Leandro Heredia, fiscal platense, denunció este mediodía haber sido extorsionado para dejar su cargo. "Si no, te va a ir muy mal" le habría dicho Pablo Farías, Subsecretario de Polícia Judicial, quien habría actuado en nombre de la Procuradora María del Carmen Falbo. Heredia lo confirmó en exclusiva a LaTecla.info. Tras dejar ua copia de la presentación en la Casa de Gobierno, lo recibe el Ministro Casal
La Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo y el Subsecretario de Polícia Judicial Pablo Farías fueron denunciados este mediodía por el fiscal platense Leandro Heredia por extorsión.
En diálogo con LaTecla.info el letrado confirmó la denuncia y dijo que "espera la detención de Farías" porque "las pruebas son contundentes". Además, adujo que "esto es gravísimo dentro del Poder Judicial" y que pidió protección personal para él y su familia.
Según relató el propio fiscal a este portal, "el día 28 de junio se ha presentado en mi despacho un funcionario de la Procuración, dependiente de la Policía Judicial, quien mediante intimidación y amenaza me pidió o me sugirió a viva voz, en un tono cortante y enérgico, que me convenía renunciar a mi cargo de fiscal porque si no me iba a ir muy mal".
"Ya hice la denuncia en la fiscalía general de La Plata y en la Suprema Corte de Justicia", contó Heredia a LaTecla.info.
Las pruebas "son 4 conversaciones en audio, y la última está filmada y con audio de la cámara oculta" de los encuentros de Heredia con Farías, Subsecretario de Polícia Judicial, que lo instó a renunciar a su cargo en carácter de vocero de la Procuradora de la Suprema Corte María del Carmen Falbo.
"Mediante amenazas me sugirió que debía renunciar a mi cargo de fiscal porque sino me iba a ir muy mal", le dijo Heredia a LaTecla.info. Después de confirmar que la denuncia fue hecha este mismo mediodía, Heredia confió que documentó el actuar de Farías: "lo grabé y filmé a este señor, y dice que la doctora Falbo está al tanto de todo. Él dice en la grabación que actúa a cargo de alguien".
Los videos fueron presentados como prueba hoy en la Justicia, "esperando que se llegue hasta las últimas consecuencias con esta maquiavélica maniobra".
"Esto es una política de persecución de Falbo, él mismo lo dice de que Falbo ha tocado a mucha gente para eliminarlo del Poder Judicial", contó Heredia. "Siempre me trató con encono, nunca le gustó mi cara o mi forma de actuar", recordó el fiscal.
"En los últimos dos años me he transformado en un ser maquiavélico que no sabe trabajar una causa", estimó Heredia.
"Con Farías fueron en total 7 encuentros, de los cuales y 6 tienen que ver con la maniobra delictiva". Los últimos 4 fueron grabados por Heredia, que este mediodía los presentó como prueba de su denuncia en el Juzgado del doctor Melazzo.
Además, se extendió Heredia, en las grabaciones Farías "involucra a un magistrado de Quilmes también y a dos funcionarios más de la Procuración".
"Contra mí no sé si puede venir algo más, esto es una caja de Pandora", evaluó.
Por último, refirió que sus incumbencias y causas no sería el motivo de la agresión por parte de Falbo y estimó "No creo que ninguno de esos temas toque algún tema político".
En diálogo con LaTecla.info el letrado confirmó la denuncia y dijo que "espera la detención de Farías" porque "las pruebas son contundentes". Además, adujo que "esto es gravísimo dentro del Poder Judicial" y que pidió protección personal para él y su familia.
Según relató el propio fiscal a este portal, "el día 28 de junio se ha presentado en mi despacho un funcionario de la Procuración, dependiente de la Policía Judicial, quien mediante intimidación y amenaza me pidió o me sugirió a viva voz, en un tono cortante y enérgico, que me convenía renunciar a mi cargo de fiscal porque si no me iba a ir muy mal".
"Ya hice la denuncia en la fiscalía general de La Plata y en la Suprema Corte de Justicia", contó Heredia a LaTecla.info.
Las pruebas "son 4 conversaciones en audio, y la última está filmada y con audio de la cámara oculta" de los encuentros de Heredia con Farías, Subsecretario de Polícia Judicial, que lo instó a renunciar a su cargo en carácter de vocero de la Procuradora de la Suprema Corte María del Carmen Falbo.
"Mediante amenazas me sugirió que debía renunciar a mi cargo de fiscal porque sino me iba a ir muy mal", le dijo Heredia a LaTecla.info. Después de confirmar que la denuncia fue hecha este mismo mediodía, Heredia confió que documentó el actuar de Farías: "lo grabé y filmé a este señor, y dice que la doctora Falbo está al tanto de todo. Él dice en la grabación que actúa a cargo de alguien".
Los videos fueron presentados como prueba hoy en la Justicia, "esperando que se llegue hasta las últimas consecuencias con esta maquiavélica maniobra".
"Esto es una política de persecución de Falbo, él mismo lo dice de que Falbo ha tocado a mucha gente para eliminarlo del Poder Judicial", contó Heredia. "Siempre me trató con encono, nunca le gustó mi cara o mi forma de actuar", recordó el fiscal.
"En los últimos dos años me he transformado en un ser maquiavélico que no sabe trabajar una causa", estimó Heredia.
"Con Farías fueron en total 7 encuentros, de los cuales y 6 tienen que ver con la maniobra delictiva". Los últimos 4 fueron grabados por Heredia, que este mediodía los presentó como prueba de su denuncia en el Juzgado del doctor Melazzo.
Además, se extendió Heredia, en las grabaciones Farías "involucra a un magistrado de Quilmes también y a dos funcionarios más de la Procuración".
"Contra mí no sé si puede venir algo más, esto es una caja de Pandora", evaluó.
Por último, refirió que sus incumbencias y causas no sería el motivo de la agresión por parte de Falbo y estimó "No creo que ninguno de esos temas toque algún tema político".
Los antecedentes del cruce Falbo-Heredia
Un mes y medio atrás, un fiscal denunció, en una acción de amparo, a la Procuradora General bonaerense por “afectar” su “derecho a defensa” en el marco de un sumario administrativo. La semana pasada, Leandro Heredia había sido sancionado por Falbo, quien consideró una serie de irregularidades al haber ordenado, en marzo del año pasado, un allanamiento en La Plata
Como contó el denunciante fiscal Leandro Heredia , la "animosidad negativa" de la Procuradora de la Suprema Corte bonaerense María del Carmen Falbo no es una novedad.
Un mes y media atrás, a pirncipios de junio, el fiscal Cristian Centurión, que cumple funciones en el Departamento Judicial de Dolores, se sometió a proceso en la Procuración en una causa "por presunta indisciplina".
El funcionario planteó que desde la Procuración le impedían tener acceso al expediente en que es investigado, violando así su derecho a defensa consagrado en la Carta Magna.
Centurión pidió que a la Justicia que declare inconstitucional parte de esa resolución y que en el dictado de la medida cautelar “se ordene a la Procurado General”, su jefa directa, “que permita el acceso” al expediente en el que el fiscal es investigado para “ejercer la defensa que corresponda”.
Desde hace varios meses Centurión está investigando posible irregularidades administrativas en Pinamar, en las que estarían involucrados políticos de esa localidad y allegados a funcionarios provinciales, puntualmente del Ministerio de Seguridad y Justicia.
En relación a Heredia, el último capítulo había sido la semana pasada, cuando a Procuradora entendió que la actuación de Heredia en un allanamiento en el Centro de Cazadores y Tiro Deportivo "ha comprometido gravemente el prestigio de la administración de justicia, por lo que debe aplicarse un correctivo disciplinario tendiente a evitar la repetición hechos" de este tipo. Sobre esa base, dispuso aplicarle un apercibimiento.
La situación se remonta a un hecho ocurrido el 5 de marzo del año 2006, cuando el fiscal Heredia -en ese momento adjunto de la Fiscalía N° 6 de La Plata- ordenó allanar un predio del Centro de Cazadores (en 183 y 32) por una aparente denuncia anónima y confiscar armas de personas que realizaban allí la práctica deportiva conocida como "tiro al pichón", que es una modalidad de la caza de palomas (de una variedad considerada plaga en el territorio provincial).
Un mes y media atrás, a pirncipios de junio, el fiscal Cristian Centurión, que cumple funciones en el Departamento Judicial de Dolores, se sometió a proceso en la Procuración en una causa "por presunta indisciplina".
El funcionario planteó que desde la Procuración le impedían tener acceso al expediente en que es investigado, violando así su derecho a defensa consagrado en la Carta Magna.
Centurión pidió que a la Justicia que declare inconstitucional parte de esa resolución y que en el dictado de la medida cautelar “se ordene a la Procurado General”, su jefa directa, “que permita el acceso” al expediente en el que el fiscal es investigado para “ejercer la defensa que corresponda”.
Desde hace varios meses Centurión está investigando posible irregularidades administrativas en Pinamar, en las que estarían involucrados políticos de esa localidad y allegados a funcionarios provinciales, puntualmente del Ministerio de Seguridad y Justicia.
En relación a Heredia, el último capítulo había sido la semana pasada, cuando a Procuradora entendió que la actuación de Heredia en un allanamiento en el Centro de Cazadores y Tiro Deportivo "ha comprometido gravemente el prestigio de la administración de justicia, por lo que debe aplicarse un correctivo disciplinario tendiente a evitar la repetición hechos" de este tipo. Sobre esa base, dispuso aplicarle un apercibimiento.
La situación se remonta a un hecho ocurrido el 5 de marzo del año 2006, cuando el fiscal Heredia -en ese momento adjunto de la Fiscalía N° 6 de La Plata- ordenó allanar un predio del Centro de Cazadores (en 183 y 32) por una aparente denuncia anónima y confiscar armas de personas que realizaban allí la práctica deportiva conocida como "tiro al pichón", que es una modalidad de la caza de palomas (de una variedad considerada plaga en el territorio provincial).
La Procuradora entendió que, efectivamente, el funcionario ordenó ingresar al predio del centro de cazadores sin orden del juez de garantías y sin que se encontrara configurado ninguno de los supuestos en los que la ley permite el allanamiento sin orden judicial previa. También objeta la incautación de armas y el modo en que se realizó.
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