El propio titular del organismo, el mexicano Luis Urrutia Corral, celebró el “ compromiso” asumido por el país. Y negó que la Argentina forme parte del grupo de países que implican un riesgo para el sistema financiero internacional. Finalmente, y luego de tres días de deliberaciones en México, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) resolvió ayer no aplicar sanciones contra la Argentina y aprobar el plan de acción presentado por la delegación encabezada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella. El titular del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, destacó ayer el “compromiso” asumido por la Argentina en cumplir con el plan de acción contra el lavado de dinero presentado por el país, al tiempo que precisó que “el país no fue objeto de ningún tipo de sanción”. |
“Hemos estado dando seguimiento a la Argentina y tomamos nota del plan de acción y como parte de esa revisión, se ha aprobado dicho plan”, explicó Urrutia. Además, precisó que el plan aprobado “implica que la Argentina se comprometió a tomar una serie de acciones y que está dispuesta a brindarle información al GAFI de cómo va progresando en el cumplimiento de las recomendaciones, evaluadas en octubre de 2010”. ¿Cuáles eran las posibles sanciones que enfrentaba la Argentina? En primer lugar figuraba la supresión de la membresía plena como integrante del GAFI, tal como actualmente sucede con países como Irán o Corea del Norte. La otra sanción posible tiene que ver con la resolución 21 del GAFI, a partir de la cual se emite un alerta a la comunidad financiera internacional acerca de la irregular situación del país. “En el caso de que ese país siga sin aplicar o aplicando de modo insuficiente las recomendaciones del GAFI las jurisdicciones deberían poder aplicar contramedidas apropiadas”, indica el organismo. Lejos de ello, el plenario reunido en la capital azteca no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en las recomendaciones especiales del organismo. Como consecuencia de ello, la Argentina mantendrá la membresía plena al ser considerado como país cooperante, “en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales”, según informó ayer el ministerio de Justicia de la Nación. El GAFI es una entidad multilateral conformada por apenas 34 naciones, y tan sólo tres de ellas pertenecen a América latina como miembros plenos (Brasil y México, además de nuestro país). Durante las reuniones del GAFI “hubo un reconocimiento al gobierno de Argentina por obtener la arpobación de la ley en tiempo récord”, sostuvo Urrutia Corral en relación a la promulgación del proyecto de ley que penaliza la figura de lavado de dinero como delito autónomo en el Código Penal, y no como encubrimiento de otro delito. La ley 26.683 redefine el tipo penal “lavado de dinero” para establecer que consiste en convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, siempre que involucren una suma superior a 300 mil pesos, en un solo acto o por sumatoria de hechos reiterados. Y además de penalizar el lavado de activos, la ley 26.683 facilita el decomiso de bienes de procedencia ilícita y, entre otras medidas, prevé sanciones a las compañías que incurran en maniobras de reciclaje de fondos o financiación del terrorismo. Durante toda la semana pasada, distintas versiones hablaba de que la Argentina pasaría a conformar una “lista gris” de países cuyos controles no satisfacen los requisitos de calidad institucional adecuada. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia indicaron que institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio del GAFI, listas negras o grises, sino países dentro de las categorías “no cooperantes” o de “bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acción”. “En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina”, aseguró Alak. “La cuestión que enfrenta la Argentina en el GAFI tiene que ver con la transparencia. Lo importante es que, a partir de ahora, la UIF pueda trabajar como debe hacerlo, persiguiendo el lavado de dinero, y detectando los fondos que provienen de actividades criminales”, indicó a Tiempo Argentino Vicente Monteverde, director de la Universidad de Morón. |
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