Al menos tres abogados del grupo firmaron, entre 2011 y este año, actas en las que aceptaban resarcir los daños generados por contaminación, ante denuncias de dueños de tierras patagónicas sujetas a la explotación de crudo.
Varios documentos a los que accedió Tiempo Argentino
en forma exclusiva demuestran que Repsol se había com
prometido hace más de un año a pagar cifras millonarias
para reparar los daños ambientales generados por la explo
tación petrolera que realiza en todo el país. Y que al menos
tres altos representantes legales del grupo, que ahora no
quiere hablar
con el gobierno de Cristina Kirchner sino con el próximo,
para “negociar” la cifra de una pretendida indemnización,
firmaron de puño y letra un plan de acción que debía ini
ciarse en abril pasado, con el objetivo de identificar esos
pasivos.
Los letrados actuaron en todo momento según instrucciones
del presidente de la petrolera, Antonio Brufau, que ante va
rias demandas presentadas por la Asociación de Superficia
rios de Petróleo (ASSUPA) contra la YPF que en ese momen
to conducía el catalán, decidió en marzo de 2011 invitar a
ASSUPA a sentarse en una mesa y cuantificar los daños.
Los acuerdos fueron suscriptos en reuniones desarrolladas du
rante todo 2011 y parte de este año, en oficinas de YPF y salas
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De los en
cuentros participaron funcionarios judiciales, delegados provin
ciales, damnificados directos y el ex CEO en Argentina de YPF,
Sebastián Eskenazi, además de representantes de otras petrole
ras demandadas.
En un escenario totalmente modificado por la expropiación, hoy
Brufau patea el tablero, prefiere hacer como que nadie firmó na
da, y esconde cualquier evidencia que pudiera obligarlo a hacerse
cargo de la deuda. Según estimaciones de los superficiarios, el
pasivo ambiental generado por la ex YPF en la última década su
pera los U$S 10.500 millones que los españoles pidieron como
condición para irse.
BORRAR CON EL CODO. El primer llamado que ASSUPA reci
bió de directivos de YPF fue a comienzos de marzo de 2011. Invita
ban a “acercar posiciones” antes de una conciliación obligatoria
que la Corte había fijado para el 23 de ese mes referida a una de
nuncia penal que los superficiarios iniciaron contra la petrolera
por desastres ecológicos registrados en la Cuenca Neuquina. El
16, a las 4 de la tarde, el presidente de la Asociación, Ricardo Apis,
ingresó por una puerta lateral de las oficinas de YPF, ubicada en
Macacha Güemes 515, Puerto Madero. En el piso 34 lo recibió el apoderado general, Mauro Dacomo, quien propuso acordar la fina
lización del pleito legal de contaminación (que el letrado prefirió
llamar “situaciones ambientales”). Eskenazi formó parte de la char
la. A su término, Dacomo firmó un documento donde se establece
que “las partes analizarán la factibilidad de encontrar conjunta
mente una propuesta que permita arribar a una solución consen
suada”. En el texto, además, YPF se compromete a trabajar en un “proyecto conjunto” con “plazos y garantías necesarias para su cumplimiento”.
Poco antes, el 23 de marzo, en un salón de la Corte Suprema y an
te el presidente del tribunal que entiende en la causa, YPF ratificó
su voluntad de estudiar los daños y pagarlos. Estaban representan
tes de La Pampa, Neuquén y Río Negro, de la Defensoría de la Na
ción, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y del
de la Corte, Cristian Abritta. Por la petrolera firmó otro de sus abo
gados, Gabriel Macchiavello.
Pero el compromiso más importante que Brufau esquiva en la ac
ualidad está fechado en abril del año pasado y estableció un plan
general de remediación. El texto se denomina “Objetivos, pautas
y plazos que regirán en el diálogo entre ASSUPA e YPF S.A. para
arribar a una solución conciliatoria en los autos ‘Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/YPF S.A. y Otros s/ Daño Ambien
tal’”.
En el documento, las partes “acuerdan elaborar un listado de situ
aciones ambientales susceptibles de haber generado daño ambien
tal”. El Punto 4 establece que “acordadas estas cuestiones, las par
tes presentarán un escrito conjunto informando a la CSJN las si
tuaciones ambientales identificadas junto con sus proyectos de
Plan Ambiental de Remediación. En el escrito conjunto que las
partes presenten a la CSJN se solicitará al Tribunal que fije un
plazo para que el Estado Nacional, las provincias interesadas y el
COFEMA expresen las observaciones que juzguen convenientes”.
Ese día, YPF aceptó de manera oficial el desempeño de peritos ju
diciales para estudiar los casos denunciados, en el marco de la Ley
General del Ambiente 25.675. El Punto 7 sostiene que “las partes solicitarán a la CSJN que apruebe los planes de remediación y el
modo en que judicialmente se ejecutará y controlará lo acordado”
. Al pie se lee la firma de Dacomo.
Con el proveído de la Corte, fechado en diciembre pasado, el crono
grama para estudiar los episodios de contaminación y la forma de resarcirlos se terminó de diseñar a principios de este año. Según el
plan, entonces aceptado por Eduardo Andrés Pigretti en represen
tación de YPF, se acordaron, no sólo lugares y fechas de futuras reuniones, sino incluso duración de las mismas: no más de cuatro
horas. En ese cronograma, también firmado por Macchiavello,
quedó establecido que el 23 de febrero de este año a las 10:30 se
llevaría a cabo la “Identificación de situaciones ambientales” por
parte de la empresa; el 8 de marzo a la misma hora haría lo propio ASSUPA; el día 22 se consensuaría la remediación entre ambas informaciones; y el 10 de abril pasado sería presentado el proyec
to ante la Corte, para comenzar a ponerlo en práctica en estos días.
Pero con su anuncio del día 16, Cristina hizo explotar la bomba.
en forma exclusiva demuestran que Repsol se había com
prometido hace más de un año a pagar cifras millonarias
para reparar los daños ambientales generados por la explo
tación petrolera que realiza en todo el país. Y que al menos
tres altos representantes legales del grupo, que ahora no
quiere hablar
con el gobierno de Cristina Kirchner sino con el próximo,
para “negociar” la cifra de una pretendida indemnización,
firmaron de puño y letra un plan de acción que debía ini
ciarse en abril pasado, con el objetivo de identificar esos
pasivos.
Los letrados actuaron en todo momento según instrucciones
del presidente de la petrolera, Antonio Brufau, que ante va
rias demandas presentadas por la Asociación de Superficia
rios de Petróleo (ASSUPA) contra la YPF que en ese momen
to conducía el catalán, decidió en marzo de 2011 invitar a
ASSUPA a sentarse en una mesa y cuantificar los daños.
Los acuerdos fueron suscriptos en reuniones desarrolladas du
rante todo 2011 y parte de este año, en oficinas de YPF y salas
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De los en
cuentros participaron funcionarios judiciales, delegados provin
ciales, damnificados directos y el ex CEO en Argentina de YPF,
Sebastián Eskenazi, además de representantes de otras petrole
ras demandadas.
En un escenario totalmente modificado por la expropiación, hoy
Brufau patea el tablero, prefiere hacer como que nadie firmó na
da, y esconde cualquier evidencia que pudiera obligarlo a hacerse
cargo de la deuda. Según estimaciones de los superficiarios, el
pasivo ambiental generado por la ex YPF en la última década su
pera los U$S 10.500 millones que los españoles pidieron como
condición para irse.
BORRAR CON EL CODO. El primer llamado que ASSUPA reci
bió de directivos de YPF fue a comienzos de marzo de 2011. Invita
ban a “acercar posiciones” antes de una conciliación obligatoria
que la Corte había fijado para el 23 de ese mes referida a una de
nuncia penal que los superficiarios iniciaron contra la petrolera
por desastres ecológicos registrados en la Cuenca Neuquina. El
16, a las 4 de la tarde, el presidente de la Asociación, Ricardo Apis,
ingresó por una puerta lateral de las oficinas de YPF, ubicada en
Macacha Güemes 515, Puerto Madero. En el piso 34 lo recibió el apoderado general, Mauro Dacomo, quien propuso acordar la fina
lización del pleito legal de contaminación (que el letrado prefirió
llamar “situaciones ambientales”). Eskenazi formó parte de la char
la. A su término, Dacomo firmó un documento donde se establece
que “las partes analizarán la factibilidad de encontrar conjunta
mente una propuesta que permita arribar a una solución consen
suada”. En el texto, además, YPF se compromete a trabajar en un “proyecto conjunto” con “plazos y garantías necesarias para su cumplimiento”.
Poco antes, el 23 de marzo, en un salón de la Corte Suprema y an
te el presidente del tribunal que entiende en la causa, YPF ratificó
su voluntad de estudiar los daños y pagarlos. Estaban representan
tes de La Pampa, Neuquén y Río Negro, de la Defensoría de la Na
ción, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y del
de la Corte, Cristian Abritta. Por la petrolera firmó otro de sus abo
gados, Gabriel Macchiavello.
Pero el compromiso más importante que Brufau esquiva en la ac
ualidad está fechado en abril del año pasado y estableció un plan
general de remediación. El texto se denomina “Objetivos, pautas
y plazos que regirán en el diálogo entre ASSUPA e YPF S.A. para
arribar a una solución conciliatoria en los autos ‘Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/YPF S.A. y Otros s/ Daño Ambien
tal’”.
En el documento, las partes “acuerdan elaborar un listado de situ
aciones ambientales susceptibles de haber generado daño ambien
tal”. El Punto 4 establece que “acordadas estas cuestiones, las par
tes presentarán un escrito conjunto informando a la CSJN las si
tuaciones ambientales identificadas junto con sus proyectos de
Plan Ambiental de Remediación. En el escrito conjunto que las
partes presenten a la CSJN se solicitará al Tribunal que fije un
plazo para que el Estado Nacional, las provincias interesadas y el
COFEMA expresen las observaciones que juzguen convenientes”.
Ese día, YPF aceptó de manera oficial el desempeño de peritos ju
diciales para estudiar los casos denunciados, en el marco de la Ley
General del Ambiente 25.675. El Punto 7 sostiene que “las partes solicitarán a la CSJN que apruebe los planes de remediación y el
modo en que judicialmente se ejecutará y controlará lo acordado”
. Al pie se lee la firma de Dacomo.
Con el proveído de la Corte, fechado en diciembre pasado, el crono
grama para estudiar los episodios de contaminación y la forma de resarcirlos se terminó de diseñar a principios de este año. Según el
plan, entonces aceptado por Eduardo Andrés Pigretti en represen
tación de YPF, se acordaron, no sólo lugares y fechas de futuras reuniones, sino incluso duración de las mismas: no más de cuatro
horas. En ese cronograma, también firmado por Macchiavello,
quedó establecido que el 23 de febrero de este año a las 10:30 se
llevaría a cabo la “Identificación de situaciones ambientales” por
parte de la empresa; el 8 de marzo a la misma hora haría lo propio ASSUPA; el día 22 se consensuaría la remediación entre ambas informaciones; y el 10 de abril pasado sería presentado el proyec
to ante la Corte, para comenzar a ponerlo en práctica en estos días.
Pero con su anuncio del día 16, Cristina hizo explotar la bomba.
INSEGURIDAD. A fines del mes pasado el ministro español
de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Mar
gallo se mostró amigable y pidió que la Argentina y España con
versaran como “naciones hermanas”, al tiempo que exhibió sus
quejas por las “expropiaciones discriminatorias” y adujo el prin
cipio de la seguridad jurídica para defender las amenazas de Bru
fau de recurrir a tribunales internacionales. Justamente dentro
de esos mismos principios es que se enmarcan los compromi
sos asumidos por los letrados del grupo despechado. Y también
las cinco demandas millonarias iniciadas hace varios años por
chacareros, propietarios de campos, productores y pueblos
originarios contra YPF por daños ambientales que se tramitan
en la Corte y en tribunales del interior, y que significarían que
Repsol, en lugar de cobrar una indemnización por la expropia
ción de YPF, tenga que pagar.
Las causas, reveladas en una investigación que Tiempo publicó
en mayo de 2011, corresponden a cada una de las cinco grandes
áreas de explotación petrolera del país. Del paquete se destaca
la vinculada a la Cuenca Neuquina. Se caratula “Asociación
Superficiarios de la Patagonia c/ YPF Y Otros s/ daño ambiental
”, y tramita por expediente A 1274/03, C.S.J.N. Las otras cuatro corresponden al resto de las cuencas: Golfo San Jorge
(ASSUPA c/Alianza Petrolera Argentina S.A. y Otros s/daño
ambiental, Expte. 28/2009 -Tomo 45 Letra A); Austral
(ASSUPA c/ YPF S.A. y Otros s/ daño ambiental, Expte. A 556
XLIII); Noroeste (ASSUPA c/Braspetrol y Otros s/ daño am
biental, Expte. 750/2010 Tº 46 Letra A); y Cuyana (ASSUPA
c/YPF y Otros s/AMPARO, Expte. 45.058/3, Juzgado Federal
de Mendoza Nro. 1).
Sólo en la cuenca neuquina, los daños en el ambiente genera
dos por la YPF privada alcanzarían los U$S 5000 millones. Ci
fra que fue reconocida en 2006 por el mismo Macchiavello,
uno de los firmantes de los compromisos de pago, cuando sos
tuvo que el reclamo de los superficiarios podía “llegar a una cifra multimillonaria de alrededor de 5000 millones de dólares por
las tareas de remodelación que habría que realizar” en esa zona.
El Estado Nacional, como explicó este diario el pasado 24 de
mayo, ya estimó en U$S 6000 millones el pasivo ambiental en
un grupo de provincias. Paralelamente, el relevamiento de
ASSUPA llevado a cabo en los 800 mil kilómetros cuadrados
que el país destina a la extracción de crudo, demuestra con
casos identificados que la deuda del grupo saliente pasa los
U$S 10 mil millones.
Ese estudio incluye información referida a tierras arruinadas,
derrames de hidrocarburos, modificaciones en la flora y la fauna, contaminación de lagos y napas subterráneas, muerte de ani
males, desertificación y construcción ilegal de caminos que ta
jean la llanura y miles de hectáreas de suelo fértil.
Se calcula que sólo en
la Cuenca Neuquina
hay 10 mil pozos con
taminantes, y que a
nivel nacional existen
18 mil “pozos satélite”
, como se denomina a
las perforaciones que cumplieron su ciclo pero que a pesar de
seguir filtrando desechos a las napas subterráneas, fueron aban
donadas por la ex YPF y otras concesionarias sin ningún tipo de saneamiento ambiental.
Los pasivos ambientales incluyen los caminos interiores y “pica
das” que conectan los pozos con obradores, depósitos de maqui
naria y oficinas administrativas levantadas en el campo. La Cu
enca Neuquina está cortada por 120 mil kilómetros lineales de
estos caminos (superficie quitada a la siembra y al pastoreo de
animales). Y se estima que contiene 12 mil piletones de 50 me
tros por 50 metros, y tres metros de profundidad, destinados a
volcar los residuos del petróleo extraído.
YPF también fue señalada por camuflar esas piletas como forma
de evitar fotografías aéreas que diesen pie a nuevas denuncias.
Y por no respetar la Ley 25.675, que en su artículo 22 establece
entre otras cosas que “Toda persona física o jurídica, pública o
privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los
cosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo
pudiere producir”.
MAGNITUD. Luis Arellano, abogado de ASSUPA especia
lista en Derecho Ambiental, reconoció a Tiempo Argentino
que el cálculo de los pasivos que las provincias están hacien
do para determinar la deuda general de Repsol “es una deci
sión correcta, pero la última palabra la debe tener el Estado
Nacional, como parece que va a ocurrir, según anuncios de
los últimos días. Las cuencas petroleras tienen una dimens
ión que excede a esas provincias, y por eso, las acciones y me
didas que puedan tomar nunca dejarán de ser un abordaje par
cial e incompleto de la problemática”.
El experto agregó que “el Río Colorado, por ejemplo, cruza cin
co provincias y ninguna de ellas en forma solitaria puede atri
buirse la posibilidad de sanearlo. Por eso, la recuperación de la
petrolera no sólo es una acción positiva en sí misma para el
futuro energético del país, sino que además ubica el daño am
biental como problemática de magnitud nacional, reforzada
ahora con el dictado de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarbu
rífera”.<
La clave - MOSCONI
En el informe Mosconi que elaboró la intervención a YPF se
señaló que las tierras contaminadas ubicadas en repositorios
sumaban casi 2 millones de metros cúbicos y que el costo de
su remediación superaría los U$S 115 millones.
señaló que las tierras contaminadas ubicadas en repositorios
sumaban casi 2 millones de metros cúbicos y que el costo de
su remediación superaría los U$S 115 millones.
“Presidenta, solicitamos que no se le pague a Repsol”
to fechada el pasado
15 de mayo y dirigida
a Cristina Fernández,
el presidente de ASSU
PA, Ricardo Apis, mani
festó su “satisfacción”
por la “firmeza con que
Ud. viene rechazando
tales pretensiones”, en referencia al lobby de Repsol y otras em
presas vinculadas a la producción de gas, que amenazaban con desabastecimiento y aumento de tarifas. “Elegimos esa metodo
logía para que Cristina se enterara rápidamente de nuestro apo
yo –explicó Apis a Tiempo Argentino–, y para ofrecerle los estu
dios que la Asociación hizo del daño ambiental generado por
YPF, cuya cifra supera ampliamente lo que pretenden los espa
ñoles.” La carta pide retener “los valores necesarios para las
remediaciones a que esos accionistas están obligados por la Cons
titución Nacional (Art. 41) y por la Ley General del Ambiente”.
Y agrega: “Solicitamos entonces que no se paguen las acciones
a Repsol ni se negocie con otras empresas, hasta tanto las mis
mas den cumplimiento con sus obligaciones para con todos los
ciudadanos argentinos, en particular los paisanos y pobladores
rurales más empobrecidos que hacen patria en las áridas tierras patagónicas y sólo cuentan con la esperanza de su protección.”
“La decisión de la presidenta de recuperar la petrolera fue extra
ordinaria –agregó Apis a Tiempo–, y si se hacen bien los cálculos
, es Repsol la que tiene que pagarle al Estado argentino, y no al
revés.”
“Estamos en condiciones de afirmar –continúa el texto enviado
a Balcarce 50– que existen en el país, desde Jujuy a Tierra del
Fuego, pasivos ambientales por los cuales se adeudan cifras millo
narias, más de lo que pretende cobrarnos Repsol a todos los ar
gentinos. De liquidarse dichas deudas, significaría el ingreso al
circuito económico de divisas muy importantes para reparar la
tierra, el agua y el aire en todo el territorio nacional.”
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