FpV La Costa - Proyecto referente a toma de posición y repudio al protocolo anti piquete.

El Bloque del Frente Para La Victoria, presentó en el HCD de La Cos ta, con la adhesión de: "Movimiento Evita", "Cta, Regional La Costa  y General Lavalle", "La Jauretche", "Unidos Y Organizados", "Nuevo  Encuentro La Costa", "Apdh Regional Tuyú", "La Campora", "Obser vatorio De Pensamiento Costero", "Cooperativa Trabajadores De La  Costa", "Suteba La Costa y General Lavalle", "Bloque De Consejeros  Escolares Del Fpv, Partido De La Costa" un proyecto referente a toma  de posición y repudio al “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUER ZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS” , conocido como protocolo anti piquete, autoría del Concejal Marcelo  Pavka.

HONORABEL CONCEJO DELIBRANTE DE LA COSTA VISTO Y CONSIDERANDO FUNDAMENTOS La puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de se guridad del Estado en manifestaciones públicas” aprobado el 17 de Fe brero de 2016 por el Consejo de Seguridad Interior (CSI) reunido en Ba riloche, pone en juego aspectos esenciales de la democracia, y su apli cación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de peti ción a las autoridades y la libertad de expresión. “…En toda situación de protesta social se ponen en pugna dos derechos constitucionales; por un lado, el legítimo derecho a manifestarse, y, por  el otro, el derecho a la libre circulación. La protección de estos dere chos debe realizarse de manera armónica, propugnando la vigencia de  ambos. Especialmente preocupante resulta el hecho de que el nuevo  protocolo deja en  manos de las fuerzas de seguridad la manera de inter venir frente a la protesta. Se prevé que  “El Jefe del Operativo de Segu ridad impartirá la orden que los manifestantes deben desistir” del corte , “retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos  garantizando siempre la libre circulación”. Y si los manifestantes “no  cumplieran con la orden” se les hará saber que están violando el Códi go Penal, se pondrá en conocimiento de la situación a la Justicia y “se  procederá a intervenir y disolver la manifestación” …” (Fundamentos  del Proyecto ´presentado por legisladores de Nuevo Encuentro, CABA) “…El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser  abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera  respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de  seguridad. En nuestro país, el corte de calles y la ocupación de espa cios públicos tienen una larga tradición como método de lucha social. Lamentablemente, también tenemos una larga historia de represiones a  protestas sociales en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a mu chos manifestantes o los hirieron gravemente. Esa historia explica que  distintas medidas tomadas entre 2002 y 2011 prohibieran que los efecti vos portaran armas de fuego y establecieran que las balas de goma no  pueden ser disparadas al cuerpo de las personas para que desalojen un  espacio. El nuevo protocolo no prohíbe la portación de armas de fuego  de los policías que pudieran entrar en contacto con manifestantes…”  (Opinión del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS) Desde el Gobierno Nacional, se intentó enmendar este tema aduciendo  que en la primera línea de represión, no se utilizarían armas letales. “… Sin embargo, no hay ni en el texto de la resolución ni en las declaracio nes de la ministra (de seguridad) ninguna referencia a con qué criterios  se utilizarán estas armas ni qué controles habrá. Se trata de un cambio  de política alarmante ya que las llamadas “armas no letales” producen  heridas graves y pueden matar, como ocurrió en el caso del maestro  Carlos Fuentealba en 2007…” (Opinión del Centro de Estudios Legales  y Sociales, CELS) Por otra parte, el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad  del Estado en manifestaciones públicas”parte de considerar que toda  protesta constituye flagrante delito y deja en manos de las fuerzas de  seguridad -juzgando en forma sumaria- definir qué protestas permiten  y cuáles no, negando el principio de inocencia y violando numerosos  fallos judiciales que han reconocido que el derecho a la protesta está por  sobre eventuales problemas de tránsito. Además habilita a las fuerzas  de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194  del Código Penal impuesto por el dictador Onganía. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, expresó que en “en el no venta y nueve por ciento” de los casos “no habrá balas de goma” frente  a los piquetes, pero no especifica que esté prohibida la portación de ar mas de fuego. “…Después de la explicación de Bullrich de que los manifestantes “ten drán cinco o diez minutos” para liberar piquetes antes de que actúen las  fuerzas de seguridad, Burzaco … precisó … “Nuestra idea es que cese el  delito. Queremos volver a un equilibrio entre el derecho a manifestar y pe ticionar y el derecho a circular libremente”. Es dable aclarar que Burzaco  era el Jefe de la Policía Metropolitana cuando ocurrió el desalojo del Par que Indoamericano y esa fuerza, que llevaba plomo oculto en balas de  goma, fue la que se determinó que mató a dos personas que estaban en  extremos opuestos del predio. Del operativo participó también la Policía  Federal. (Fuente diario Página 12 Sábado, 20 de febrero de 2016) En La Rioja, una de las provincias que se negaron a firmar el protocolo,  el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, cuestionó: “Se esta blece de antemano que, sin importar la naturaleza del reclamo y el con senso que tenga en la sociedad, el Gobierno irá al choque con los mani festantes, quienes además serán enteramente responsables de las consecuencias”. El protocolo, subrayó, “no significa otra cosa que crimi nalizar la protesta”. Brizuela lo analizó como “correlato de las medidas  que se están tomando con relación al empleo”. “El Gobierno por un lado  echa a los trabajadores y reduce a la mínima expresión el poder adquisiti vo del salario de aquellos que se salvan de los despidos, mientras que  por el otro, previendo el comportamiento lógico que es la justa protesta  social amparada por la Constitución, los espera con hombres armados  listos para reprimir y así invisibilizar cualquier manifestación popular”,  detalló. En otro sentido, además de lo expuesto, hay que destacar otro aspecto  del mencionado protocolo. La Red de Carreras de Comunicación Social  y Periodismo de Argentina (REDCOM) manifestó su “profunda preocu pación” ante el protocolo porque “La historia nos enseña que el derecho  a la protesta asegura el ejercicio de otros derechos y que en el desarro llo de manifestaciones callejeras está en juego la libertad de expresión  de amplios sectores sociales que no tienen acceso a los medios de co municación regidos bajo el paradigma empresarial o controlados por el  gobierno al que se plantean las demandas”. En su declaración del 17 de enero del 2016 de la APDH Argentina, mani festó “…Entendemos esta actitud como una acto de provocación a la li bertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional y los Trata dos Internacionales que la integran, libertad de expresión que todos he mos podido ejercer en los últimos años, incluso aquellos medios masi vos de comunicación que en más de una ocasión estuvieron al borde de  la conspiración. Por tal motivo, llamamos a las autoridades del Estado a establecer cami nos de diálogo dentro del Estado de derecho, con la protesta social y los organismos de DDHH, donde debe estar garantizado el derecho a la liber tad de reunión y expresión de las personas en los espacios públicos, sin restricciones ni discriminaciones…” Los asesinatos de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki el 26 de junio de  2002 en la estación de Avellaneda quedaron retratados en la cámara de  un reportero gráfico y evitaron que se impusiera la idea de que la crisis  causó dos nuevas muertes, como tituló el diario Clarín. El nuevo Proto colo pretende regular y condicionar el trabajo de los periodistas que cu bran los desalojos violentos, implicando entonces un serio atentado con tra la libertad de expresión en Argentina. La prescripción de una “zona de ubicación determinada” para los trabaja dores de la comunicación que impone el Protocolo “implica un condicio namiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para  los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los mani festantes” El bloque de Diputados Nacionales del FpV-PJ , en un proyecto de resolu ción presentado, indica que “La historia de las luchas sociales y las manifestaciones populares en Argentina nos ha enseñado que ‘una zona determinada por la policía’ puede servir para ocultar un accionar represi vo cuando no ilegal”. Tomando argumentos de la Asociación de Reporte ros Gráficos Argentinos (ARGRA), señalan antecedentes de nuestra histo ria reciente, donde el trabajo periodístico sin censuras permitió iluminar  tramas oscuras de las fuerzas de seguridad, como los asesinatos de Kos teki y Santillán en 2002, la represión en el Parque Indoamericano (2010),  el asesinato de Mariano Ferreyra (2010), o la inusitada violencia en el Hos pital Borda (2013). “Los trabajadores de prensa que cubren la protesta so cial necesitan garantías para su seguridad física, y para la realización de  su labor: cubrir los hechos con libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”. “…Este gobierno ha demostrado desde su inicio -y anteriormente ya en su  gestión en la Ciudad de Buenos Aires con la Unidad de Control del Espa cio Público (UCEP) y la Policía Metropolitana- su voluntad de castigar cual quier medida de lucha o expresión social, encontrándonos como ejemplos  el encarcelamiento absolutamente irregular y revanchista de la compañe ra Milagro Sala en la provincia de Jujuy, así como también la absurda re presión a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo en el Bajo Flores hi riendo de bala a niños y adolescentes, y la violencia ejercida en Ezeiza  contra los obreros de Cresta Roja, en la Ciudad de La Plata contra los tra bajadores municipales y cooperativistas, y en otras ocasiones…” indica  una comunicado de la Juventud del Movimiento Evita, del Partido de la  Costa. Asimismo, aparecen alternativas al Protocolo, tal el caso de los Diputados Provinciales del Frente para la Victoria (FpV) y de otras fuerzas, quienes presentaron, en la Legislatura provincial de la Provincia de Santa Fe, un  proyecto que impulsa una nueva metodología de control de la protesta so cial, aunque sin adherir al cuestionado protocolo antipiquetes oficializado recientemente por el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa promueve la  figura de un responsable político del accionar policial, además de la inter vención de un mediador por parte del Estado y de un funcionario del área  de Derechos Humanos que reciba denuncias en caso de registrarse abu sos. La base de abordaje de los conflictos será el diálogo y la policía no  tendrá contacto directo con los manifestantes.  “Se trata de una estructu ra de funcionamiento para actuar frente a los reclamos sociales, porque  el Estado tiene que compatibilizar los derechos a protestar y a circular”,  explicó el diputado provincial Leandro Busatto (FpV). El ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, aclaró que “ba jo ningún concepto” la administración del gobernador  Miguel Lifschitz buscará “criminalizar la protesta”. Por todo lo expuesto en los fundamentos, elevamos el siguiente PROYECTO DE RESOLUCIÓN EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE LA  COSTA RESUELVE Artículo 1°: Este cuerpo deliberativo, expresa su mas amplio repudio al “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ES TADO EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS”, por considerarlo violatorio de  los derechos humanos inalienables, marcados en nuestra Constitución y  en los tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por  nuestro país. Artículo 2°: Solicitase al Poder Ejecutivo Nacional la rectificación del cita do Protocolo, requiriéndose una nueva elaboración que no contenga vio laciones a los derechos y garantías constitucionales. Artículo 3°:Repudiar las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patri cia Bullrich, en relación a la aplicación del protocolo, cuando manifestó  “…en 5 minutos se van o los sacamos…” configurando que estas expre siones son una amenaza, en voz de una funcionaria que tiene que velar  por la seguridad de los ciudadanos. Artículo 4°: Notifíquese de la presente, al Poder Ejecutivo Nacional, a las  dos cámaras del Poder Legislativo Nacional y Provincial, a los Departa mentos Deliberativos de la Provincia de Buenos Aires, y a los medios de  prensa. Artículo 5°:de forma. Prof. Marcelo Pavka Concejal Frente Para la Victoria