El kirchnerismo logró sancionar la ley que permite traer divisas del exterior y volcarlas en el mercado a través de bonos en desarrollo energético e inversiones inmobiliarias. El oficialismo logró quórum con lo justo y aprobó con 130 votos, sólo uno más que la mayoría.
El Gobierno logró su cometido: el kirchnerismo sancionó en Diputados la ley que habilita el blanqueo de capitales, al permitir volcar dólares en desarrollo energético e inversiones inmobiliarias.
Al oficialismo no le sobró nada. Logró quórum a las 12.12, a tres minutos de quedarse sin sesión por pasar media hora de la convocatoria. Y lo aprobó con 130 votos, uno más que la mayoría, aunque la oposición tuvo muchas ausencias y contó con sólo 107 manos levantadas.
El kirchernismo esperaba ganar con mayor holgura pero se sorprendió con la ausencia de uno de sus miembros del bloque: el santafesino Oscar “Cachi” Martínez, quien no dio quórum.
"Ni la defensa con convicción de un gobierno”, se defendió Agustín Rossi, al tiempo que defendió la ley al diferenciar entre “dinero negro y dinero sucio” porque, dijo, lo que se busca con ella es captar fondos provenientes de “negocios lícitos” que por determinadas razones fue sacado del circuito.
Pero rechazó la posibilidad de que se abra las puertas “al dinero sucio” que surge de actividades ilegales, como “la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas” y demás.
Ayer, Rossi había anunciado que el 1de junio se promulgaría y, de ese modo, ese día ya podrán repatriarse dólares.
Antes de su cierre pronunció un duro discurso su par radical, Ricardo Gil Lavedra. Calificó a la ley como “inequitativa, como todo blanqueo” e “irritante cuando los trabajadores están financiando por la inflación al Estado”, y advirtió que “solo puede atraer a los grandes delincuentes”.
Además, indicó que la medida demuestra que “la economía está estancada, no está en crecimiento” y que en realidad “es un manotazo de la peor calaña, es un manotazo a dinero sucio, a dinero ilegal”.
Claudio Lozano, de Unión Popular, expresó que el blanqueo es “una verdadera norma de excepción” y dijo que con ella el Gobierno no asume “el momento en el que estamos”, producto de que se “está desarticulando el régimen de política económica que se puso en marcha a partir de la salida de la convertibilidad”.
El debate
El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir el llamado "Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)" y "el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico", en valor dólar, destinados "exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos".
Además, habilita al Banco Central a poner en circulación el "Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)", en dólares y endosable, "como un medio para la cancelación de obligaciones" en la referida moneda extranjera.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, fue el miembro informante del kirchnerismo y aseguró que el objetivo de la medida es "lograr un shock de inversión" en el sector energético, la construcción y el inmobiliario, y le reclamó a la oposición que, en vez de criticar, diga "cómo piensa financiar al país".
"En ningún momento suspende las normas sobre lavado de dinero", señaló y explicó que "el único beneficio que se otorga" a quienes "exterioricen" capitales es la "exención impositiva", pero aclaró que una vez que los fondos ingresan al "circuito bancario formal, las instituciones financieras de Argentina tienen la obligación de aplicar íntegramente la normativa de lavado de dinero".
La respuesta de la UCR llegó de la mano del vicepresidente de la misma comisión, el radical Miguel Giubergia, recordó que es la "segunda vez" que durante el gobierno K se trata "un proyecto de blanqueo de capitales" y dijo que el propuesto "es un chiste de mal gusto, para los argentinos que cumplimos y respetamos la ley".
Agregó que la norma "penaliza" a quien "paga regularmente sus impuestos, ya que se eliminaron los regímenes de facilidades de pago, con el único objeto de maximizar la recaudación mensual antes de las elecciones, con la clara intención de hacer caja para comprar voluntades en los diferentes distritos del país".
El peronista disidente Eduardo Amadeo aseguró que la propuesta "reconoce el fracaso del modelo económico y el fracaso total de la política energética kirchnerista" y destacó que "Argentina y Corea del Norte son los dos únicos países en el mundo que se niegan a pedir financiamiento".
La socialista Alicia Ciciliani aseguró que su sector no quiere "una devaluación brusca que perjudique la producción y el empleo", como se los acusa desde el oficialismo, pero instó a frenar "el avance de la economía del delito con una política del Estado como políticas públicas y estrategia global de la región".
El cívico Alfonso Prat Gay, en tanto, reseñó que "el Gobierno dispuso otro blanqueo cinco años atrás con pobres resultados y el que propone ahora no lo puede defender el oficialismo en forma sólida porque este es el primer blanqueo en el que se discrimina a la moneda local y le da privilegios al que tiene dólares en negro", por eso lo consideró "una inmoralidad" que, a su entender, "no va a tener ningún efecto en la economía".
El macrista Federico Pinedo señaló que el Gobierno abre el blanqueo porque "se ha producido una caída en las reservas del Banco Central y estos dólares de delincuentes y evasores le va a servir para diluir esta caída", pero alertó que "endeudarse con delincuentes lo único que va a hacer es agregarle a la Argentina ser un país en el que es posible ser financiado por la delincuencia" mientras persisten los errores "que no se corrigen".
Para el peronista disidente Felipe Solá, "un blanqueo es un blanqueo, le pongan el título que le quieran poner" y dijo que en realidad significa "una aflojada absolutamente ética" del gobierno y que contradice "al meneado tema del peso en la Argentina".
Para el kirchnerista Carlos Heller, en cambio, con la ley "se busca generar la posibilidad y las condiciones para que, una parte de ese dinero que se fue, pueda volver y ponerse al servicio de proyectos productivos" y recordó que el modelo K "tiene como pilar que el financiamiento del crecimiento se base en el ahorro interno y no en el endeudamiento externo".
Al oficialismo no le sobró nada. Logró quórum a las 12.12, a tres minutos de quedarse sin sesión por pasar media hora de la convocatoria. Y lo aprobó con 130 votos, uno más que la mayoría, aunque la oposición tuvo muchas ausencias y contó con sólo 107 manos levantadas.
El kirchernismo esperaba ganar con mayor holgura pero se sorprendió con la ausencia de uno de sus miembros del bloque: el santafesino Oscar “Cachi” Martínez, quien no dio quórum.
"Ni la defensa con convicción de un gobierno”, se defendió Agustín Rossi, al tiempo que defendió la ley al diferenciar entre “dinero negro y dinero sucio” porque, dijo, lo que se busca con ella es captar fondos provenientes de “negocios lícitos” que por determinadas razones fue sacado del circuito.
Pero rechazó la posibilidad de que se abra las puertas “al dinero sucio” que surge de actividades ilegales, como “la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas” y demás.
Ayer, Rossi había anunciado que el 1de junio se promulgaría y, de ese modo, ese día ya podrán repatriarse dólares.
Antes de su cierre pronunció un duro discurso su par radical, Ricardo Gil Lavedra. Calificó a la ley como “inequitativa, como todo blanqueo” e “irritante cuando los trabajadores están financiando por la inflación al Estado”, y advirtió que “solo puede atraer a los grandes delincuentes”.
Además, indicó que la medida demuestra que “la economía está estancada, no está en crecimiento” y que en realidad “es un manotazo de la peor calaña, es un manotazo a dinero sucio, a dinero ilegal”.
Claudio Lozano, de Unión Popular, expresó que el blanqueo es “una verdadera norma de excepción” y dijo que con ella el Gobierno no asume “el momento en el que estamos”, producto de que se “está desarticulando el régimen de política económica que se puso en marcha a partir de la salida de la convertibilidad”.
El debate
El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir el llamado "Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)" y "el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico", en valor dólar, destinados "exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos".
Además, habilita al Banco Central a poner en circulación el "Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)", en dólares y endosable, "como un medio para la cancelación de obligaciones" en la referida moneda extranjera.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, fue el miembro informante del kirchnerismo y aseguró que el objetivo de la medida es "lograr un shock de inversión" en el sector energético, la construcción y el inmobiliario, y le reclamó a la oposición que, en vez de criticar, diga "cómo piensa financiar al país".
"En ningún momento suspende las normas sobre lavado de dinero", señaló y explicó que "el único beneficio que se otorga" a quienes "exterioricen" capitales es la "exención impositiva", pero aclaró que una vez que los fondos ingresan al "circuito bancario formal, las instituciones financieras de Argentina tienen la obligación de aplicar íntegramente la normativa de lavado de dinero".
La respuesta de la UCR llegó de la mano del vicepresidente de la misma comisión, el radical Miguel Giubergia, recordó que es la "segunda vez" que durante el gobierno K se trata "un proyecto de blanqueo de capitales" y dijo que el propuesto "es un chiste de mal gusto, para los argentinos que cumplimos y respetamos la ley".
Agregó que la norma "penaliza" a quien "paga regularmente sus impuestos, ya que se eliminaron los regímenes de facilidades de pago, con el único objeto de maximizar la recaudación mensual antes de las elecciones, con la clara intención de hacer caja para comprar voluntades en los diferentes distritos del país".
El peronista disidente Eduardo Amadeo aseguró que la propuesta "reconoce el fracaso del modelo económico y el fracaso total de la política energética kirchnerista" y destacó que "Argentina y Corea del Norte son los dos únicos países en el mundo que se niegan a pedir financiamiento".
La socialista Alicia Ciciliani aseguró que su sector no quiere "una devaluación brusca que perjudique la producción y el empleo", como se los acusa desde el oficialismo, pero instó a frenar "el avance de la economía del delito con una política del Estado como políticas públicas y estrategia global de la región".
El cívico Alfonso Prat Gay, en tanto, reseñó que "el Gobierno dispuso otro blanqueo cinco años atrás con pobres resultados y el que propone ahora no lo puede defender el oficialismo en forma sólida porque este es el primer blanqueo en el que se discrimina a la moneda local y le da privilegios al que tiene dólares en negro", por eso lo consideró "una inmoralidad" que, a su entender, "no va a tener ningún efecto en la economía".
El macrista Federico Pinedo señaló que el Gobierno abre el blanqueo porque "se ha producido una caída en las reservas del Banco Central y estos dólares de delincuentes y evasores le va a servir para diluir esta caída", pero alertó que "endeudarse con delincuentes lo único que va a hacer es agregarle a la Argentina ser un país en el que es posible ser financiado por la delincuencia" mientras persisten los errores "que no se corrigen".
Para el peronista disidente Felipe Solá, "un blanqueo es un blanqueo, le pongan el título que le quieran poner" y dijo que en realidad significa "una aflojada absolutamente ética" del gobierno y que contradice "al meneado tema del peso en la Argentina".
Para el kirchnerista Carlos Heller, en cambio, con la ley "se busca generar la posibilidad y las condiciones para que, una parte de ese dinero que se fue, pueda volver y ponerse al servicio de proyectos productivos" y recordó que el modelo K "tiene como pilar que el financiamiento del crecimiento se base en el ahorro interno y no en el endeudamiento externo".
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