lunes, 3 de abril de 2017

Imputados por el tarifazo

Mauricio Macri y Juan José Aranguren están siendo investigados
 por la sospecha de que el aumento de la tarifas de gas del año
 pasado tuvo la intención de favorecer a empresarios, como Nicky
 Caputo o Joe Lewis.
El fiscal federal Franco Picardi pidió investigar al presidente Mauricio Macri y al ministro de Energía, Juan José Aranguren, ante la 
sospecha de que el aumento en la tarifa de gas dispuesto el año 
pasado fue con la intención de favorecer a empresarios que
 incursionaron en el rubro energético como Nicolás Caputo, Joe
 Lewis y Marcelo Mindlin.
Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la Fiscalía a 
cargo de Picardi impulsó la investigación a partir de una presen
tación de la Procuraduría de Investigaciones administrativas
 (PIA) de Sergio Rodríguez.
Todo se inició cuando en agosto del año pasado el juez Claudio
 Bonadio extrajo testimonios de la causa "Aranguren Juan José 
y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de fun
cionario público" a raíz de los aumentos de gas dispuestos en
 2016, que fueron duramente cuestionados por el nivel de
 incremento y por no haber mediado audiencia pública.
Los fiscales de la PIA Sergio Rodríguez y Santiago Eyherabide 
hicieron entonces una presentación denunciando un posible
 caso de negociaciones incompatibles con la función pública,
 administración fraudulenta, violación de los deberes de funcio
nario público y cohecho.
Desde la PIA el puntapié fue una noticia periodística titulada 
"Los socios y amigos del Presidente se lanzaron a la compra 
de las empresas de gas y electricidad" en referencia a que 
Lewis y Mindlin compraron Petrobrás por cientos de millones
 de dólares y Nicolás Caputo se convirtió en el segundo
proveedor de energía a través de Central Puerto.
En ese sentido, recordaron al visita de Macri al empresario Lewis
 a su casa en las orillas de Lago Escondido, en Río Negro, el 24 de
 marzo del año pasado, hasta donde llegó con el helicóptero que
 había puesto a disposición el empresario.
Fue una visita de pocas horas puesto que esa misma noche, 
Macri viajó al Aeropuerto para despedir al entonces presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, quien había llegado en
 visita oficial a la Argentina.
En la PIA, tal cual reza la denuncia, les llamó la atención que
 Macri visitara a Lewis en medio de una agenda sobre cargada
 la visita del presidente Barack Obama y el 24 de marzo se 
conmemoraba un nuevo aniversario del trágico golpe militar 
que tuvo lugar en 1976.
A los cinco días de esa reunión fue que, por resolución 31/2016
 el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, dispuso el 
incremento tarifario de gas, lo cual fue objetado por la Justicia
 al no haber mediado audiencia pública previa tal cual dispone
 la ley.
Lewis es propietario de una de las controlantes de la firma 
"Pampa Energía SA" y para ese momento había adquirido Petro
bras Argentina, que tiene un gran potencial gasífero en nuestro
 país: el único director que habría suscripto el acta de adquisi
ción de la firma fue el represenante de la Administración Nacio
nal de la Seguridad Social (ANSES).
La empresa "Pampa Energía" también tendría como propietario
 a Mindlin, quien fue parte de la comitiva que viajó junto a Macri 
en gira oficial en enero de 2016 al foro de Davos, en Suiza, 
oportunidad en la cual según los denunciantes se habría 
materializado el acuerdo sobre la suba de tarifas.
Sobre Caputo, amigo del Presidente, surgió la sospecha porque
 entre febrero y marzo de 2016, antes de la suba de tarifas de 
gas,compró la Sociedad Argentina de Energía Sociedad 
Anónima (SADESA), principal proveedora de energía eléctrica
 del país y socia mayoritaria de Edesur y Gas Cuyana.
La PIA sostuvo que el incremento tarifario de por sí implica una 
mejora en la ecuación económica para los titulares y accionistas 
de las empresas del rubro, y que el haberlo hecho desde el 
Gobierno Nacional sin mediar audiencia pública no fue un
 simple "error técnico" sino que pudo ser "una pieza más para
 concretar una serie de negocios adyacentes a los servicios 
públicos".
La investigación, tomando en cuenta la denuncia de la PIA, 
apunta a determinar si el incremento tarifario de gas implicó
 un fraude al Estado o bien pago de sobornos a funcionarios 
públicos para que dieran el aval en los aumentos.
La presentación de Picardi fue hecha hace pocos días ante el
 juez federal Sebastián Casanello, con quien investigará la 
denuncia.

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