Por
Eduardo Anguita
El mismo día en que Cristina Fernández de Kirchner esté en Fortaleza, Brasil, junto a los mandatarios del BRICS, Amado Boudou tendrá que concurrir a los tribunales para prestar declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo. El 15 de julio no fue pensado como fecha para competir con titulares de diarios del día siguiente. La explicación tiene una lógica procesal: tras la comparecencia, el juez tiene 10 días hábiles para decidir si le dicta auto de procesamiento o desestima la acusación fiscal y declara la falta de méritos. Como entre el 21 de julio y el 1º de agosto se realiza la feria judicial, ese plazo será más largo. Desde ya, así lo dicen las normas y no siempre se cumplen.
Lijo recibió esta causa que había estado en manos del juez Daniel Rafecas y el conflicto explotó cuando aceptó un pedido del fiscal Carlos Rívolo para allanar una propiedad de Boudou en Puerto Madero. Tan sensible era el tema para la Casa Rosada que de inmediato fue destituido Esteban Righi, hasta entonces procurador general de la Nación. Esto sucedió hace más de dos años. La llegada de Lijo dio cierta tranquilidad a la defensa de Boudou. Pero, claro, la causa no podía estirarse como un chicle. En los últimos días, Lijo tomó declaración a Ariel Rebello, quien fuera presidente de la Casa de Moneda antes de la llegada de Katya Daura, enviada de Boudou a esa repartición. Los dichos de Rebello habrían sido la puntada final para la determinación de Lijo. Según Rebello, el vicepresidente frenó un plan del Gobierno para modernizar la Casa de la Moneda y terminar de ese modo con el rol de Ciccone Calcográfica en la impresión de billetes. Eso, sumado a la cantidad de contradicciones sobre si Boudou conocía o no a los nuevos titulares de la empresa, llevó a Lijo a citarlo a indagatoria.
La causa es tan complicada que hace pocos días trascendió que uno de los integrantes del tribunal de alzada de Lijo –la Sala I de la Cámara Federal porteña– tenía decidido un voto para apartar al juez de la causa, tal como lo había pedido la defensa de Boudou. Concretamente se trata de Eduardo Farah, quien lo había comentado con algunos allegados y se filtró la información a la prensa. Por supuesto, para avanzar en un juicio político a Lijo, se necesitaba por lo menos un voto más. Esto, en el nuevo escenario, quedó abstracto. Es cierto que el juez hizo una modificación, quizás una concesión a la defensa, al citar a indagatoria a Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone.
Desde ahora hasta agosto el tema estará al rojo vivo. Lijo, según dicen en el juzgado, tiene ya decidido avanzar en la imputación a Boudou. Eso significaría que, tras un eventual auto de procesamiento, el juez debería darle vista al fiscal Jorge Di Lello, y luego debería instruirse el juicio propiamente dicho, donde el vicepresidente tendrá la posibilidad de poner todas las pruebas que tenga para evitar una condena. Por supuesto, los plazos procesales no siempre se cumplen y esto podría estirarse mucho más.
Lijo recibió esta causa que había estado en manos del juez Daniel Rafecas y el conflicto explotó cuando aceptó un pedido del fiscal Carlos Rívolo para allanar una propiedad de Boudou en Puerto Madero. Tan sensible era el tema para la Casa Rosada que de inmediato fue destituido Esteban Righi, hasta entonces procurador general de la Nación. Esto sucedió hace más de dos años. La llegada de Lijo dio cierta tranquilidad a la defensa de Boudou. Pero, claro, la causa no podía estirarse como un chicle. En los últimos días, Lijo tomó declaración a Ariel Rebello, quien fuera presidente de la Casa de Moneda antes de la llegada de Katya Daura, enviada de Boudou a esa repartición. Los dichos de Rebello habrían sido la puntada final para la determinación de Lijo. Según Rebello, el vicepresidente frenó un plan del Gobierno para modernizar la Casa de la Moneda y terminar de ese modo con el rol de Ciccone Calcográfica en la impresión de billetes. Eso, sumado a la cantidad de contradicciones sobre si Boudou conocía o no a los nuevos titulares de la empresa, llevó a Lijo a citarlo a indagatoria.
La causa es tan complicada que hace pocos días trascendió que uno de los integrantes del tribunal de alzada de Lijo –la Sala I de la Cámara Federal porteña– tenía decidido un voto para apartar al juez de la causa, tal como lo había pedido la defensa de Boudou. Concretamente se trata de Eduardo Farah, quien lo había comentado con algunos allegados y se filtró la información a la prensa. Por supuesto, para avanzar en un juicio político a Lijo, se necesitaba por lo menos un voto más. Esto, en el nuevo escenario, quedó abstracto. Es cierto que el juez hizo una modificación, quizás una concesión a la defensa, al citar a indagatoria a Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone.
Desde ahora hasta agosto el tema estará al rojo vivo. Lijo, según dicen en el juzgado, tiene ya decidido avanzar en la imputación a Boudou. Eso significaría que, tras un eventual auto de procesamiento, el juez debería darle vista al fiscal Jorge Di Lello, y luego debería instruirse el juicio propiamente dicho, donde el vicepresidente tendrá la posibilidad de poner todas las pruebas que tenga para evitar una condena. Por supuesto, los plazos procesales no siempre se cumplen y esto podría estirarse mucho más.
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