Se trata del 30% del dinero que ingresa por ese impuesto a la provincia de Buenos Aires y es girado a los municipios. Como tiene designación directa a obras de infraestructura, buscaría que Cristina habilite un cambio de destino. Ante la falta de fondos, los intendentes tendrían que pagar los patrulleros para llevárselos.
Alejandro Granados quiere que los intendentes destinen el dinero del fondo sojero a financiar mejoras en la seguridad, para así paliar el vacío de fondos que el ex intendente de Ezeiza reconoce haber heredado de la gestión de Ricardo Casal. La propuesta la pelteó ayer en una cumbre que mantuvo con los secretarios de Seguridad de todos los intedentes de la provincia.
El fondo sojero fue creado por Cristina Kirchner en marzo del 2009 en medio de la pelea por las retenciones móviles con el campo, como una estrategia de Cristina para conseguir cierto respaldo del interior. Denominado Fondo Federal Solidario dispuso el giro a las provincias del 30% de lo recaudado por las retenciones a la soja, de lo cual el mismo porcentaje va directo a los municipios. La distribución se hace por medio de la ley de coparticipación, cálculo que siempre es motivo de queja de las provincias más grandes, que aseguran recibir demasiado menos de lo que aportan al tesoro.
El tema es que la ley establece explícitamente que los fondos deben gastarse en ofras de infraestructura, con preferencia en educación y salud; y si algún distrito desoye ese mandato y utiliza los recursos para gastos corrientes -como sería por ejemplo sueldos de policías o combustible para los patrulleros-, las transferencias se interrumpen de pleno derecho. La norma también dispone que la Sindicatura General de la Nación audite que se cumpla con el destino fijado.
Sin embargo, hace tiempo que las entidades agropecuarias aseguran que la mayoría de las comunas la usan para pagar sueldos. Aacaso, conocedor de esos movimientos, Granados planteó ayer a los funcionarios d elos municipios, que planeaba pedirle a Cristina Kirchner que le habilite un cambio de la ley para que los intendentes blanqueen que lo gastarán en seguridad.
A diferencia de Casal, el ex intendente no hace muchos esfuerzos en disimular sus aprietos económicos. “No tengo plata. El que se quieren llevar algo me lo pide y se lo lleva”, resumió ante los secretarios de seguridad. Y les ratificó que le parecíá´bien que los intendentes quieran asumir la conducción del tema de la seguridad en sus distritos. "El Gordo no te disfraza nada, ni vende un poder que no tiene como hacía Casal", afirmó a LPO uno de los asistentes a la reunión.
De hecho, el estilo de sinceridad total de Granados ya le causó un dolor de cabeza a Daniel Scioli, cuando días atrás blanqueó que los policías reales que tiene la provincia en la calle apenas superan los 30 mil, muy lejos de los casi 60 mil que proclamaba la provincia. Esta revelación que obligó a Scioli a enviar a su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, a corregirla, abrió un enorme interrogante: ¿A dónde van a parar los fondos de todos los policías que faltan? Se habla de una tremenda caja policial a partir de inventar puestos y de enormes cantidades de carpetas médicas fraguadas para justificar las ausencias.
En la reunión de ayer otro de los reclamos de los funcionarios municipales fue por la eterna demora en la entrega de unos 500 patrulleros nuevos prometidos por Casal y que la provincia ya compró. Granados no anduvo con vueltas: confesó que la demora se debe a que no hay fondos para blindarlos y en la demora por retirarlos los móviles subieron su cotización, o sea, ahora hay que pagar unos 15 mil pesos extra
-más el costo del blindaje- para retirarlos.
“Yo no tengo plata, pero si ustedes pueden, pagan lo que falta y se los llevan”, ofreció
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