La medida incluye a los que reciben asignaciones familiares. Además, garantizaron que se revisarán todos los casos de manera particular y negaron que la declaración jurada sea restrictiva respecto de las necesidades de los usuarios.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró ayer que el gobierno “revisará caso por caso” la situación de los usuarios de servicios públicos en el marco de la política de quita de subsidios y que está aplicando “un redireccionamiento de los fondos hacia sectores sociales que los necesitan”.
Por su parte, el ministro de Economía, Amado Boudou, destacó que el proceso de la quita de subsidios se ejecuta de manera segmentada. “No es un proceso que se haga a las apuradas”, rescató el titular de Hacienda, que agregó además que “los subsidios son un medio necesario para mantener el mercado interno y la competitividad”. Con estas nuevas medidas, en total se ahorrarán casi $ 5000 millones anuales.
Los funcionarios participaron de una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Allí anunciaron el agregado de nuevos barrios a la nómina que a partir del 1 de enero de 2012 recibirán las facturas de los servicios de agua, gas y electricidad sin subsidios y dio cuenta de las zonas cuyos usuarios recibirán la declaración jurada para reclamar la continuidad del beneficio.
Al repasar el cuestionario que será enviado a los consumidores, el titular de Planificación rechazó versiones que calificaron como “restrictivo” al mecanismo implementado para tramitar la conservación del subsidio. En ese sentido, De Vido remarcó que en la declaración jurada “hay un punto esencial que apunta a las familias con ingresos insuficientes”, y ejemplificó: “Por supuesto que si una persona tiene ingresos de 7000 pesos pero paga un alquiler de 3000, puede reclamar que se le mantenga el subsidio”, y agregó que en el gobierno “vamos a escuchar cada caso en particular”.
El ministro apuntó contra sectores de la prensa al expresar que la pregunta en cuestión “está puesta justamente para evitar el mecanismo restrictivo”, y señaló que “en una situación como la planteada vamos a escuchar a la gente”.
Al plantear un segundo ejemplo, De Vido presentó el caso de una persona que vive en una zona alcanzada por el recorte directo de los subsidios, cobra menos de $ 5200 y recibe el beneficio de una asignación familiar. Ese usuario podrá reclamar también la continuidad del beneficio.
El Estado Nacional otorga asignaciones que consisten en pagos de una suma fija a trabajadores en relación de dependencia y a los beneficiarios de una aseguradora de riesgos de trabajo ante circunstancias deteminadas: “Cuando se casa, cuando espera un bebé, durante el período de licencia por maternidad, cuando nace un hijo o decide adoptar uno, cuando tiene hijos o cuando su hijo va a la escuela”, según informa el sitio web de la ANSES.
“Si un hombre gana 5200 pesos y tiene una determinada situación familiar que no está contenida en los 12 puntos de la declaración jurada, se va a contemplar con claro sentido humano”, sostuvo el ministro, que indicó además que la atención del Estado incluirá a los usuarios que pese a tener un “buen sueldo tienen también un problema” que hace necesaria la revisión de su caso. “Esa gente será escuchada sea de la zona que fuere” garantizó De Vido, quien insistió en afirmar que la medida impulsada por la conducción del Estado tiene “un esquema de equidad que consiste en redireccionar recursos de quien no los necesita a quien sí los necesita”, y llamó a los sectores medios a estar tranquilos porque “nosotros vamos a seguir apoyándolos a través de subsidios”.
Durante su exposición, tanto De Vido como Amado Boudou cuestionaron el tratamiento del tema por parte de los diarios Clarín y La Nación. El ministro de Planificación recordó que los subsidios fueron implementados por el ex presidente Eduardo Duhalde “tras la catástrofe de 2001”, y en ese sentido fustigó a esos medios que “hablan de ajuste fiscal pero no lo pueden explicar, nosotros vamos a invertir el dinero para universalizar la equidad”. En tal sentido, Boudou argumentó que la política aplicada “no es fiscal sino de redireccionamiento de subsidios
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