“La ingesta de dióxido de cloro puede causar la muerte”, sostiene científico del Conicet

El científico y biotecnólogo del Conicet, Jorge Montanari, explicó en una entrevista con Télam que la ingesta de dióxido de cloro “tiene probados efectos tóxicos sobre la salud del organismo que pueden ir desde problemas en el sistema circulatorio, cardiotoxicidad, irritaciones en el esófago y llegar hasta la muerte incluso, sobre todo si se equivocan las dosis”.

CASO ASTUDILLO CASTRO Hallan medias y restos de telas durante un rastrillaje en cangrejales de General Cerri

Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, madre 
del joven, indicó esta tarde a Télam que "en el operativo se encon
traron tres pares de medias y también un pedazo de tela".

Tres  medias y restos de tela fueron hallados hoy durante un rastri
llaje realizado en el marco de la causa por la desaparición de Facun
do Astudillo Castro, en proximidades del lugar donde ayer se encon
traron restos óseos y hace una semana apareció un cadáver esque
letizado en un cangregal de la localidad bonaerense de General Da
niel Cerri, informaron fuentes judiciales.

Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, madre del
 joven, indicó esta tarde a Télam que "en el operativo se encontraron
 tres pares de medias y también un pedazo de tela".

"Los mismos serán presentados para el cotejo para con Cristina, 
para ver si los identifica o no", agregó el letrado en referencia a la
 madre del muchacho.

El abogado agregó que hoy "no se han encontrado restos óseos",
 en el marco de la diligencia efectuada por integrantes de la Policía
 Federal Argentina (PFA).

Ayer y durante un operativo similar, especialistas en Criminalística 
de la PFA supervisados por expertos del Equipo Argentino de Antro
pología Forense (EAAF) hallaron restos óseos en el sector conocido 
como Cola de Ballena, ubicado entre las localidades de General 
Cerri y Villariño Viejo.

Los abogados de la querella aseguraron que dichos restos corres
ponderían a una clavícula que coincidiría con los huesos faltantes 
que tiene el cadáver hallado el sábado 15 de agosto.

Peretto además anunció que mañana viajará junto con el otro letra
do Leandro Aparicio y Cristina Castro, madre de Facundo hacia la 
Ciudad de Buenos Aires.

"Mañana viajamos hacia la Capital Federal, la idea es quedarse lo 
que sea necesario porque al regreso deberemos hacer cuarentena",
 agregó Peretto en referencia a la pandemia por el coronavirus.

La madre de Facundo se reunirá el lunes al mediodía con el presidente 
Alberto Fernández en la Residencia de Olivos y el martes estará en el lu
gar donde el EAAF junto a otros especialistas comenzarán con la autop
sia del cuerpo, afirmaron allegados a la mujer.

También el abogado comentó que durante su estadía en la Ciudad de 
Buenos Aires "participarán de una audiencia con integrantes de Amnis
tía Internacional".

Aseguran que declarar las comunicaciones servicio público esencial es un "cambio copernicano" para los usuarios

Lo sostuvo el director de la Unión de Usuarios y Consumidores, 
Claudio Boada, quien celebró la decisión del gobierno nacional.
 Aseguró que el Estado recupera herramientas de regulación a
 partir del decreto firmado ayer por el Presidente.

El Gobierno declaró a la telefonía movil, internet y televisión paga 

como servicios públicos esenciales

El congelamiento de precios de las comunicaciones hasta fin de
 año y la categorización como servicio público esencial a internet,
 tv paga y móviles constituye un "cambio copernicano", afirmó 
Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.

"Esta declaración de servicio público, donde el Estado recupera 
herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo de
 servicio y universalidad, nos abre una puerta a una transforma
ción muy grande, es un cambio copernicano", dijo Boada a Télam.

"Estamos en un escenario totalmente distinto al de hace dos días,
 donde las asociaciones pensábamos cómo hacíamos para llevar
 nuestro mensaje", agregó.

Según la ONG, "la declaración de servicio público es algo que ve
níamos pidiendo hace años; hubo avances regulatorios en la épo
ca del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después hu
bo un claro retroceso dejando esto en la libertad del mercado".

Esta declaración de servicio público, donde el Estado recupera

herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo

de servicio y universalidad, nos abre una puerta a una transformación muy grande”

CLAUDIO BOADA, DE LA UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES

En tanto, desde parte de la oposición cuestionaron la medida por
que sostienen que alejará inversiones y pondrá más obstáculos a
 pymes para seguir sobreviviendo.

Boada aseguró que desde la asociación anhelan "que los consumi
dores también tengan una participación en la fijación de regulación 
de precios", por lo que van a pedir hacerlo y que "el servicio míni
mo que se establecerá por reglamentación tenga un piso alto, no 
bajo; no igualemos para abajo, sino para arriba".

Asimismo, apoyó el congelamiento de tarifas para estos servicios 
hasta el 31 de diciembre, ya que "se venía un aumento que ya ha
bían anunciado a partir del 31 de agosto".

"En medio de este momento, en el cual la gente tiene su bolsillo mas
 chico, aumentar tarifas de algo tan necesario como es en este mo
mento internet y levantar trabas para que la gente no use esos servi
cios, era un problema", remarcó.

La Unión de Usuarios y Consumidores integra la Comisión de Usua
rios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comuni
caciones (Custic), agrupación de 26 asociaciones que también mani
festó hoy su apoyo el decreto 690/2020.

En un comunicado, la Custic recordó que en mayo pasado, ante el
 aumento de hasta 35% en los planes y servicios de las empresas de
 telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable, expresaron su 
rechazo y reclamaron que se declare a los servicios mencionados 
como Servicios Públicos de carácter esencial.

"Esta decisión del Gobierno nacional es una medida anhelada des
de hace más de una década por las Asociaciones de Usuarios y Con
sumidores que hoy finalmente, se transforma en realidad", afirmaron.

Por ésto convocan a los usuarios "a manifestar su apoyo a lo que 
constituye una medida trascendental para garantizar el derecho hu
mano a las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, 
para el desarrollo de una sociedad más igualitaria, garantizando el 
acceso de todas las personas a dichos servicios".

Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez 
Malcom, explicó en diálogo con Télam que "el decreto obedece a
 un compromiso y a una política de garantización del acceso a los 
servicios de parte del Estado".

Sánchez Malcom agregó que la norma "restablece herramientas de
 negociación y regulación que el Ente Nacional de Comunicaciones
 (Enacom) ya tenía y abre la mesa de discusión en torno de cuáles 
deberían ser los topes de los aumentos".

La funcionaria precisó que la reglamentación del decreto publicado 
anoche estará en manos del Enacom y que en su visión los grandes 
operadores "son actores fundamentales" pero "en el universo de las comunicaciones, la charla y la articulación incluye a todos los actores"
, en referencia a las pymes y cooperativas del sector.

El decreto obedece a un compromiso y a una política de garantización del acceso a los servicios de parte del Estado”

MICAELA SÁNCHEZ MALCOM,SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA

Respecto de los precios, confirmó que los vigentes "son los que se 
mantendrán hasta el 31 de diciembre" y señaló que "no debería 
ocurrir" que lleguen facturas con aumentos.

En este sentido, indicó que los usuarios que reciban incrementos de
berán recurrir a los organismos de defensa del consumidor, a la de
fensorías del Pueblo y del Público.

El congelamiento de los precios se dispuso a una semana de que 
las empresas de telefonía móvil, internet y televisión por cable apli
caran los anunciados aumentos que iban desde 10 hasta 18%, se
gún los casos.

Por su parte, el titular de la Comisión de Comunicaciones de la Cá
mara baja, Pablo Carro, afirmó que "es una decisión importantísima
 que recoge el espíritu doctrinario y los aspectos claves del proyec
to que elaboramos con Blanca Osuna".

Agregó que la "si la oposición no se dedicara a bloquear las sesio
nes virtuales podríamos haber tratado en la cámara los muchos 
proyectos presentados por radicales, socialistas y nuestros que
 iban en la misma dirección" que el decreto.

Es decir, que proponían "la declaración de servicio público, la con
sideración como derecho humano y la facultad del Estado para re
gular tarifas y establecer planes inclusivos".

"No se podía esperar. La decisión de nuestro presidente no podía 
ser más oportuna. Recuperamos derechos que (Mauricio) Macri ha
bía cercenado por la misma vía", agregó.

En tanto, el senador radical Julio Cobos expresó su conformidad 
con que la telefonía celular sea calificada como servicio público: "
Desde hace años venimos insistiendo con esto".

Senadores del Frente de Todos afirmaron que el Ejecutivo sabía del apartado que habla sobre "poderes mediáticos"

Tras la polémica generada por la denominada "cláusula Parrilli", aclara

ron que la Casa Rosada estaba al tanto de esa modificación.

Senadores del Frente de Todos afirmaron hoy que el Poder Ejecutivo
 estaba al tanto de la inclusión en la reforma judicial de un inciso que
 hablaba sobre cómo deberían actuar los jueces ante "presiones" de "
poderes mediáticos" y señalaron que "técnicamente no corresponde"
 que le avisen al presidente Alberto Fernández sobre modificaciones
 en proyectos de ley.

Dentro de las "Reglas de actuación" que establece la iniciativa para 
los magistrados se destacó el inciso E del artículo 72, que establece:
 "Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la 
Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de 
poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Ju
dicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cual
quier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo".

La denominada "cláusula Parrilli", en alusión al senador nacional Os
car Parrilli, quien incluyó ese apartado en el texto enviado por el Po
der Ejecutivo, desató una polémica y en las últimas horas legislado
res del Frente de Todos aclararon que la Casa Rosada estaba al tanto
 de esa modificación.

Según trascendidos, el presidente Alberto Fernández se enteró por
 los medios de esa cuestión.

  Al ser consultada sobre si efectivamente el mandatario no estaba 

al tanto del cambio, la senadora Anabel Fernández Sagasti respon

dió: "No tengo información de eso. Desde la Comisión (de Asuntos

 Constitucionales) se le mandó todo al enlace del Ejecutivo".
 

"Si el enlace no lo comunicó, escapa de mi decisión", justificó la refe
rente de La Cámpora, quien de todos modos remarcó que los legisla
dores trabajan "codo a codo con el Ejecutivo en todas las materias".

 

En declaraciones radiales, Fernández Sagasti relató que todas las pro
puestas y críticas realizadas por los 50 expositores que participaron
de las reuniones de comisión fueron trasladadas a la Casa Rosada.

 "Se mandó al Ejecutivo, volvió y lo que más consenso tenía se introdu

jo", incluido el inciso E del artículo 72, señaló la cordillerana, quien
 también negó que la vicepresidenta haya pedido que se incluyera el
 cuestionado inciso.

La mendocina se refirió a las críticas sobre el tema y afirmó: "No creo
que sea contra el periodismo o la libertad de expresión. Informar no
es presionar".

En tanto, en diálogo con Tesis Política, el programa que conduce Román
Lejtman en Radio Rivadavia, su par Mario Pais aclaró que "técnicamente
no procede" que le avisen al jefe de Estado sobre los cambios que se in
troduzcan en proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo.

Respecto a si Alberto Fernández sabía del inciso E del artículo 72, el
chubutense indicó: "Desconozco eso. No le deben haber avisado, por
que no procede: técnicamente no procede".

"En la política, puede ser que se le haya pasado: puede que sí o puede
 que no. A mí no me correspondía avisarle o no" a Alberto Fernández
sobre el cambio, añadió Pais.

 En ese sentido, el patagónico destacó que muchos proyectos de ley 

presentados por el Poder Ejecutivo fueron modificados en el Congreso
 y remarcó que "el Senado no es una escribanía".

Asimismo, el senador nacional aclaró que "todo dictamen es perfectible"
 y concluyó: "A lo mejor, para evitar suspicacias, habrá que precisarla".

"Esa norma y otras más van a ser objeto de modificación hasta último
momento", finalizó.

BUENOS AIRES, NA

Los jubilados de la mínima perderán $1.175 mensuales a partir de septiembre

Con la suspensión de la ley, el Estado tendrá un ahorro fiscal de 

$72.000 millones, según estimaciones de IARAF

Los jubilados con el haber mínimo recibirán a partir de septiembre
 $1.175 menos que lo que les habría correspondido si no se hubiese
 suspendido la ley de Movilidad Jubilatoria, con cuyos criterios el 
pago sería de $19.304 en lugar de los $18.129 anunciados, de acuer
do con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

La entidad dirigida por el economista Nadín Argañaraz precisó que el 
cambio de la ley por la aplicación de aumentos por decreto represen
tará para el Estado nacional un ahorro de $72.000 millones entre di
ciembre de 2019 y noviembre de este año, aunque a costa de “una 
pérdida relativa del poder de compra para los jubilados y pensiona
dos bajo lo que correspondía por la ley de Movilidad”.

Los cálculos sobre lo que los jubilados ganaron o perdieron con el cam
bio de criterio para los ajustes de sus haberes son complicados debido
 a que en el primer aumento por decreto, en marzo de este año, hubo
una combinación de porcentaje (2,3%) con suma fija, que mejoró la po
sición de las jubilaciones y pensiones más bajas pero deterioró los habe
res medios y superiores.

Como los aumentos del junio y septiembre fueron porcentuales y sin
 suma fija, la comparación es más sencilla y deja en evidencia que to
dos los niveles de jubilaciones y pensiones fueron desfavorecidas: en
 junio el incremento fue del 6,12%, cuando hubiera correspondido un
10,89% según la ley de Movilidad, en tanto el 7,50% anunciado para sep
tiembre es inferior al 9,88% si no se hubiese suspendido la aplicación
de la ley sancionada en diciembre de 2017.

La ley establecía un actualización de los haberes según la evolución
 trimestral de los precios minoristas y de los salarios de la economía
 formal, ocurridos en el trimestre previo con dos trimestres de diferi
miento. 

“Para determinar la actualización de septiembre 2020, por ejemplo, se
 considerarían los aumentos del primer trimestre 2020”, indicó IARAF
en su análisis, en el que detalló que “la inflación de ese trimestre fue
de 7,80% y la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables (RIPTE) fue de 14,72%”, por lo que “al ponderar
los por la fórmula de movilidad (el 70% del primer índice y el 30% del
segundo) se obtenía de la formula el 9,88%”.

 

Conforme a la movilidad establecida en la ley, los aumentos de 11,56%
 de marzo, 10,89% en junio y el 9,88% de septiembre hubieran dando
un incremento acumulado del 35,94%.

Con la suma fija aplicada en marzo, las jubilaciones y pensiones infe
riores a $16.200 resultaron beneficiadas pero las de montos superio
res tuvieron pérdidas en comparación con lo que les hubiera corres
pondido por la ley suspendida.

En ese sentido, IARAF señaló que ese mes “la jubilación mínima (de $14.068) se benefició con una suba de $197 extras con respecto al aumento que hubiese tenido si se aplicaba el 11,56%”, pero los haberes máximos, por entonces de $103.064, “se vieron perjudicados ya que recibieron $8.044 menos que los que hubiesen surgido de la movilidad”.

La entidad realizó una comparación de los haberes de jubilados y 

pensionados en el actual esquema de ajustes por decreto y lo que
 les hubiese correspondido con la ley suspendida.

En el cuadro se distingue por decil de ingreso, lo que cada grupo
cobró en junio y cobrará en septiembre, lo que le hubiese correspon
dido con la ley de Movilidad y la diferencia en junio, en septiembre
 y el acumulado en todo el período.

  

“El resultado final de estos aumentos por decreto lleva a disminuir
 la base de actualización de las jubilaciones y pensiones”, advirtió 
el Instituto, para aclarar al respecto que “la jubilación mínima bajo
 movilidad hubiera sido en septiembre de $19.304, mientras que bajo
 las actualizaciones actuales por decreto será de $18.129”.

En consecuencia, completó, “los ingresos de los jubilados pasan
 así a depender del componente discrecional (los bonos mensuales)
 que el Gobierno decida o no otorgar, a cuál grupo otorgarlos y a
cuáles no”.

De cara a los futuros ajustes, IARAF subrayó que “es clave compa
rar el haber base sobre el que se calcularán las siguientes actualiza
ciones de haberes”, que en todos los casos “es menor bajo el esque
ma actual que bajo la Ley de Movilidad”.

En ese sentido, indicó que “a partir de junio todos los niveles de
 jubilaciones pierden respecto a la formula anterior y el menor ha
ber base ‘se va comiendo’ los bonos de principio de año”.

Otro aspecto a tener en cuenta es que “una característica positiva
 de la fórmula de movilidad suspendida era que en períodos de de
sinflación como el actual, el poder adquisitivo real de las jubilacio
nes recuperaba el valor perdido en períodos de aumento de la infla
ción”, algo que pasa a ser discrecional con los ajustes por decreto.

La AFIP denunció penalmente a la empresa Vicentin

Se habría apelado a facturas apócrifas para acceder a reintegros 

de IVA por exportaciones

La AFIP denunció penalmente a la empresa Vicentin y sus respon
sables por presunta utilización de facturas apócrifas para acceder
 a reintegros de IVA por exportaciones, se informó este sábado.

El ente recaudador señaló que el perjuicio estimado al Estado su
pera los 110 millones de pesos.

"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización 
realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportacio
nes de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 
2019", indicó en un comunicado.

 el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont indicó que

 la denuncia penal fue presentada el pasado viernes ante el Juz
gado Federal de Reconquista.

"El Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el 
tipo de maniobras denunciadas", subrayó.

FUENTE: NA/AFIP.

BUENOS AIRES, NA