l blanqueo no excluye a jueces y legisladores, como pretendía Carrió

LPOTampoco a contratistas del Estado, otra exigencia. Los funciona

rios excluidos son los que estuvieron desde 2010.

Mauricio Macri cumplió a medias con el pedido de Elisa Carrió. Si bien el Gobierno finalmente excluyó la posibilidad de que los funcionarios pue
dan ingresar al blanqueo de capitales -algo que también reclamó la
 UCR y sugirió el peronismo-, el proyecto que ingresó anoche al Con
greso no prohíbe que jueces, legisladores y contratistas del Estado 
puedan acogerse a ese beneficio, como también exigía Lilita.

Uno de los datos más saliente es que la exigencia de Carrió fue cumpli
da sólo en parte. La líder de la Coalición Cívica ha sido una férrea opo
sitora a los blanqueos del kirchnerismo y el lunes lanzó una dura ad
vertencia contra la idea del Gobierno, asegurando que sería "un es
cándalo moral" que se incluya a funcionarios de los tres poderes. Esa
 posición, indicó, es "innegociable".El texto -adelantado anoche en ex
clusiva por LPO- incluye una variada gama de normas: el blanqueo, el
 pago de las sentencias a los jubilados, la pensión para adultos mayo
res que no tienen aportes, el acuerdo por la coparticipación con las 
provincias, el fin del cepo a la venta de acciones de Anses, nuevas 
disposiciones sobre el FGS, una moratoria impositiva, beneficios pa
a los que estén al día con la AFIP, modificaciones en Bienes Persona
les y Ganancias, la derogación del impuesto a la Ganancia mínima pre
sunta y la creación de una Comisión Bicameral para la reforma impo
sitiva, entre otras.

La CC reclamó en un comunicado que "los funcionarios de los tres po
deres del Estado y de todos los niveles de administración, así como 
los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas
 en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas
del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo
Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad".

Pero el texto definitivo que ingresó a la Cámara de Diputados no ex
cluye a los integrantes del Poder Legislativo y el Poder Judicial, este
 último que mantiene una dura batalla con Carrió que presentó un pe
dido a la Corte Suprema para que muestre las declaraciones juradas
 de todos los integrantes del fuero federal. Además, Lilita coló un ar
tículo en la Ley de Acceso a la Información Pública en el que obliga
 a los jueces publicar su información patrimonial, algo que generó un 
duro rechazo de los magistrados.

El diputado de la CC Fernando Sánchez defendió hoy el proyecto del 
oficialismo, pero resaltó que "debería excluirse de la posibilidad de 
blanqueo también a funcionarios de los otros dos poderes". El diri
gente adelantó en radio Continental que también discutirán el plazo 
que el Gobierno puso para los funcionarios excluidos: aquellos que 
estuvieron en la función pública desde el 1º de enero de 2010 a la ac
tualidad. Es decir que, por ejemplo, un ministro del gobierno de Nés
tor Kirchner podría ingresar al blanqueo.

En el caso de los contratistas del Estado también era una exigencia 
de la CC, pero en el radicalismo y el peronismo -claves para que la ley 
sea aprobada- consideran que esa exclusión reduciría casi por com
pleto el universo de posibles aportantes al blanqueo.

Los excluidos del blanqueo

El artículo 81 del proyecto (ver adjunto) establece que "quedan ex
cluidos" del blanqueo quienes "entre el 1º de enero de 2010 y la pre
sencia de la vigente ley" hayan ocupado cargos en la administra
ción nacional, desde presidente y vice, jefe de gabinete, ministros,
 secretarios y subsecretarios.

También excluye a quienes se desempeñaron como interventores
 federales (y sus colaboradores directos), Síndico General de la Na
ción, síndico adjunto, autoridad de entes reguladores y demás orga
nismos de control. También el personal de esos organismos, aque
llos con categoría director o superior.

Tampoco podrán ingresar embajadores, cónsules o funcionarios 
destacados en misiones oficiales; altos mandos de las Fuerzas Ar
madas, las fuer
zas federales y el Servicio Penitenciario Federal; rectores, decanos
 o secretarios de universidades nacionales; y todo el personal de 
los organismos de inteligencia.

Asimismo, se excluyen a personal con categoría director o supe
rior de toda la administración pública nacional, entidades autár
quicas, bancos oficiales, obras sociales del Estado, empresas es
tatales o designados por el gobierno en empresas con participa
ción estatal. También a aquellos que tuvieron o tienen responsa
bilidad en el otorgamiento o control de habilitaciones, y en el pro
ceso de adjudicación de licitaciones o compras del PEN.

En el artículo 82, se excluye a las personas declaradas en estado
 de quiebra, a los condenados con sentencia firme por delitos 
previstos en la Ley Penal Tributaria y en el Régimen Penal Tribu
tario, y condenados por otros delitos vinculados al incumplimien
to de obligaciones tributarias. También a personas jurídicas cu
yos integrantes hayan sido condenados por alguno de esos de
litos.

Finalmente, se excluye a los procesados por delitos contra el or
den económico y financiero, lavado de activos, financiamiento
 del terrorismo, estafa, usura, quebrados, falsificación de mone
da, falsificación de marcas, encubrimiento por recibir u ocultar 
dinero o bienes provenientes de delitos, y procesados por homi
cidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual o 
secuestro extorsivo.