El pleno del Senado, en la votación en general de la iniciativa, logró 62 adhesiones positivas y una negativa. En particular hubo disidencias en algunos artículos, pero el oficialismo pudo imponer su mayoría. De esta manera, todos los proyectos que pidió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, fueron sancionados
El pleno de la Cámara alta logró sancionar el último proyecto que tenía en agenda, que era el relacionado con la extranjerización de la tierra.
Al momento de votarla la iniciativa en general, el texto obtuvo 62 adhesiones positivas y una negativa, la del salteño Juan Carlos Romero. En particular hubo disidencias en algunos artículos, pero el oficialismo pudo imponer su mayoría. De esta manera, todos los proyectos que pidió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, fueron sancionados.
La iniciativa impone, en su octavo artículo, que se “establece en el 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo”, y que “dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural”.
El texto además expresa que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial”. Dicho equivalente será calculado según la “localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren”, y la “capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación”.
Además, quedan exceptuados de la aplicación de le ley las personas físicas de nacionalidad extranjera que “cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada en el país; los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco años”; y “aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a argentino/a con cinco años de anterioridad a la constitución o transmisión de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el país por igual término”.
Con respecto al debate, la primera en hacer uso de la palabra fue la senadora del Frente para la Victoria (FpV) y titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara alta, Graciela De la Rosa, que señaló que el proyecto impulsado por el oficialismo no sólo “tiene que ver con la soberanía argentina”, sino que también “expresa la voluntad de la presidenta –de la Nación, Cristina Fernández- de seguir apostando a la defensa de los recursos naturales”.
“Esta ley no evita que se especule sobre el valor de la tierra”, expresó el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Cimadevilla, que advirtió que en la iniciativa “no queda claro cómo” se va “a caracterizar a la tierra rural”, lo que “genera algunas dificultades”. El legislador chubutense además destacó que “el problema es cuando se utiliza la tierra con fines especulativos, y concluyó: “Tenemos serias dudas que esto logre el fin o la intención que tuvieron quienes fueron sus autores”.
Para sorpresa de muchos, el santafecino Carlos Reutemann se anotó en la lista de oradores. Al hacer uso de la palabra, se manifestó a favor del dictamen de mayoría del oficialismo. En ese sentido, aseguró que “es necesario proteger y cuidar” al suelo –por la tierra-, y que se debe “respetar un criterio básico de soberanía nacional”.
La peronista chubutense Graciela Di Perna sostuvo: “Regular la venta de tierras a extranjeros es una medida a celebrar. Sin embargo, en lo que respecta a la tierra todavía hay políticas pendientes y es necesario avanzar en una reforma agraria que vaya en contra de los latifundios, que imponga tributos a la tierra ociosa, que regule los arrendamientos y que, por sobre todo, evite la posesión de la tierra con fines especulativos”. La senadora dejó en claro que apoyará la iniciativa en general, ya que “hay muchos puntos grises que podrían ser mejorados, como la definición de tierras rurales y la organización del Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.
Al momento de votarla la iniciativa en general, el texto obtuvo 62 adhesiones positivas y una negativa, la del salteño Juan Carlos Romero. En particular hubo disidencias en algunos artículos, pero el oficialismo pudo imponer su mayoría. De esta manera, todos los proyectos que pidió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, fueron sancionados.
La iniciativa impone, en su octavo artículo, que se “establece en el 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo”, y que “dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural”.
El texto además expresa que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial”. Dicho equivalente será calculado según la “localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren”, y la “capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación”.
Además, quedan exceptuados de la aplicación de le ley las personas físicas de nacionalidad extranjera que “cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada en el país; los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco años”; y “aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a argentino/a con cinco años de anterioridad a la constitución o transmisión de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el país por igual término”.
Con respecto al debate, la primera en hacer uso de la palabra fue la senadora del Frente para la Victoria (FpV) y titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara alta, Graciela De la Rosa, que señaló que el proyecto impulsado por el oficialismo no sólo “tiene que ver con la soberanía argentina”, sino que también “expresa la voluntad de la presidenta –de la Nación, Cristina Fernández- de seguir apostando a la defensa de los recursos naturales”.
“Esta ley no evita que se especule sobre el valor de la tierra”, expresó el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Cimadevilla, que advirtió que en la iniciativa “no queda claro cómo” se va “a caracterizar a la tierra rural”, lo que “genera algunas dificultades”. El legislador chubutense además destacó que “el problema es cuando se utiliza la tierra con fines especulativos, y concluyó: “Tenemos serias dudas que esto logre el fin o la intención que tuvieron quienes fueron sus autores”.
Para sorpresa de muchos, el santafecino Carlos Reutemann se anotó en la lista de oradores. Al hacer uso de la palabra, se manifestó a favor del dictamen de mayoría del oficialismo. En ese sentido, aseguró que “es necesario proteger y cuidar” al suelo –por la tierra-, y que se debe “respetar un criterio básico de soberanía nacional”.
La peronista chubutense Graciela Di Perna sostuvo: “Regular la venta de tierras a extranjeros es una medida a celebrar. Sin embargo, en lo que respecta a la tierra todavía hay políticas pendientes y es necesario avanzar en una reforma agraria que vaya en contra de los latifundios, que imponga tributos a la tierra ociosa, que regule los arrendamientos y que, por sobre todo, evite la posesión de la tierra con fines especulativos”. La senadora dejó en claro que apoyará la iniciativa en general, ya que “hay muchos puntos grises que podrían ser mejorados, como la definición de tierras rurales y la organización del Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.
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