Serán sorteados en base al padrón electoral y la única condición es un nivel mínimo de alfabetización. La tarea será "carga pública"
Todos los ciudadanos bonaerenses que figuren en los padrones electorales, con la única condición de que cuenten con un mínimo nivel de alfabetización, podrán ser convocados a integrar los jurados que deberán dictar veredicto en procesos penales en los que se juzguen casos de homicidios, lesiones, robos y abusos sexuales, entre otras figuras. La participación en esos tribunales será considerada "carga pública", es decir, representará una prestación obligatoria, para la que se prevé una retribución económica en función de la cantidad de días que dure el juicio.
Así lo dispone el proyecto de ley que impulsa la administración de Daniel Scioli para implementar en la Provincia el mecanismo de Juicios por Jurados con el objetivo de abrir la participación ciudadana en la administración de Justicia y que implica una profunda reforma en el desarrollo de los procesos penales.
Técnicos del ministerio de Justicia y Seguridad y de la secretaría Legal y Técnica, junto a especialistas de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, se abocaron en los últimos días a pulir los detalles de la iniciativa, que será girada a la Legislatura en los próximos días, según trascendió.
El gobierno bonaerense tiene decidido avanzar con la discusión e implementación de esta reforma, reclamada desde diversos ámbitos y prevista en la Constitución de la Provincia. La convicción oficial es que, fomentando la participación ciudadana en la administración de Justicia, "se ayudará a incrementar los niveles de confianza y credibilidad" en estos procesos.
Buena parte de las disposiciones del proyecto todavía son materia de discusión entre quienes integran el equipo de elaboración de la iniciativa y otros aspectos serán definidos en la etapa de reglamentación de la norma. Pero en sus lineamientos centrales, se disponen modificaciones en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de forma tal de que contemple la actuación de jurados integrados por ciudadanos en procesos penales.
SIN MAGISTRADOS NI ABOGADOS
En principio, se establecería que estos jurados actuarán en procesos en los que se juzguen homicidios, lesiones dolosas, abusos, robos y por delitos vinculados al mal desempeño de las funciones públicas. Con todo, la competencia será sometida a debate legislativo y podría terminar de definirse en la etapa de reglamentación de la norma.
Otro de los ejes centrales definidos es la elección por el sistema anglosajón de jurados "puros", es decir integrados exclusivamente por ciudadanos, a diferencia del que se aplica en la provincia de Córdoba, pionera en la aplicación de este mecanismo en Argentina, donde los cuerpos están integrados también por jueces de carrera.
Esta decisión responde a una de las principales críticas que cae sobre el "modelo mixto", que señala que la convivencia de jueces de carrera y ciudadanos en un mismo jurado implica la posibilidad de que la opinión de los magistrados termine ejerciendo una influencia sobre el resto del cuerpo.
Por eso, el proyecto que elabora por estas horas el Ejecutivo vedaría también la participación de abogados en los jurados.
SORTEO Y VIATICOS
Según se prevé, la convocatoria a los vecinos bonaerenses se hará a partir de un sorteo en base a los padrones electorales. En una primera instancia, se designarán a 48 candidatos a integrar los jurados más seis suplentes. Esos nombres serán sometidos a un proceso de selección para conformar un cuerpo de 12 miembros que participarán en los procesos y deberán definir si los acusados son culpables o inocentes de los cargos que se les imputan. De esa forma, los jueces sólo deberán definir la calificación del delito y la pena.
Mientras duren los procesos, los jurados deberán asistir a todas las audiencias, lo que implica que deberán dejar de lado sus obligaciones laborales; razón por la que el proyecto de ley también prevé una retribución monetaria de acuerdo a la cantidad de días que se extiendan los juicios, en concepto de viáticos. Y en ese sentido se evalúa establecer una mecanismo de equivalencias con los haberes de los empleados del Poder Judicial.
Los ciudadanos que integren los jurados podrían requerir medidas de protección, aunque en principio no se prevén mecanismos de "aislamiento".
Así lo dispone el proyecto de ley que impulsa la administración de Daniel Scioli para implementar en la Provincia el mecanismo de Juicios por Jurados con el objetivo de abrir la participación ciudadana en la administración de Justicia y que implica una profunda reforma en el desarrollo de los procesos penales.
Técnicos del ministerio de Justicia y Seguridad y de la secretaría Legal y Técnica, junto a especialistas de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, se abocaron en los últimos días a pulir los detalles de la iniciativa, que será girada a la Legislatura en los próximos días, según trascendió.
El gobierno bonaerense tiene decidido avanzar con la discusión e implementación de esta reforma, reclamada desde diversos ámbitos y prevista en la Constitución de la Provincia. La convicción oficial es que, fomentando la participación ciudadana en la administración de Justicia, "se ayudará a incrementar los niveles de confianza y credibilidad" en estos procesos.
Buena parte de las disposiciones del proyecto todavía son materia de discusión entre quienes integran el equipo de elaboración de la iniciativa y otros aspectos serán definidos en la etapa de reglamentación de la norma. Pero en sus lineamientos centrales, se disponen modificaciones en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de forma tal de que contemple la actuación de jurados integrados por ciudadanos en procesos penales.
SIN MAGISTRADOS NI ABOGADOS
En principio, se establecería que estos jurados actuarán en procesos en los que se juzguen homicidios, lesiones dolosas, abusos, robos y por delitos vinculados al mal desempeño de las funciones públicas. Con todo, la competencia será sometida a debate legislativo y podría terminar de definirse en la etapa de reglamentación de la norma.
Otro de los ejes centrales definidos es la elección por el sistema anglosajón de jurados "puros", es decir integrados exclusivamente por ciudadanos, a diferencia del que se aplica en la provincia de Córdoba, pionera en la aplicación de este mecanismo en Argentina, donde los cuerpos están integrados también por jueces de carrera.
Esta decisión responde a una de las principales críticas que cae sobre el "modelo mixto", que señala que la convivencia de jueces de carrera y ciudadanos en un mismo jurado implica la posibilidad de que la opinión de los magistrados termine ejerciendo una influencia sobre el resto del cuerpo.
Por eso, el proyecto que elabora por estas horas el Ejecutivo vedaría también la participación de abogados en los jurados.
SORTEO Y VIATICOS
Según se prevé, la convocatoria a los vecinos bonaerenses se hará a partir de un sorteo en base a los padrones electorales. En una primera instancia, se designarán a 48 candidatos a integrar los jurados más seis suplentes. Esos nombres serán sometidos a un proceso de selección para conformar un cuerpo de 12 miembros que participarán en los procesos y deberán definir si los acusados son culpables o inocentes de los cargos que se les imputan. De esa forma, los jueces sólo deberán definir la calificación del delito y la pena.
Mientras duren los procesos, los jurados deberán asistir a todas las audiencias, lo que implica que deberán dejar de lado sus obligaciones laborales; razón por la que el proyecto de ley también prevé una retribución monetaria de acuerdo a la cantidad de días que se extiendan los juicios, en concepto de viáticos. Y en ese sentido se evalúa establecer una mecanismo de equivalencias con los haberes de los empleados del Poder Judicial.
Los ciudadanos que integren los jurados podrían requerir medidas de protección, aunque en principio no se prevén mecanismos de "aislamiento".
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