Pino Solanas y Elisa Carrió avalaron el proyecto presentado por Mauricio Macri en defensa de la libertad de prensa y cuestionaron a Cristina Kirchner. "El gobierno nacional pretende dar un paso más en el proceso de concentrar medios", aseguraron.
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Los diputados Nacionales Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió y los legisladores porteños Julio Raffo, Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Maximiliano Ferraro afirmaron hoy que "el gobierno nacional pretende dar un paso más en el proceso de concentrar medios de comunicación directamente sometidos a sus designios y cómplices con el proceso de saqueo del patrimonio público que realiza".
"Hoy la libertad de expresión está gravemente amenazada y a punto de ser aniquilada y en este marco reconocemos en el DNU promulgado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, contenidos acordes con la tutela incondicional que requiere la libertad de expresión e imprenta (artículo 13 de San José de Costa Rica, artículo 32 de la Constitución Nacional y 47 de la CN de la Ciudad de Buenos Aires)" sostuvieron y acotaron "deploramos que el camino elegido no haya sido el procedimiento regular que la Constitución de la Ciudad prevé para la leyes, hubiese sido adecuado que Macri envíe una Ley y no un DNU".
"Por todo ello, y más allá de las diferencias que separan a los distintos pensamientos opositores entre sí y, eventualmente, con la línea editorial de Canal 13, convocamos a la ciudadanía para que, en este caso y en todos los casos en los cuáles se presenten amenazas análogas, a defender incondicionalmente la libertad de expresión que es esencial para el normal funcionamiento del Estado de derecho y de las instituciones republicanas", sostuvieron los diputados opositores.
Los diputados dijeron que "El gobierno ya ha degradado al Canal Público -Canal 7- al papel de órgano panfletario de sus medidas, en el justificador de sus atropellos a la Rpública y sus instituciones, en el defensor de sus funcionarios corruptos y en agresor incondicional de todos aquellos que cuestionamos su proceder".
"Ha concentrado en manos amigas -o de socios de recursos malhabidos- radios, canales y diarios configurando una inmensa red monopólica de propaganda oficialista que es sostenida con la pauta publicitaria oficial, en contra de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia respecto de las reglas que deben regir su distribución", afirmaron.
Para los diputados de Proyecto Sur y de la Coalición Cívica ARI, "ahora se amenaza con utilizar la ley que regula el Mercado de Capitales (No 26.831, Art 20) para intervenir y silenciar al Canal 13, uno de los pocos medios de comunicación audiovisual de alcance nacional que no se ha sometido al poder hegemónico y autoritario del Gobierno Nacional".
"El artículo 20 de la Ley 26.831 fue severamente criticado por cuanto mediante el mismo se otorgó a la CNV las facultades de designar veedores con facultad de vetar resoluciones adoptadas por el órgano de administración y el separar al órgano de administración por un plazo de 180 días cuando, a su criterio, fueren vulnerados los intereses de los accionistas", sostuvieron y dijeron "Esta norma no estaba previsto en la redacción presentada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni fue discutido en las sesiones de las Comisiones de Finanzas, y Presupuesto y Hacienda, fue introducida irregularmente por la mayoría oficialista en el Senado, generando su rechazo por parte de la oposición al partido gobernante".
"La intervención amenaza a la existencia de la pluralidad de medios se pretende dar un paso más en el proceso de someter a la opinión pública a un pensamiento único, silenciar los canales de expresión a los que pueden recurrir las fuerzas políticas opositoras y, de esa manera, encubrir la corrupción generalizada que afecta al Gobierno Nacional", concluyeron.
"Hoy la libertad de expresión está gravemente amenazada y a punto de ser aniquilada y en este marco reconocemos en el DNU promulgado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, contenidos acordes con la tutela incondicional que requiere la libertad de expresión e imprenta (artículo 13 de San José de Costa Rica, artículo 32 de la Constitución Nacional y 47 de la CN de la Ciudad de Buenos Aires)" sostuvieron y acotaron "deploramos que el camino elegido no haya sido el procedimiento regular que la Constitución de la Ciudad prevé para la leyes, hubiese sido adecuado que Macri envíe una Ley y no un DNU".
"Por todo ello, y más allá de las diferencias que separan a los distintos pensamientos opositores entre sí y, eventualmente, con la línea editorial de Canal 13, convocamos a la ciudadanía para que, en este caso y en todos los casos en los cuáles se presenten amenazas análogas, a defender incondicionalmente la libertad de expresión que es esencial para el normal funcionamiento del Estado de derecho y de las instituciones republicanas", sostuvieron los diputados opositores.
Los diputados dijeron que "El gobierno ya ha degradado al Canal Público -Canal 7- al papel de órgano panfletario de sus medidas, en el justificador de sus atropellos a la Rpública y sus instituciones, en el defensor de sus funcionarios corruptos y en agresor incondicional de todos aquellos que cuestionamos su proceder".
"Ha concentrado en manos amigas -o de socios de recursos malhabidos- radios, canales y diarios configurando una inmensa red monopólica de propaganda oficialista que es sostenida con la pauta publicitaria oficial, en contra de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia respecto de las reglas que deben regir su distribución", afirmaron.
Para los diputados de Proyecto Sur y de la Coalición Cívica ARI, "ahora se amenaza con utilizar la ley que regula el Mercado de Capitales (No 26.831, Art 20) para intervenir y silenciar al Canal 13, uno de los pocos medios de comunicación audiovisual de alcance nacional que no se ha sometido al poder hegemónico y autoritario del Gobierno Nacional".
"El artículo 20 de la Ley 26.831 fue severamente criticado por cuanto mediante el mismo se otorgó a la CNV las facultades de designar veedores con facultad de vetar resoluciones adoptadas por el órgano de administración y el separar al órgano de administración por un plazo de 180 días cuando, a su criterio, fueren vulnerados los intereses de los accionistas", sostuvieron y dijeron "Esta norma no estaba previsto en la redacción presentada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni fue discutido en las sesiones de las Comisiones de Finanzas, y Presupuesto y Hacienda, fue introducida irregularmente por la mayoría oficialista en el Senado, generando su rechazo por parte de la oposición al partido gobernante".
"La intervención amenaza a la existencia de la pluralidad de medios se pretende dar un paso más en el proceso de someter a la opinión pública a un pensamiento único, silenciar los canales de expresión a los que pueden recurrir las fuerzas políticas opositoras y, de esa manera, encubrir la corrupción generalizada que afecta al Gobierno Nacional", concluyeron.
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