Investigan el rol de Gerardo Martínez en el Batallón 601

Organismos de Derechos Humanos se presentaron como querellantes para  reclamar el esclarecimiento de la presunta participación del sindicalista de la UOCRA en la represión de la dictadura.

“No sabemos qué hacía en el 601 Martínez, por eso lo denunciamos. Queremos que se investigue si tuvo que ver con la desaparición de los 105 trabajadores de la UOCRA", señaló Enrique Furnan, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, uno de los organismos de derechos humanos que se presentó como querellante ante el Juzgado Nro 9 de Sergio Torres para exigir que se determine cuál fue el rol del sindicalista de la UOCRA en ese campo de detención durante la dictadura militar. En esas mismas declaraciones a Radio Continental, Furman explicó que "Martínez aparece en la UOCRA en esa época. El documento del Ejército es el que le entrega la fuerza a Nilda Garré por decreto de la Presidenta”. Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, otra de las entidades querellantes, declaró a la agencia DyN que "partiendo de la base que el juez Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como asociación ilícita, solicitamos a la justicia que verifique que estamos hablando de la misma persona (Gerardo Martínez) y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la UOCRA durante la dictadura". El secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Gerardo Martínez, figura en uno de los archivos desclasificados del Ejército como miembro civil del batallón 601 de inteligencia. Durante los años que estuvo como empleado del servicio de inteligencia desaparecieron 105 obreros del gremio, por lo que se realizó una denuncia para que se lo investigue. Los datos sobre el personal civil del batallón 601 fueron publicados por el sitio plazademayo.com y están disponibles en el Archivo Nacional de la Memoria. En esa web aparece el nombre de Gerardo Alberto Martínez y su documento 11.934.882. Esto provocó que la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú radique la denuncia.