“Ya no quedan dudas de la validez de esta norma. Y el gobierno bonaerense la está violando ya que el año pasado, mediante una simple resolución, habilitó el ingreso de una constructora vinculada a Cristóbal López en la concesión de las autovías 2 y 11, cuando la Ley de Medios establece que es incompatible que un empresario de medios partícipe en la concesión de un servicio público”, señaló el legislador Martello
“Ya no quedan dudas de la validez de esta norma. Y el gobierno bonaerense la está violando ya que el año pasado, mediante una simple resolución, habilitó el ingreso de una constructora vinculada a Cristóbal López en la concesión de las autovías 2 y 11, cuando la Ley de Medios establece que es incompatible que un empresario de medios partícipe en la concesión de un servicio público”, recordó el legislador.
Martello agregó que “acá no puede haber privilegios para nadie. La norma tiene que ser cumplida por todos, sean o no amigos del gobierno. Nosotros venimos advirtiendo de esta situación desde hace varios meses, y los funcionarios sospechosamente miran para otro lado”.
A través de un comunicado difundido por Martello, se recordó que el 30 de junio del año 2011, el gobierno bonaerense firmó con tres grupos empresarios -BENITO ROGGIO E HIJOS S.A, ESUCO S.A (de Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) y HELPORT S.A (de Eduardo Eurnekián)- el traspaso de la explotación y mantenimiento, por el término de 30 años, de las rutas 2 y 11.
La nueva concesionaria, que adquirió la forma de una Unión Transitoria de Empresas conocida como “Autovía del Mar”, se hizo cargo del sistema vial (en reemplazo de las empresas Covisur y de Camino del Atlántico), que también incluye otras rutas que conducen a la Costa como la 36, 56, 63 y 74.
El mencionado consorcio le había ganado la pulseada al grupo Eskenazi (Petersen), que se había presentado en sociedad con José Cartellone S.A, Supercemento S.A, Cruz S.A y Rovella Carranza S.A.
Al año siguiente, el 18 de abril de 2012, el ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, firmó una resolución mediante la cual se autorizó el ingreso de la constructora CPC S.A.
Al analizar la composición accionaria de esta firma, surge que el zar kirchnerista del juego es director suplente. En tanto, el vice de la compañía es la mano derecha de Cristóbal, Fabián de Sousa, que sería un hombre clave en la gestión de los medios de comunicación del grupo. Y el presidente es Osvaldo Manuel de Sousa, familiar del principal colaborador del empresario K.
El ingreso de Cristóbal se produjo mediante un pedido de la propia sociedad Autovía del Mar para aumentar su capital social en la suma de $19.689.469, que adicionado al capital que ya tenía de la firma, elevó el patrimonio a $98.447.344.
La ampliación de este capital quedó representado por la emisión de acciones Clase “D”, suscriptas por CPC S.A, distribuidas de la siguiente manera: BENITO ROGGIO E HIJOS S.A, 26,67%; ESUCO S.A, 26,67%; HELPORT S.A, 26,66%; y la mencionada CPC S.A, 20%.
Tanto la Unidad de Análisis Económico Regulatorio de Concesiones Viales, como la Subsecretaría de Obras Públicas y la Asesoría General de Gobierno, dieron el aval a la resolución ministerial, que el jueves 26 de abril del año pasado fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Ninguno de estos organismos hizo mención al hecho de que CPC S.A no había formado parte del proceso de licitación. Ese mismo jueves se conoció que Cristóbal López, a través del Grupo Indalo, le había comprado al empresario Daniel Hadad los medios: C5N, Radio 10 y las FM Vale, Mega, Pop y TKM.
Casi un año más tarde, el 4 de marzo de 2013, la mayoría kirchnerista en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) aprobó la venta de los medios del Daniel Hadad al Grupo Indalo, y sólo se requirió a López que desprendiera de las licencias de Vale y TKM.
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