El PRO respalda la continuidad de Boudou como vicepresidente

LPOMichetti rechazó que el vice deba pedir licencia y Macri, al igual que La
rreta, pidió "dejar que la Justicia actúe".

La cúpula del PRO reaccionó con extrema cautela ante el llamado a declara
ción indagatoria y Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez La
rreta evitaron pedir que el vicepresidente se tome una licencia mientras se lo
investiga por las irregularidades en la venta de la ex Ciccone.

La reacción de las figuras del PRO sorprende por la diferencia de tono respec
to a la del resto de la oposición, incluso con integrantes de su propio partido
como las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes anunciaron que
presentarán una ampliación del pedido de juicio político contra Boudou.

Pero las opiniones de Macri, Michetti y Larreta no sorprenden teniendo en
cuenta que el propio jefe de Gobierno desde 2010 se encuentra procesado -en
 rigor está más comprometido que Boudou- en la causa por las presuntas escu
chas ilegales y está más que claro que nunca se apartó de su cargo.

Al respecto, en el kirchnerismo se encargaron de difundir que esta semana la
 Cámara Federal confirmaría el procesamiento de Macri y podría mandarlo a
juicio oral. El juez Sebastián Casanello había dejado fuera del juicio oral al líder
del PRO y su defensa pidió la semana pasada que se confirme esa decisión.

"Es una causa inventada. La Legislatura, donde el PRO no tenía mayoría, deci
dió si se votaba o no un juicio político. Siendo minoría, decidió que no había
motivos para un juicio político", se defendió ayer Macri.

Pero el jefe de Gobierno evitó pedir el desplazamiento de Boudou y señaló que
 espera que "la Justicia actúe libremente". En cambio, sí le apuntó a Cristina Kir
chner al afirmar que “uno es responsable de las personas que convoca. Si nos equi
vocamos, tenemos que asumir un costo”.

Macri no es el único complciado judicialmente en el PRO. El diputado nacional y ex presidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger fue procesado por el mega
canje del gobierno de Fernando de la Rúa.

Por su parte, Michetti fue más explícita y afirmó que no está de acuerdo con que
el vicepresidente se aparte de su cargo por el llamado a indagatoria que hizo el ju
ez Ariel Lijo. "Si fuera alguien de mi espacio diría lo mismo", se atajó.

"Aunque sea de otro partido político y a mí me convenga tirarle más cosa feas en
cima, prefiero decir que la Justicia está avanzado, es bueno eso y respetemos lo
 que la Justicia dice. Si la persona está ejerciendo su función y no está intervini
endo para que la justicia se frene, entonces quedémonos con esa situación, por
que si no el principio de inocencia lo pasamos por arriba", agregó la senadora na
cional.

Los dichos coinciden con los de Rodríguez Larreta, aunque el jefe de Gabinete
se encargó de diferenciar el caso Ciccone con el de las escuchas ilegales. "Lo que
 haga Boudou es una decisión de él. Estando la declaración indagatoria hay que
dejar que la Justicia actúe y tiene que ir a fondo", planteó.

La medida posición del PRO coincide con el buen momento que atraviesa la rela
ción con el Gobierno nacional y las versiones de un pacto, alimentadas por las dos
 fotos que se sacaron Cristina y Macri en el último mes y los repetidos acuerdos
 entre ambos partidos en el Congreso nacional y la Legislatura porteña.

Esta posición sobre Boudou también podría complicar los coqueteos de Macri
 con sectores del Frente Amplio Unen, como el de Ernesto Sanz y Lilita Carrió con quienes se mostró el fin de semana y que tienen una postura totalmente opuesta
en este tema.

Como adelantó LPO, el senador radical impulsará en el Senado un pedido para 
que el vicepresidente se aparte del cargo. “Creo que es urgente un pedido de li
cencia de Boudou. Eso le hará bien al país, al gobierno y a la justicia”, planteó
 días atrás. En tanto, Carrió quiere destituirlo mediante un juicio político.

Sucede que la lucha contra la corrupción es la principal bandera de Unen y cual
quier posición dubitativa en este tema los dejaría mal parados. "Los delitos come
tidos por los saqueadores de la Argentina deben ser declarados imprescriptibles y
 fijarse como prioridad la recuperación del dinero de la corrupción para destinar
lo a las deudas sociales", plantea uno de los puntos del “Acuerdo de San Nicolás”
que firmaron la semana pasada los cinco presidenciables de la alianza.