rubricó un acta de compro miso en la que se solicitó la modificación de la Resolución 18/06 (el art.1) que rige la actividad. A través del cambio en dicha resolución, podría llegar a permitirse que la flota comercial local que realiza pesca por arrastre, ingrese en las costas a partir de las tres primeras millas. Cabe destacar que hasta el momento existe una prohibición que establece que la pesca por arras tre puede realizarse a partir de las 5 millas pasivas. Debido al tenor de la nueva norma que introduciría esta modificación en la resolución vigente en la actualidad, durante la semana se hicieron oír las voces de los referentes de los pescadores artesanales del partido de La Costa, como así también de las autoridades municipales locales, quienes rechazaron la modificación por considerar que la misma condu cirá inexorablemente a una depredación del recurso natural de nuestro mar, perjudicando no sólo la actividad de la pesca artesanal, sino también el medio ambiente, repercutiendo incluso en la actividad turística. Ante estos reclamos, el Jefe Comunal de General Lavalle consideró que a la reunión mantenida con las autoridades de la cartera de pesca provincial “se le ha dado una trascendencia y una importancia que parece que las autoridades de la provincia de pesca hubieran acatado este petitorio”, cuando en realidad aseguró que “por ahora no hay nada”, y en este aspecto resaltó que “fue un petitorio que hicieron los miembros de la actividad pesquera de Lavalle a las autoridades de pesca de la provincia”. Así lo expresó el Dr. José Rodríguez Ponte, Intendente de General Lavalle, durante una entrevista ofrecida para FM Opinión, en la que advirtió que en las distintas manifestaciones públicas que se hicie ron durante la semana, existe “un direccionamiento o una utilización política de la reunión”, por lo que aclaró que se trató de un encuen tro en el que “el Secretario de Pesca vino a escuchar a los pescado res de Lavalle, se llevó sus inquietudes, pero por ahora sin ninguna trascendencia”. Al mismo tiempo, el mandatario recalcó que con esta decisión “no se quiere causar ningún perjuicio al partido de La Costa o a los habitan tes del partido de La Costa”, al tiempo que agregó: “No ha habido ningún interés de perjudicar, al contrario es tratar de que tanto La Costa como Lavalle tengan un espacio de pesca o de desarrollo de esa actividad, limitado para ellos, y que no vengan barcos de Mar del Plata, salvo los que puedan tener asiento en General Lavalle que serán 4 ó 5”. En esta misma línea, el funcionario aseveró que en la pesca de arras tre “el perjuicio más grande no lo traen las pequeñas embarcaciones de La Costa, y limitadas embarcaciones, sino los buques que vienen de Mar del Plata”, por lo cual explicó que dentro del petitorio “una de las cuestiones que se planteaban era que al norte de Punta Méda nos no entrarán barcos pesqueros de Mar del Plata”, con el objetivo de que “esto sea una zona de pesca controlada tanto de Lavalle como de La Costa”. Una de las más intensas críticas en torno a la reunión estuvo relacio nada a la modificación que se planteó introducir en lo que respecta al límite de restricción en millas, y en este aspecto el Dr. Rodríguez Ponte manifestó: “En cuanto al tema de las millas, por supuesto los pescadores plantearon algo de que querían llegar a la milla 3, pero eso quedó como un petitorio, y la provincia por supuesto no les dijo nada, ni que sí, ni que no, ni blanco, ni negro”. Es por ello que el Intendente de General Lavalle explicó que de la mis ma manera que “tuvieron el derecho los pescadores de Lavalle de pe dirle lo que le pidieron al Secretario de Pesca”, desde el partido de La Costa “los pescadores tiene el mismo derecho de plantearle al Secre tario de Pesca todas sus inquietudes, bajo el amparo seguramente del Intendente de La Costa”, con el fin de establecer que “ellos no quieren que se modifique”. Asimismo, el Jefe Comunal aclaró que por el momento “el partido de La Costa no estuvo en conversaciones con nosotros para nada”, al tiempo que señaló que “incluso en la reunión con los integrantes de la actividad pesquera de Lavalle y con las autoridades de pesca de la provincia, había pescadores de La Costa que coincidían en los aspectos que se plantearon ahí”. Lic. Graciela Marker
Desde la Municipalidad reconocieron el permiso del 12/6 al 12/7, aunque no explicaron el motivo. Sin embargo, a través de las redes sociales se supo que Matías Rappallini aprovechará el mes para presenciar el torneo en Rusia.
Matías Rappallini, el intendente de Maipú, solicitó una licencia de
un mes para ir a Rusia a ver el Mundial.
El Concejo Deliberante de la localidad bonaerense de Maipú le concedió un mes de licencia al intendente, Matías Rappallini (Cambiemos). Así lo confirmaron a Infobae desde la Municipalidad, aunque se abstuvieron de explicar el motivo. Según dijeron, fueron los integrantes del cuerpo legislativo quienes le otorgaron el beneficio, del 12 de junio al 12 de julio, aunque aclararon que en la resolución no explicaron el porqué.
Sin embargo, de acuerdo con medios locales y a través de las redes sociales de sus familiares, se supo que el intendente aprovechará los 30 días para presenciar el Mundial de fútbol que se está dispu tando en Rusia. Federico, el hermano del funcionario, publicó una serie de videos e imágenes desde Moscú en las que dejó ver que se encuentran juntos.
Entro los pocos detalles que confirmó el Municipio, se supo que la licencia es sin goce de sueldo y que Rappallini está siendo reempla zado por el intendente interino, Carlos Javier Ayastuy. Según el dia rio Maipú Hoy, el jefe municipal ya se había tomado vacaciones en el verano.
La Oficina Anticorrupción desliga al Presidente de la Nación de cualquier conflicto de interés en el episodio de Correo Argentino SA.
Mauricio Macri. Foto: NA.
La Oficina Anticorrupción (OA) desligó a Mauricio Macri de cualquier conflicto de interés en el episodio de Correo Argentino SA, en el que el Estado aceptó durante la actual gestión que la empresa vinculada a la familia del Presidente pagara una deuda multimillonaria con una quita que la Procuración General de la Nación calculó en el orden del 98,82 por ciento.
El organismo que encabeza Laura Alonso resolvió que no hubo faltas a la ley de ética pública en la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del Presidente, que buscaba saldar su deuda con el Estado en su concurso preventivo.
En una extensa resolución, la OA dictaminó que, según lo estipulado por la ley de ética pública y la ley procesal civil, "Macri tendría vedado intervenir en cualquier actuación relacionada con la empre sa Correo Argentino SA".
"Mi total acompañamiento a los cambios en el gabinete. Eran impres cindibles", tuiteó una de las principales socias de la coalición gober nante Cambiemos.
La influyente diputada Carrió. Foto: NA.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aprobó el recambio ministerial que fue anunciado la noche del sábado por el gobierno nacional y que consistió en las salidas de los ministros Francisco Cabrera y Juan José Aranguren de Producción y Energia respectivamente.
Para Carrió, los cambios "eran imprescindibles", por lo que saludó la llegada de Javier Iguacel a Energía y Dante Sica a Producción.
"Mi total acompañamiento a los cambios en el gabinete. Eran imprescindibles", tuiteó una de las principales socias de la coalición gobernante Cambiemos.
Todavía se ubican 53% y 37% por debajo del IPC, a pesar de haber subido 560% y 371% respectivamente.
Hace poco menos de dos años el tema de las tarifas también estaba en boca de todos los medios debido a los importantes aumentos propuestos por el gobierno. Si bien todos concuerdan con que el ajuste es algo lógico y necesario en una economía inflacionaria como la argentina, la discusión sobre cómo hacerlo y cuánto modi ficar sus valores sigue generando un gran debate.
Si pensamos a los valores de las tarifas desde un punto de vista más estructural de la economía, un aspecto importante para determinar si los ajustes son pertinentes consiste en observar la evolución de los precios de las mismas desde 2002 hasta la actualidad y compararlos contra la evolución de los precios de la economía. Si bien esta mira da no contempla la evolución de los costos de generación, transmi sión, distribución y comercialización, brinda una perspectiva intere sante de largo plazo.El gobierno sigue firme en su posición intentan do acercar rápidamente el valor de las tarifas al verdadero costo real de los servicios. Detrás de esta idea no sólo está el objetivo de mejo rar la capacidad de generación de energía del país sino también el de virar hacia una visión más federalista del costo de los servicios públicos y, por supuesto, la reducción del déficit fiscal ya que los subsidios económicos representan una gran proporción del déficit y su disminución contribuiría para alcanzar la nueva meta fiscal.
Tomemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires donde los subsidios a las tarifas residenciales fueron los más importantes. En el caso de la tarifa de electricidad, ésta se mantuvo en línea con la inflación hasta el 2008, luego se congeló. Las tarifas de gas y agua, por su parte, se mantuvieron constantes por más de 10 años, inician do los ajustes en 2013. En el año 2015 las tarifas registraban un atraso promedio del 80% respecto al índice de precios. A partir de entonces, con la llegada del nuevo gobierno el ajuste fue muy importante, especialmente en las tarifas de electricidad que se incrementaron en promedio un 1.000% y lograron superar al IPC. En el caso de agua y gas, el incremento también fue muy significativo (371% y 560%, respectivamente) pero todavía se ubican un 53% y 37% por debajo del índice general de precios.
En el 2015 las tarifas registraban un atraso promedio del 80%. El principal desafío que enfrenta el gobierno es lograr que las tarifas sean atractivas para la inversión y a la vez aceptables para la sociedad, sin impactar significativamente en el salario real.
La principal crítica del gobierno al proyecto de la oposición fue el impacto fiscal. El proyecto opositor proponía que las tarifas se retrotraigan a noviembre de 2017. Luego las tarifas residenciales se ajustarían en la misma medida que los hacen los salarios y las tarifas para las PyMEs lo harían en base a los precios mayoristas. Si bien la lógica del proyecto opositor era razonable, esto sería ideal en un contexto donde no haya subsidios importantes en los precios. En la situación actual, esta propuesta no permitiría el ajuste gradual de subsidios pretendido por el gobierno impidiendo así mejorar las cuentas fiscales y manteniendo inalterado el valor de las tarifas en términos reales.
Desde el Ministerio de Energía estimaban que la implementación de ese proyecto generaría un costo fiscal total de $170 mil millones en los próximos 2 años ($80 mil millones en 2018 y $90 mil millones en el próximo año). Según un informe del IARAF, el costo fiscal en 2018 de este proyecto sería del 0,7% del PBI, magnitud equivalente a la mitad del esfuerzo fiscal requerido para cumplir la nueva meta de déficit primario del 2,5% del PBI.
LPOLa presentó el radical Echegaray. Peña admitió que invierten 130 millones de pesos en haberes.
Marcelo Arias.
La tensión entre el Gobierno y la iglesia tras la sanción de la ley que habilita el aborto podría agravase si prospera un proyecto de Cambiemos para impedir que el Estado le pague los salarios a los obispos.
Es una inversión de 130 millones de pesos anuales, según precisó el jefe de Gabinete Marcos Peña durante su informe en el Congreso en marzo, ante una consulta de la diputada Carla Carrizo, del bloque Evolución de Martín Lousteau.
Y no ocurre hace tanto, sino desde la última dictadura militar, que emitió cuatro decretos-ley para garantizar una "asignación mensual vitalicia" equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacio nal y un 70% para los auxiliares.
Por decisión de la última dictadura, el Estado le paga a los obispos el 80% de la remuneración de un juez, los curas como los emplea dos de alta catego ría y hay subsidios a seminaristas y pá rrocos de frontera. Un proyecto de ley pide eliminar ese beneficio.
También hay una asignación mensual de la categoría 16 de los empleados públicos a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zona frontera, una jubilación mínima a los sacerdotes mayores a 65 años y una contribución mensual de categoría 10 por cada seminarista.
Tras la precisión presupuestaria de Peña, Carrizo presentó un proyecto de ley para reducir el aporte a una remuneración de un docente universitario, pero el radical Alejandro Echegaray fue por más: propuso que el Estado no le pague más los salarios a la curia.
"La feligresía debe sostener a la iglesia, es un beneficio inaudito en un estado laico", lo justificó Echegaray ante LPO. El episcopado puede defenderse en el artículo 2 de la Constitución, que obliga al Gobierno a sostener "el culto católico apostólico romano", pero para Echegaray eso no obliga a liquidar haberes.
"La iglesia ya se sostiene por medios de exenciones impositivas, subsidios a la educación y al patrimonio arquitectónico de muchos templos", aclaró el diputado que apoyó el aborto legal y cruzó al mi nistro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre cuando atacó al de Salud Adolfo Rubinstein por avalar la ley.
La iglesia jugó fuerte para frenar la ley con marchas multitudinarias en el interior del país el último domingo, llamados a diputados inde cisos y movilizaciones tibias durante la sesión. Lo repetirán en el Senado, donde no parece fácil que puedan frenarlo.
Ante la polémica por sus salarios, en marzo el aún obispo de La Plata, Héctor Aguer, confesó que cobra 40 mil pesos lo gasta "en darle a los pobres".
"¿Quién pagaría los salarios de los curas si no es el Estado?", pre guntó LPO. "El mismo patrimonio de la iglesia o las donaciones que reciban. Pero no la gente de otros credos", respondió.
Y recordó que "la administración de recursos públicos con fines so ciales debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y debe rendir cuentas, una obligación que no alcanza a los clérigos benefi ciarios". Su proyecto no se trató. Sería otra grieta en cada bloque, que por ahora nadie quiere repetir.
LPOSe trata de un capital del FGS de unos 7.500 millones de dólares, cuya venta requiere acuerdo del Congreso.
Télam
El texto del acuerdo con el FMI anticipa la voluntad del Gobierno de vender acciones en posesión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, para financiar el sistema pre visional, detonado tras la sanción de la ley de reparación histórica que impuso Mario Quintana. Para hacerlo, Macri necesitará la aprobación del Congreso y LPO confirmó que buena parte del pero nismo no lo acptará.
La Anses tiene la habilitación del Congreso para administrar me diante el FGS la composición de la cartera de activos cuyos intere ses se utilizan para asistir al organismo a enfrentar el pago de habe res de jubilados y pensionados cada mes. Así, puede vender ciertas acciones para comprar otras, preservando el capital. Lo que no pue de hacer es reducir el capital del FGS, para eso necesita un permiso explícito del Congreso."Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyen do aquellas en la Ley de Reparación Histórica", se puede leer en el me morándum de entendimiento técnico con el Fondo Monetario Interna cional.
Precisamente, eso es lo que significa "amortizar activos": vender capital accionario, títulos de deuda pública o desprenderse de plazos fijos. Y para ello es necesario el visto bueno del Congreso de la Nación de acuerdo al artículo octavo de la Ley de Reparación Histórica. Y Diego Bossio anticipó a LPO que "nosotros no vamos a acompañar" la liqui dación de activos del FGS
"La ley como quedó redactada señala que el pago de la Reparación Histórica se hará con los recursos del Sinceramiento Fiscal (blanqueo). A su vez, en caso de ser necesario, se pueden utilizar los dividendos generados por el FGS, pero no el capital, ya sean acciones, plazos fijos, etcétera. Si el déficit es enorme, la ley establece que el administrador de la Anses debe informar al jefe de Gabinete si se trata de una situación permanente o transitoria. Y si es permanente, debe informarlo al Congre so", explicó Bossio al LPO.
La ley exige al adminis trador de la Anses que informe al Jefe de Ga binete cualquier venta permanente del capital del organismo y este a su vez debe solicitar el consentimiento del Con greso.
"Si la necesidad de fondos es permanente, lo que tienen que hacer es proponer al Congreso una Reforma Previsional que aún no presentaron y como tal no me puedo oponer porque no la conozco. Lo que sí digo es que si piensan utilizar los fondos del FGS tienen que cumplir con la ley y lo que están diciendo indirectamente es que van a hacer una Reforma Previsional. El tema es que mientras uno de cada tres trabajadores esté en negro, no va a haber modelo previsional que funcione. Si el modelo económico no cierra, ningún modelo previsional cierra", aseguró el diputado y ex administrador de la Anses.
Pero la venta de acciones en poder del FGS no sólo enfrenta cuestiona mientos políticos y legales. También está en debate la conveniencia de liquidar acciones en el actual contexto de alta volatilidad. En el FGS hay acciones por unos 7.500 millones de dólares aproximadamente, pero comenzar a venderlas mientras el mercado doméstico atraviesa un momento de depresión -que se agrava cuando se le cuantifica en dólares- implica malvender el capital de la Anses. Con el actual déficit serían necesarios 1.500 millones de dólares.
El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.
La semana pasada el indice Merval cerró con una suba acumulada de 0,27% en lo que va del año, contra un alza del 52,48% del dólar, lo que indica el alto nivel de licuación en dólares las acciones, y otro tanto de los plazos fijos.
En el memorándum con el FMI queda bastante claro que la venta es en rigor una liquidación del capital: "Por el momento, el valor de los acti vos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gas to futuro en pensiones", sostiene el texto que firmaron Nicolás Dujov ne y Federico Sturzenegger con el board del Fondo.
"Con la Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso, al cual seguimos vinculados, para trabajar con la comisión parlamenta ria correspondiente para introducir mejoras en el sistema de pensio nes que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras", se lee en otra parte del documento, pero sin embargo, hasta ahora nunca se avanzó en ese sentido
