Corrupción policial e inacción en la política de Seguridad

Aunque se detectó que un integrante de la cúpula cuenta con un
 patrimonio millonario y 154 jefes de la fuerza no presentaron sus de
claraciones juradas, aún ninguno fue echado. Mientras tanto, la inseguri
dad castiga a los vecinos

Cuando en forma clara y rotunda se percibe que la corrupción, en am
plios sectores de los mandos policiales, está naturalizada y la inse
guridad gana terreno  provocando desastres, con unos 11 crímenes en 
la región solo en el mes de agosto, todo parece indicar que desde el
 Ministerio de Seguridad bonaerense no se toman acciones concretas
 para lograr el cambio que la mayoría de la comunidad votó 
en las últimos elecciones.

Ayer se supo que la Dirección General de Asuntos Internos del
 Ministerio de Seguridad avanza en el análisis de las declara
ciones juradas presentadas por los jefes policiales. En particular, la
 del comisario general del escalafón administrativo, Néstor Martín
 (abajo a la izquierda(, quien actualmente es el superintendente de 
Coordinación Operativa e integra la cúpula de la Policía Bonaerense.

Como ya informó este diario, Martín admitió un patrimonio de más de 
4 millones de pesos, y entre los bienes que posee figuran siete propie
dades con una valuación fiscal de $ 1.500.332.

Sin embargo, ante esta situación llama la atención que desde 
la cartera que conduce Cristian Ritondo aún no lo hayan desplazado, 
aunque en los pasillos del Ministerio se comenta que Martín “de esta 
no zafa”.

Es que ya tomaron conocimiento de que Martín ascendió de forma
 vertiginosa e inaudita en su carrera policial cuando el jefe de la 
Policía eraJuan Carlos Paggi, durante el gobierno de Scioli, y que 
cumplía la función de administrar todos los recursos de la fuer
za: horas extras, compra de insumos, combustible, vehículos, etc.

A Paggi lo siguió Hugo Matzkin y a este último, Pablo Bressi
 al mando de la Bonaerense. Martín siempre mantuvo su cargo de ad
ministrador. 

Por eso, desde el Sindicato de la Policía de Buenos Aires (Sipoba), 
están seguros de que 

Martín no puede justificar ni respaldar con sus ingresos el millona
rio patrimonio que posee, por lo que bien podría ser procesado por 
enriquecimiento ilícito.

A esto hay que sumarle que el Ministerio de Seguridad bonae
rense dispuso sanciones para 154 policías que estaban obligados
 a presentar la declaración jurada de bienes y no lo hicieron luego de 
dos plazos que se les habían concedido. Ahora serán investigados pa
ra determinar si están involucrados en algún delito.

Según se explicó, los uniformados que no declararon sus patri
monios fueron suspendidos por cinco días con descuento de haberes
 y ahora serán investigados por la Unidad de Información Financiera
 (UFI) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y La
vado de Activos (Procelac).

¿Por qué no los echan?

En ambas situaciones, la de Martín y la de los 154 efectivos menciona
dos, se advierte que Ritondo actúa con tibieza. Le da lugar a la 
Justicia ordinaria, cuando tiene todo como para además, en el mar
co de la Ley de Emergencia en Seguridad, desplazar a los sospecho
sos.

¿Por qué Ritondo no toma la determinación de echar a los poli
cías corruptos? ¿Estará siendo extorsionado? ¿Será el funcionario
 adecuado para manejar los hilos de un Ministerio clave en la Provin
cia?

Mientras tanto, la gente es rehén de esta maraña. Crecen los casos 
de inseguridad y el paradigma de la mayoría de los altos mandos po
liciales es ver cómo recaudar más de forma ilegal, en lugar de preo
cuparse por el servicio de seguridad que deben brindar a la comunidad.

Un decreto, dos plazos y ausencia de embargos

El decreto 116, firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal en 
marzo pasado, obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e 
integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar 
anualmente su declaración patrimonial.

Para el caso de los integrantes de la fuerza de seguridad el decreto 
obligó a declarar bienes a uniformados con rango igual o 
superior al de subcomisario o equivalente, personal de categoría infe
rior a cargo de una comisaría, personal que maneja fondos públicos o 
que administra patrimonio público.

Cerca de 6.500 efectivos fueron alcanzados por el decreto. Al venci
miento del plazo legal para completar el trámite, habían queda
do sin hacer la presentación unos 390 policías, por lo que Se
guridad resolvió prorrogar el plazo por otros 30 días. Cumplida
esa extensión, finalmente fueron 154 los uniformados que no se 
adecuaron a la exigencia legal.

Cabe recordar que si una persona que tiene una pyme no presenta la
 declaración jurada en tiempo y forma, desde el Estado se le embargan
 las cuentas, sin chance de prórroga.