lunes, 6 de abril de 2015

Córdoba adelanta las elecciones

El gobierno cordobés convocará a elecciones provinciales para el próximo 5 de julio, ocasión en la que se elegirá gobernador, vicegobernador y 70 legisladores para el período 2015-2019, según aseguró el ministro de Comunicación, Jorge Lawson.
El funcionario expresó a la prensa que, en las próximas horas, "el gobernador oficializará la convocatoria" para el domingo 5 de julio, que será publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

"Es una decisión que reafirma el federalismo cordobés y continúa lo que es una costumbre: votamos en fecha distinta a las elecciones nacionales, porque se trata de una elección local, la más importante para nuestra provincia", precisó Lawson.

El funcionario destacó que la fecha fue elegida teniendo en cuenta que, en agosto, se celebrarán "las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)", a nivel nacional, y agregó que el 5 de julio será el primer domingo de ese mes, lo que evitará superponer los comicios con "el inicio de las vacaciones de invierno y de la feria judicial", que suelen comenzar después del 6 de julio.

Pese a que aún no fue oficializada la convocatoria, desde el 18 de febrero ya funciona el Tribunal Electoral de Córdoba, creado por la Ley 9.840 como autoridad con competencia en materia electoral para organizar, dirigir y juzgar toda elección general convocada en el marco del Código Electoral provincial.


En varias ocasiones, el gobernador, José Manuel de la Sota, expresó que las elecciones se celebrarían "en forma separada de las elecciones nacionales, porque en Córdoba rige otro sistema electoral".

La alusión es al hecho de que, en Córdoba, desde los comicios de 2011, se vota mediante la Boleta Unica de Sufragio, que es confeccionada por la Justicia provincial y que contiene en una única papeleta toda la oferta electoral disponible, por parte de los diferentes partidos o alianzas, para todos los cargos en juego.

Desde comienzos de este año, la falta de definición de la fecha de las elecciones fue duramente criticada por la oposición, en particular por parte de los radicales, que pedían "igualdad de condiciones" y seguridad en materia electoral, en Córdoba.

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