lunes, 29 de agosto de 2016

Alonso confirma que las denuncias de Carrió son una embestida del Gobierno contra la Corte

LPOLa Oficina Anticorrupción “ofreció su cooperación” para que
 los jueces presenten sus declaraciones juradas.
Laura Alonso confirmó que las denuncias de Elisa Carrió contra los jueces de la Corte Suprema son una embestida del Gobierno contra el Máximo Tribunal luego del fallo que frenó el tarifazo del gas.
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) ofreció a Lorenzetti; al presi
dente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y a la Procura
dora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, su “cooperación y asis
tencia técnica” para publicar las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de los
 integrantes de estos organismos en su sitio web (www.anticorrupcion.
gov.ar).
La “cooperación” de Alonso, que desde que asumió en la OA es cuestio
nada por jugar abiertamente a favor del Gobierno, se da horas después 
de que Lilita volviera a pedir que Lorenzetti y compañía presenten sus 
declaraciones patrimoniales, un pedido que había sido respondido en 
mayo y la chaqueña consideró “insuficiente”.
Como anticipó LPO, el nuevo pedido de Carrió, por ende, sonó en el 
mundo judicial como una provocación por parte del propio Gobierno, 
molesto por el fallo contra el tarifazo, más que un capricho de la dipu
tada.
La OA le recordó a los titulares de la Corte, la Magistratura y la Procura
ción que "la libre accesibilidad de las DD.JJ. de los funcionarios públi
cos nacionales -incluidos jueces y fiscales- para que puedan ser con
sultadas por toda persona interesada de forma gratuita es una obliga
ción establecida por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Públi
ca N° 26.857".
"La publicación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales
 en forma proactiva y su posibilidad de acceso libre a través de internet 
constituye un mecanismo más efectivo para garantizar el principio de 
publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la infor
mación pública", resalta un documento enviado a esos funcionarios,
 que lleva la firma de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lu
cha contra la Corrupción, Laura Alonso.
Asimismo, sostiene que "la presente propuesta es concordante con la
 política de apertura de datos dispuesta por el Decreto N° 117 del año 
2016" y destaca que "la Convención de las Naciones Unidas contra la
 Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción pro
mueven la transparencia, el acceso a la información pública y la parti
cipación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción".
"La disponibilidad de los datos públicos constituye un elemento catali
zador para el fortalecimiento del proceso democrático", concluye.

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