Se calcula que en la provincia de Buenos Aires existen unos 8.000 prostíbulos

Por 

Laureano Barrera

Operativos. Desde siempre existen sospechas sobre el rol de las fuerzas policiales.

Los avances contra la trata son sólo parciales. Sospechas sobre el rol policial.

Es viernes o sábado: día de juntada. El oficial Facundo Chávez y el Suboficial Juan Pupillo –integrantes de una división de la policía Departamental de La Plata (DDI) que se llama Moralidad– se preparan para recaudar la protección semanal de 400 pesos a un burdel en las afueras de la Ciudad. No lo saben, pero están siendo filmados por cámaras ocultas. La denuncia conjunta, presentada por el programa televisivo GPS y la Fundación La Alameda ante la Justicia, describe la maniobra como un “un modus operandi que se repetiría con los dueños y explotadores de los locales de prostitución de la Ciudad de La Plata”. Sostienen que las coimas van de 400 a 700 pesos semanales, según las características del local. Presumen, además, que se aplica en “alrededor de cincuenta” boliches y que una tajada sería presuntamente para Juan Domingo Ibarra, el todavía jefe de la DDI. La causa quedó radicada en el juzgado federal 3 de la capital provincial, a cargo de Arnaldo Corazza. “No nos hemos enterado de ninguna disposición en avanzar”, agrega Lucas Schaerer, de La Alameda.
“No lo hemos comprobado, pero inferimos que todos los prostíbulos funcionan con protección policial”, afirma uno de los responsables de las políticas bonaerenses en la materia. Aunque la prostitución no es delito en nuestro país, sí lo son –por ley 12.331, sancionada en 1936– la existencia de prostíbulos y el proxenetismo (la explotación por un tercero de una trabajadora sexual).
“Para que haya trata, hacen falta dos tipos de corrupción: la policial y la municipal”, dice la misma fuente oficial. Una estimación de la UFI 4 a cargo de Fernando Cartasegna –especializada en delitos conexos a la trata– da cuenta de unos 350 prostíbulos en el departamento judicial de La Plata. Diez de ellos tienen habilitación de la municipalidad, bajo rótulos engañosos como pubs o boites.
Por todas partes. Otras zonas de explotación sexual se dispersarían de Quilmes a La Matanza y también en localidades portuarias o costeras, como Quequén, Bahía Blanca y Mar del Plata, que en temporada alta alcanza los 400 prostíbulos. Olavarría cobija el caso espeluznante de Adriana Bordó: su hija, Dana Pecci, fue secuestrada y asesinada por su presunto proxeneta y su nieta, nacida durante el cautiverio de Dana, se encuentra actualmente bajo guarda del hijo del hombre que la mató.
En casi ninguna de estas ciudades se ha logrado vulnerar el centro de gravedad de las redes. “Sólo en Mar del Plata recibieron golpes bastante importantes –cuenta Schaerer–: han quedado al descubierto jefes policiales, el jefe del Colegio de Magistrados local (Manuel Fernández Daguerre), se han aprobado ordenanzas que derogan la habilitación de varios prostíbulos famosos y otra que apunta a la asistencia por las víctimas de trata, y se formó una mesa permanente contra la trata que integran funcionarios, ONGs, hijos y madres de Plaza de Mayo. La situación cambia cuando hay organización popular y escándalo mediático”. Incluso después de sancionadas las normas, el intendente marplatense, Gustavo Pulti, elevó un proyecto de ordenanza para habilitar como “Café-Bar nocturno” al prostíbulo La Posada, que había sido allanado por la policía con denuncias por trata.
La ley Federal de Prevención y Sanción de la Trata (26.364) fue sancionada en abril de 2008, pero recibió cuestionamientos de las ONGs que trabajan el tema. El principal –habría consenso legislativo para reformarlo– es que para acreditar la explotación sexual de una mujer mayor de 18 años, tiene que probarse que la víctima no prestó su consentimiento. “Las presiones, las amenazas o la situación de marginalidad de la que provienen hace que mientan en la Justicia o sientan una especie de gratitud siniestra por sus explotadores”, explican funcionarios de la provincia.
Otro punto crítico son las penas ínfimas que la ley prevé para el delito. De los seis juicios realizados en la provincia, dos fueron abreviados: se condenaron en ellos a 22 personas –reclutadores, cafishos – apenas de entre dos y siete años, mientras que el ladrón de una vaca tiene un mínimo de cuatro años a la sombra. La Procuración, que dice alentar la persecución de los delitos conexos al federal de trata, evadió la entrevista con este diario desviándola a una gestión ficticia con su oficina de prensa. El oficio más antiguo del mundo conserva en la provincia más próspera sus mismos antiguos socios.
Espasmos. Aunque alguna de las personas buscadas pueda estar en las fauces de las redes, la Dirección de Personas Desaparecidas no nació para abocarse a la trata, pero debió ocupar de oficio un vacío institucional sobre el tema. Ahora recibe denuncias a través de un mail y un 0-800, más las derivadas por el 911: entre el 7 de junio y el 7 de julio recibieron 162 denuncias. “Cada denuncia se deriva a la Justicia y se abre una causa. Pero el delito de trata no se puede probar casi hasta el final de la investigación: sólo un 1% de estas denuncias terminan configurando el delito”, dice su director. Las zonas de mayor reclutamiento son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Paraguay. Los destinos principales de explotación son la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
8.000. Algunas estimaciones de las ONG especializadas hablan de 8.000 burdeles en la provincia. El Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas informó a este diario que asistió a 120 víctimas de trata, pero no hay diagnósticos confiables de la cantidad de mujeres esclavizadas ni perfiles de víctimas y tratantes y, por ahora, sólo existe la promesa de un refugio exclusivamente destinado a las mujeres rescatadas.
Hace apenas tres semanas, el ministro Ricardo Casal puso en funciones la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata, que estaba creada por decreto hace ya un año. Luego de la segunda sesión, su coordinadora, Silvia La Ruffa, pidió ante la prensa que “haya más refugios en la provincia de Buenos Aires”. Lo que sí se puso en marcha el 1º de julio, a partir del caso de una mujer esclavizada que llegó a un hospital con apendicitis (su tratante se oponía a esa internación), fue un protocolo piloto de atención creado por el Ministerio de Salud para ese tipo de casos en el hospital Alende de Mar del Plata. “Se trabaja desde un abordaje interdisciplinario: nosotros hacemos la atención física y psicológica de la víctima, después pasaría a depender de otras áreas”, explica una de sus coordinadoras, Magdalena Grau.