De la negación a la acción de la Justicia

Daniel Cecchini

dcecchini@miradasalsur.com

Hasta no hace mucho casi nadie aplicaba la categoría de cívico-militar a la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. El carácter casi exclusivamente “militar” que se le adjudicaba en el discurso de los grandes medios y en las conversaciones cotidianas del común de la ciudadanía dejaba de lado (excluía de la memoria, ocultaba la verdad y obstaculizaba la posibilidad de hacer justicia) una realidad insoslayable: la última dictadura fue preparada, planificada y perpetrada con la participación de importantes sectores y actores civiles, que fueron determinantes para su consumación y sus consecuencias.
El jueves pasado, en el marco de la megacausa que investiga la actuación del I Cuerpo de Ejército en la represión ilegal, el juez federal Daniel Rafecas tomó una decisión que apunta al núcleo oscuro de otra falacia sobre la historia argentina reciente: la que sostiene que el terrorismo de Estado se circunscribió al período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Al ordenar la detención de 15 represores a los que responsabiliza de secuestros, torturas y muertes relacionadas con el centro clandestino de detención conocido como “Puente 12” o “Protobanco”, que funcionó entre 1974 y 1977 en Richieri y Camino de Cintura, puso la mira de la Justicia en un tema considerado tabú: la utilización del terrorismo de Estado contra la disidencia política y social durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, con sus secuelas de secuestros, torturas, asesinatos, fusilamientos disfrazados de enfrentamientos y desapariciones forzadas.
El accionar, desde 1974, de las bandas armadas conocidas como Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A), Comando Libertadores de América –fundamentalmente en la provincia de Córdoba– y Concentración Nacional Universitaria (CNU) no fue producto de iniciativas tomadas por grupos de ultraderecha al margen del Estado, sino parte de un plan sistemático de represión ilegal decidido en los más altos niveles del gobierno constitucional en cuya implementación no sólo participaron civiles: contó con logística y personal de las fuerzas armadas y de seguridad.
En su libro La fuga del Brujo, el periodista Juan Gasparini reveló que la Triple A fue creada y comandada por José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, quien utilizó fondos del Estado para armarla y contó con la colaboración de la Policía Federal conducida por el comisario general Alberto Villar para perpetrar sus crímenes.
La investigación sobre la Concentración Nacional Universitaria que desde hace meses vienen publicando Alberto Elizalde Leal y quien esto escribe en Miradas al Sur demuestra de manera incuestionable que los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) funcionaron de manera coordinada con la Triple A y, en la provincia de Buenos Aires, actuaron primero bajo las órdenes del gobernador Victorio Calabró –amparados por la Policía Bonaerense, que les aportó gatilleros y les liberó zonas–, y que luego pasaron a depender del comando del Área de Operaciones 113, cuyo jefe era el coronel Roque Carlos Presti.
En un artículo publicado en este mismo informe especial (ver El día que la CNU recibió órdenes del Ejército) se relata cómo, en una reunión realizada a fines de octubre de 1975, la Triple A y la CNU pasaron a depender del Batallón de Inteligencia 601 y a recibir órdenes operativas y armamentos del Ejército y la Armada. En otra nota se describe la génesis del decreto de “aniquilamiento” de la subversión, firmado en 1975 por el presidente provisional Ítalo Argentino Luder, que transformó a las Fuerzas Armadas en fuerzas de ocupación en todo el territorio nacional, y facilitó aún más la represión ilegal y la preparación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Cuando pasaron más de 35 años de estos hechos siguen existiendo sectores y actores de la vida política nacional que pretenden cerrar sin esclarecer ese capítulo del pasado reciente. No se trata de un simple intento de tergiversar los hechos para ocultar una de las páginas más oscuras del peronismo y salvaguardar la imagen de algunos de sus dirigentes. Lo hacen por una razón más concreta: evitar que la Justicia les pida una rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del golpe de Estado y los juzgue por ellos.