lunes, 29 de abril de 2013

Ahora la política usa los ciber para meter casinos clandestinos


En la provincia de Buenos Aires habría más de 300 locales de apuestas clandestinas con protección política y policial. Lo mismo ocurriría en Santa Fe. Cibercafés, clubes y bares son usados para instalar minibingos.

Una nueva forma de juego ilegal ha comenzado a extenderse en el interior de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, donde en los últimos tiempos se reiteraron los casos de locales habilitados como cibers o cibercafés en realidad funcionan como pequeñas salas de juego.
Dos semanas atrás se dieron dos casos donde se allanaron locales y se secuestraron varias computadoras que estaban preparadas para juegos de apuestas online. En Saladillo, la Policía y el Municipio ingresaron al cibercafé de un club e incautaron 23 equipos de computación y máquinas dedicadas al juego clandestino, según informó el diario local La Mañana. Lo mismo sucedió en un cibercafé.

Según el medio, un perito informático comprobó que las computadoras estaban configuradas para juegos online (ruleta y póker). El administrador del local le cobraba a los clientes y lo acreditaba en una cuenta online, mientras que el dinero era luego depositado a los dueños de las máquinas.

Algo similar sucedió en la ciudad santafesina de Rafaela, donde la policía secuestró 9 computadoras activadas para juego clandestino y dinero en efectivo, según reseñó el Diario Uno. Casos de idénticas características se habían dado en esa provincia el año pasado, donde locales habilitados como ciber contaban con computadoras usadas como una especie de casino virtual.

Según distintas versiones, en territorio bonaerense funcionarían más de 300 locales clandestinos de este tipo. Esos locales sirven como una nueva base de financiamiento para dirigentes políticos y autoridades policiales, que buscan hacerse a un lado de los históricos negocios ilegales que sirvieron para “hacer caja”.

Quienes operan este nuevo negocio son históricos financistas y “maquineros”, que encontraron un artilugio para montar minibingos en cibers, clubes y bares con computadoras que no requieren grandes avances tecnológicos para instalar los programas. Esos operadores clandestinos recibirían protección política y policial a cambio de financiamiento, una práctica más que habitual.

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