El proyecto anunciado por Cristina Kirchner genera rechazos en el Poder Judicial. Un abogado especialista dijo a LPO que la reforma afecta la naturaleza de las cautelares, proteger los derechos de propiedad, y que es una “protección excesiva del Estado”. Aseguran que será declarada inconstitucional.
Aunque se prevé que el camino en el Congreso de la Nación será corto y con pocos obstáculos, la reforma judicial anunciada ayer por Cristina Kirchner tendrá que atravesar un largo y complejo camino en el Poder Judicial, donde se da por hecho que las medidas más controvertidas serán declaradas inconstitucionales.
Una de las cuestiones que genera más controversia es la regulación de las medidas cautelares, un aspecto en el que Gobierno basó sus ataques a la Justicia tras los traspiés en la causa por la Ley de Medios y la expropiación del predio de la Sociedad Rural. Así, se busca impedir que los juecestraben por esa via la aplicación de leyes y decretos.
De acuerdo a lo anunciado por la presidenta, el proyecto establece que se limitará a seis meses la vigencia de las cautelares contra el Estado y en ese plazo deberá haber resolución sobre las cuestiones de fondo. Además, no podrá haber medidas cautelares de efecto patrimonial para el Estado porque éste nunca es insolvente.
El abogado Mauricio D'Alessandro, especialista en esta materia, advirtió en diálogo con LPO sobre los riesgos de esta reforma. En su opinión estas nuevas disposiciones generarán una “protección excesiva del Estado” y provocarán grandes perjuicios contra los ciudadanos o empresas que estén en litigio. Agregó que esta reforma “vuelve totalitario al Estado” ya que desprotege a quienes tienen su patrimonio en riesgo.
D'Alessandro puso como ejemplo el corralito de 2001. El abogado, que fue el primero en conseguir un amparo contra esa medida aplicada por el gobierno de Fernando De la Rúa, indicó que con esta nueva normativa ningún ahorrista hubiera conseguido sacar sus depósitos con medidas cautelares ya que dejaría de regir cuando el Estado apela. “Un ahorrista debería esperar para tener sus ahorros hasta que un juez decida sobre la causa, es ilógico. Un Gobierno podría ir por todos los depósitos nuevamente y no habría herramientas legales para que los ciudadanos puedan retirar su dinero”, explicó.
El legislador bonaerense comentó que ahora son muy pocas las veces en que un particular puede afectar al Estado con una medida de este tipo, pero con las nuevas normativas no lo podrá afectar nunca. “La cautelar tiene como misión específica evitar daños mayores”, un derecho que ahora queda seriamente afectado, indicó.
En ese sentido, D'Alessandro señaló que el límite a las cautelares afecta la naturaleza de este tipo de medidas, que es “proteger los derechos de propiedad de los individuos”. Al respecto afirmó que actualmente los juicios contra el Estado duran 8 años en promedio (la creación de la Cámara de Casación en lo Contencioso Administrativo podría hacerlos aún más largos), en los cuales no estaría protegido el patrimonio en riesgo. “Lo que se pone en riesgo son las libertades económicas”, añadió.
En la visión del abogado la regulación de las medidas cautelares será declarada inconstitucional. Según pudo saber LPO, la opinión es compartida dentro del ámbito judicial, donde se sostiene que sin cautelares no tiene sentido la aplicación de la Constitución Nacional. En la Justicia, además, sostienen que como el control de constitucionalidad es difuso los jueces tienen la capacidad de desechar la normativa y mantener las medidas cautelares.
El mecanismo de las cautelares se ha extendido en los tribunales argentinos. Lejos de estar en retroceso, están avanzando este tipo de medidas. Además de trabar acciones del gobierno, los jueces dictan las denominadas “cautelares innovativas” por las que obligan al Estado a llevar a cabo determinadas acciones para cumplir derechos.
Lo que el kirchnerismo llama “La industria de las cautelares” también incluye a jueces que dictan la medida y luego se declaran incompetentes, algo que cuestionó ayer Cristina en su discurso. No obstante, D'Alessandro recordó que el artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial establece que son válidas las medidas cautelares dictadas aunque las haya dictado un juez incompetente, “pero no prorrogará su competencia” y remitirá inmediatamente “las actuaciones al que sea competente”.
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