lunes, 25 de junio de 2012

Más intendentes se suman al repudio a Moyano



Los Intendentes del FpV de la Séptima Sección, tal como habían hecho los del Conurbano, manifestaron su rechazo a "la actitud irresponsable por parte del sindicato de choferes de camiones", y reafirmaron su "incondicional apoyo al modelo de crecimiento económico con inclusión social encabezado por la Presidenta"
Los Intendentes del Frente para la Victoria de la Séptima Sección electoral manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la actitud irresponsable por parte del sindicato de choferes de camiones, y reafirma su incondicional apoyo al modelo de crecimiento económico con inclusión social encabezado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En estos nueve años hemos vuelto a tener paritarias, consejo del salario mínimo, vital y móvil, y permanente subsidiariedad y asistencia a la tarea social de los sindicatos, y las jubilaciones con aumentos anuales reglados por ley. Es bueno tener memoria y no olvidar que los neoliberales conservadores de los ’90 nos tuvieron once años sin aumentos de salarios ni de jubilaciones, que cerraron 185 mil fábricas y dejaron 8 millones de desocupados. ¿Puede un sindicato decir que defiende intereses de su sector y apoyar a su vez políticamente a candidatos de las corporaciones económicas digitados por la embajada estadounidense? Si alguien cree en la Argentina que yéndole mal a Cristina, saboteando el proyecto nacional, popular y democrático, se perjudica a la familia Kirchner o a un grupo de seguidores, se equivoca. Si quiebran a Cristina y a su gobierno sobrevendrá una catástrofe para los intereses populares, en particular para los trabajadores y los pobres de este país. Cada vez que lograron quebrar la unidad del campo del pueblo, lo que sobrevino después fue la tragedia, que tuvo el rostro de la represión, la tortura y la muerte, el cercenamiento de derechos, la pobreza, el atraso y los regresos oligárquicos, siempre llenos de odio y de venganza.

Este Proyecto Nacional y Popular, se sostiene a partir de la recuperación del rol del Estado y de políticas activas en materia de producción y trabajo. El aumento del bienestar del Pueblo indica que éste Estado no es neutral: esta del lado de los que menos tienen. Los trabajadores son la columna vertebral de este proceso de transformación y los beneficiarios de todas las políticas distributivas.

Cuando una acción directa intenta colapsar servicios esenciales para el normal funcionamiento de una sociedad, deja de ser una protesta legítima y se convierte en medida extorsiva hacia el conjunto de los ciudadanos.

Este conflicto es político y no sindical. Es el último manotazo de ahogado de una Argentina corporativa que los argentinos decidimos enterrar en el año 2003. En ninguna democracia moderna un sector puede estar por encima de la ley.

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