Pasaron más de dos años desde que Lijo tiene la causa y podría pasar un tiempo similar hasta que, en caso de que la acusación prosperara, se elevara a juicio oral. O sea, cuando Boudou no fuera más vicepresidente. Pero así como los tiempos judiciales se estiran algunas veces, otras veces se comprimen. ¿Qué puede influir para una cosa o la otra?
A principios de abril de 2012, Daniel Rafecas sufrió un traspié por unos mensajes que cruzaba con Ignacio Danuzzo Iturraspe. Ambos se conocían desde hacía años. El problema fue que Danuzzo Iturraspe era el abogado de Amado Boudou en una causa que estaba en el juzgado federal número 3, precisamente a cargo de Rafecas. El abogado hizo público esos mensajes y la causa pasó al federal 4, a cargo de Ariel Lijo. En aquel momento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-Amado Boudou tenía como respaldo la cercanía del 54% de los votos obtenidos en octubre de 2011. La bisagra había sido que el fiscal Carlos Rívolo había encabezado un allanamiento en un departamento propiedad del vicepresidente. La onda expansiva llegó de inmediato al entonces procurador Esteban Righi, quien debió darse “por cagado a pedos” por parte de un estrecho colaborador de la Presidenta y buen amigo suyo. Pero Righi no sólo debió dejar la procuración, sino que recibió el embate del propio Boudou, que disparó no sólo contra Rímolo y Righi, entre otros tantos, sino también contra el estudio Righi, donde desempeña la abogacía la esposa del hasta entonces procurador.
Esta historia puede contarse en clave de vodevil, con infinidad de capítulos y casi ninguna certeza. Es cierto que atraen los rumores y los escándalos más que los datos fríos. Y los datos fríos dan a pensar que todavía puede haber muchísimas más idas y venidas. En principio, porque los plazos procesales, tras la indagatoria al vicepresidente, son indicativos y no mandatarios. Y porque si bien Boudou está imputado por el fiscal Jorge Di Lello por negociaciones incompatibles con la función pública, un eventual auto de procesamiento puede ser por esa carátula o por la que Lijo considere adecuada. Pero ahí no chocan los planetas. Luego viene la vista de las partes, la segura apelación a la Cámara Federal.
Es decir, pasaron más de dos años desde que Lijo tiene la causa y podría pasar un tiempo similar hasta que, en caso de que la acusación prosperara, se elevara a juicio oral. O sea, cuando Boudou no fuera más vicepresidente. Pero así como los tiempos judiciales se estiran algunas veces, otras veces se comprimen. ¿Qué puede influir para una cosa o la otra? Lo primero que puede influir es la escalada de Boudou contra el juez. Así como el vicepresidente dice, con razón, que le resulta injusto ser manoseado por los medios todo el tiempo, el juez Lijo podría resolver rápido y que así terminen calificativos como “cachivache” o empleado de (Héctor) Magnetto. Pero se supone que personas que ejercen responsabilidades no viven sólo de ataques de nervios. La mayoría de las veces, más bien, se trata de imposturas. Entonces, lo que importa es la valoración de las pruebas. Cuando la causa la tenía Rafecas era un secreto a voces en Comodoro Py que el expediente tenía muchos datos que complicaban a Boudou. Además de la valoración de la prueba, en este tipo de causas pesa la parte intangible de la política: una combinación del humor, la percepción política y las expectativas de hasta dónde puede llegar un simple mortal que ocupa una silla judicial que tiene la obligación de juzgar a otro simple mortal pero que está sentado nada menos que en la silla de la vicepresidencia de la Nación.
Tanto Rafecas como Lijo son jueces federales desde 2004, con lo cual nadie puede decir que provengan de la vieja familia judicial. Concretamente fueron designados durante el gobierno de Néstor Kirchner. Rafecas siempre fue muy querido por las Abuelas y Madres, al menos las de Línea Fundadora, por cómo instruyó las causas por delitos de lesa humanidad. A Lijo tampoco se lo puede acusar de pertenencia a grupos de poder concentrado. Mejor dicho, se lo puede acusar y Boudou lo acusa en cuanta entrevista brinda, pero sus defensores no tienen ningún argumento como para recusarlo. Y sin pruebas contundentes, salvo que Lijo pierda el tino y le conteste en los mismos términos, en el Consejo de la Magistratura no habría los votos suficientes como para que prosperara una recusación.
Hay dos preguntas inquietantes que van más allá de la difícil predicción acerca de los tiempos y el desenlace procesal de esta causa. La primera es si algo cambió para que desde abril de 2012 esta causa anduviera a tranco más bien lento y que ahora es tratada en los medios como si se estuviera ante un partido por los cuartos de final del mundial. La razón principal es intangible como son buena parte de las cuestiones de poder. En la percepción de algunos magistrados y fiscales cambió la relación de fuerzas. Boudou quedó golpeado en su imagen pública. En buena medida por campañas sistemáticas de los medios opositores y también por sus propias conductas. Y esto remite a la segunda pregunta: por qué la estrategia discursiva del vicepresidente es mostrarse agresivo con el juez. Una estrategia oficial podría haber sido mantenerse silencioso, respetuoso de la investidura judicial. Esa estrategia hubiera resultado pedagógica, republicana, para el bronce. Pero, cualquier observador de las conductas del Gobierno sabe que estos fueron –y parece que siguen siendo– años de polarización y confrontación. Basta ver en qué programas de radio y televisión salió esta semana Boudou para constatar que dialogó con Víctor Hugo Morales y estuvo en 6-7-8. Al mismo tiempo disparaban sobre él desde otros programas. Muchos periodistas se preguntan “por qué Cristina no le suelta la mano”. Otros afirman que “habría que dinamitar Comodoro Py”. Los primeros ven la causa Ciccone como una manera de esmerilar al Gobierno. Los segundos quizá deban recordar que son los poderes legislativo y ejecutivo los que convierten un abogado, bueno o malo, más amigo o menos amigo, en juez o fiscal.
Esta historia puede contarse en clave de vodevil, con infinidad de capítulos y casi ninguna certeza. Es cierto que atraen los rumores y los escándalos más que los datos fríos. Y los datos fríos dan a pensar que todavía puede haber muchísimas más idas y venidas. En principio, porque los plazos procesales, tras la indagatoria al vicepresidente, son indicativos y no mandatarios. Y porque si bien Boudou está imputado por el fiscal Jorge Di Lello por negociaciones incompatibles con la función pública, un eventual auto de procesamiento puede ser por esa carátula o por la que Lijo considere adecuada. Pero ahí no chocan los planetas. Luego viene la vista de las partes, la segura apelación a la Cámara Federal.
Es decir, pasaron más de dos años desde que Lijo tiene la causa y podría pasar un tiempo similar hasta que, en caso de que la acusación prosperara, se elevara a juicio oral. O sea, cuando Boudou no fuera más vicepresidente. Pero así como los tiempos judiciales se estiran algunas veces, otras veces se comprimen. ¿Qué puede influir para una cosa o la otra? Lo primero que puede influir es la escalada de Boudou contra el juez. Así como el vicepresidente dice, con razón, que le resulta injusto ser manoseado por los medios todo el tiempo, el juez Lijo podría resolver rápido y que así terminen calificativos como “cachivache” o empleado de (Héctor) Magnetto. Pero se supone que personas que ejercen responsabilidades no viven sólo de ataques de nervios. La mayoría de las veces, más bien, se trata de imposturas. Entonces, lo que importa es la valoración de las pruebas. Cuando la causa la tenía Rafecas era un secreto a voces en Comodoro Py que el expediente tenía muchos datos que complicaban a Boudou. Además de la valoración de la prueba, en este tipo de causas pesa la parte intangible de la política: una combinación del humor, la percepción política y las expectativas de hasta dónde puede llegar un simple mortal que ocupa una silla judicial que tiene la obligación de juzgar a otro simple mortal pero que está sentado nada menos que en la silla de la vicepresidencia de la Nación.
Tanto Rafecas como Lijo son jueces federales desde 2004, con lo cual nadie puede decir que provengan de la vieja familia judicial. Concretamente fueron designados durante el gobierno de Néstor Kirchner. Rafecas siempre fue muy querido por las Abuelas y Madres, al menos las de Línea Fundadora, por cómo instruyó las causas por delitos de lesa humanidad. A Lijo tampoco se lo puede acusar de pertenencia a grupos de poder concentrado. Mejor dicho, se lo puede acusar y Boudou lo acusa en cuanta entrevista brinda, pero sus defensores no tienen ningún argumento como para recusarlo. Y sin pruebas contundentes, salvo que Lijo pierda el tino y le conteste en los mismos términos, en el Consejo de la Magistratura no habría los votos suficientes como para que prosperara una recusación.
Hay dos preguntas inquietantes que van más allá de la difícil predicción acerca de los tiempos y el desenlace procesal de esta causa. La primera es si algo cambió para que desde abril de 2012 esta causa anduviera a tranco más bien lento y que ahora es tratada en los medios como si se estuviera ante un partido por los cuartos de final del mundial. La razón principal es intangible como son buena parte de las cuestiones de poder. En la percepción de algunos magistrados y fiscales cambió la relación de fuerzas. Boudou quedó golpeado en su imagen pública. En buena medida por campañas sistemáticas de los medios opositores y también por sus propias conductas. Y esto remite a la segunda pregunta: por qué la estrategia discursiva del vicepresidente es mostrarse agresivo con el juez. Una estrategia oficial podría haber sido mantenerse silencioso, respetuoso de la investidura judicial. Esa estrategia hubiera resultado pedagógica, republicana, para el bronce. Pero, cualquier observador de las conductas del Gobierno sabe que estos fueron –y parece que siguen siendo– años de polarización y confrontación. Basta ver en qué programas de radio y televisión salió esta semana Boudou para constatar que dialogó con Víctor Hugo Morales y estuvo en 6-7-8. Al mismo tiempo disparaban sobre él desde otros programas. Muchos periodistas se preguntan “por qué Cristina no le suelta la mano”. Otros afirman que “habría que dinamitar Comodoro Py”. Los primeros ven la causa Ciccone como una manera de esmerilar al Gobierno. Los segundos quizá deban recordar que son los poderes legislativo y ejecutivo los que convierten un abogado, bueno o malo, más amigo o menos amigo, en juez o fiscal.
La Argentina profunda. Cualquiera podrá advertir un marcado escepticismo en las líneas precedentes. El lado oscuro del poder, de las influencias y juegos ocultos no debería ser la agenda de los medios. Sencillamente porque la prensa debería asumir, con distintas miradas y sentidos, la agenda de la sociedad. Es cierto que muchos medios ignoraron el reciente anuncio de la moratoria provisional. Y entonces qué decir de por qué el Gobierno posterga las estadísticas sobre pobreza. La situación económica es compleja: la producción industrial lleva seis meses de caída, la inflación cede pero sigue siendo alta y se desataron algunos conflictos gremiales vinculados a suspensiones y algunos despidos. Precisamente, la situación en la planta de Gestamp desató fuego cruzado entre varios frentes. El gobierno provincial dictó una conciliación obligatoria que cayó mal en la Casa Rosada porque obliga a retrotraer el conflicto al día antes y eso significa la reincorporación del grupo de obreros que había ingresado ilegalmente a la planta y “tienen paralizados a miles de trabajadores”. Es preciso debatir los límites de las protestas pero en la historia de las luchas sociales siempre aparecen sectores más combativos y otros más conciliadores. Esto no sólo en la militancia de sectores de izquierda no peronistas contra quienes cargan los dirigentes ortodoxos. Uno de los grandes logros del kirchnerismo fue buscar vías de diálogo y durante años encausó pacíficamente los conflictos, aun con grupos de izquierda frontalmente opositores.
En paralelo con la situación automotriz, se agudizó la situación en las plantas de Techint, donde afiliados del sindicato de Camioneros tienen bloqueadas seis plantas de Ternium Siderar. El sindicato de Hugo Moyano reclama por la situación de 18 trabajadores de una empresa tercerizada. En realidad, el Ministerio de Trabajo bonaerense avanzó en la negociación. Esta vez, los adversarios no son “los infiltrados” sino “los traidores”. Más allá de los calificativos, ya no se trata sólo de los excluidos, de los que ocuparon tierras o reclaman planes: en el centro de estas peleas están grandes empresas multinacionales, sindicatos poderosos y los trabajadores industriales de sectores clave de la economía.
Es difícil advertir cómo incidirá en los puestos de trabajo la actual situación económica y cuánta es la presión real de las bases y cuánto el tironeo político. Tras una reciente reunión, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina publicó una solicitada en la que afirma que “la injerencia de la política no puede darse en el estamento del trabajo”. Si bien, las figuras centrales fueron los dirigentes de los gremios de mecánicos y metalúrgicos, Ricardo Pignanelli y Antonio Caló, también estuvieron los petroleros privados. El diputado nacional del Frente Renovador y referente de ese gremio Alberto Roberti, que tiene el récord de inasistencia a las sesiones, sumó su voz para condenar a los grupos de izquierda, que también hicieron pie en ese sector. La realidad es que la política está muy presente en el contradictorio ajedrez del sindicalismo en un momento donde la situación social requiere mucha atención. La Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer sus mediciones sobre la pobreza en el distrito más rico del país. En 2013, el 28,4% de los porteños tuvieron ingresos menores al costo de la canasta básica y el 5,6% no pudo cubrir la canasta básica alimentaria. Cifras que, en el contexto de este 2014, no bajarán.
Las políticas de inclusión, como la Asignación Universal por Hijo, las viviendas del Procrear, la moratoria previsional o el pago a los juicios jubilatorios, son muy importantes. Son uno de los motores de estos últimos años. Para que esas políticas crezcan se necesitan recursos genuinos y que no generen inflación. Es difícil que los eventuales dólares que lleguen del exterior formen parte de los programas de reconversión industrial, auxilios a las pymes o directamente de generación de empleo. Esos dólares, en todo caso, sirven para equilibrar las cuentas nacionales, evitar la caída de reservas y darle fortaleza a la moneda nacional. Para el lado social de la economía, los recursos deberán salir de avanzar en la eliminación de subsidios muy mal distribuidos y de una política fiscal progresiva. Y eso es un problema de este gobierno y del que venga, cualquiera sea el signo que tenga.
En paralelo con la situación automotriz, se agudizó la situación en las plantas de Techint, donde afiliados del sindicato de Camioneros tienen bloqueadas seis plantas de Ternium Siderar. El sindicato de Hugo Moyano reclama por la situación de 18 trabajadores de una empresa tercerizada. En realidad, el Ministerio de Trabajo bonaerense avanzó en la negociación. Esta vez, los adversarios no son “los infiltrados” sino “los traidores”. Más allá de los calificativos, ya no se trata sólo de los excluidos, de los que ocuparon tierras o reclaman planes: en el centro de estas peleas están grandes empresas multinacionales, sindicatos poderosos y los trabajadores industriales de sectores clave de la economía.
Es difícil advertir cómo incidirá en los puestos de trabajo la actual situación económica y cuánta es la presión real de las bases y cuánto el tironeo político. Tras una reciente reunión, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina publicó una solicitada en la que afirma que “la injerencia de la política no puede darse en el estamento del trabajo”. Si bien, las figuras centrales fueron los dirigentes de los gremios de mecánicos y metalúrgicos, Ricardo Pignanelli y Antonio Caló, también estuvieron los petroleros privados. El diputado nacional del Frente Renovador y referente de ese gremio Alberto Roberti, que tiene el récord de inasistencia a las sesiones, sumó su voz para condenar a los grupos de izquierda, que también hicieron pie en ese sector. La realidad es que la política está muy presente en el contradictorio ajedrez del sindicalismo en un momento donde la situación social requiere mucha atención. La Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer sus mediciones sobre la pobreza en el distrito más rico del país. En 2013, el 28,4% de los porteños tuvieron ingresos menores al costo de la canasta básica y el 5,6% no pudo cubrir la canasta básica alimentaria. Cifras que, en el contexto de este 2014, no bajarán.
Las políticas de inclusión, como la Asignación Universal por Hijo, las viviendas del Procrear, la moratoria previsional o el pago a los juicios jubilatorios, son muy importantes. Son uno de los motores de estos últimos años. Para que esas políticas crezcan se necesitan recursos genuinos y que no generen inflación. Es difícil que los eventuales dólares que lleguen del exterior formen parte de los programas de reconversión industrial, auxilios a las pymes o directamente de generación de empleo. Esos dólares, en todo caso, sirven para equilibrar las cuentas nacionales, evitar la caída de reservas y darle fortaleza a la moneda nacional. Para el lado social de la economía, los recursos deberán salir de avanzar en la eliminación de subsidios muy mal distribuidos y de una política fiscal progresiva. Y eso es un problema de este gobierno y del que venga, cualquiera sea el signo que tenga.
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