LA TECLA Una Provincia sumida en la emergencia

Actualmente son cuatro las leyes vigentes promovidas por la
 gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Para qué
 sirven y qué se hizo a partir de sus declaraciones.

La palabra “emergencia”, muchas veces está estrechamente 
relacionada con “desastre”, como si se tratasen de complementos.
 Apenas unos días después de asumir, la gobernadora María
 Eugenia Vidal declaró la Emergencia en diferentes áreas del
 Ejecutivo, al tomar conocimiento del “estado del Estado”.

En pocas palabras, según advirtió la mandataria, la Provincia estaba
 en llamas y era imperioso ponerse a trabajar para sacarla adelante. 
Y en este marco, en diciembre de 2015, envió a la Legislatura diferen
tes proyectos de ley para acelerar la llegada de soluciones en materia
 de seguridad, justicia e infraestructura.

Las mencionadas iniciativas estaban atadas al tratamiento del Pre
supuesto 2016, que, como se sabe, no fue aprobado hasta entrado
 un nuevo año.

Ante la falta de acuerdo, Vidal decidió decretar las mencionadas 
emergencias, que se extenderían por el término de un año. En efecto,
 todo lo relacionado a Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaeren
se permitiría convocar a retirados, reubicar personal, cambiar des
tinos y disponer bajas y ascensos, entre otros puntos.

En tanto que la Emergencia en Infraestructura y Servicios Públicos
 habilitaba a la gobernadora Vidal a intervenir todos los entes, em
presas y sociedades de propiedad exclusiva del Estado provincial.

Unos meses más tarde, el motor no arrancaba y la rueda no lograba
 empezar a girar. Por ello, la mandataria decidió declarar una nueva
 emergencia, que abarcara, de cierta manera, a todas las áreas del
 Ejecutivo: la administrativa y tecnológica. A partir de la sanción par
lamentaria que le dio luz verde a la decisión se autorizó a todos los 
“ministerios, secretarías y entidades autárquicas a ejecutar las obras
 y contratar la provisión de bienes y servicios que resulten necesarios”
 para el cumplimiento de sus objetivos. Para ello podrían utilizar las 
normas de excepción para los procesos correspondientes a Com
pras y Contrataciones, y así dotar de celeridad a todos los actos bu
rocráticos. Este beneficio permitió a Vidal poner en marcha un plan 
de contingencia para hacer frente a las inundaciones que azotaron a 
diferentes puntos de la Provincia durante 2016 y 2017.

En el transcurso del gobierno de Cambiemos, la oposición ha intentado
 aprobar una serie de emergencias como método paliativo a la crisis
 económica. Tanto desde el Frente Renovador como del Frente para la
 Victoria y el Frente de Izquierda presentaron sus correspondientes 
proyectos para poner en marcha acciones tendientes en materia 
alimentaria, social, educativa y de transporte, aunque hasta el mo
mento no han tenido resultados satisfactorios, ante la negativa del 
oficialismo de, por un lado, reconocer ciertos conflictos, y, por el otro,
 hacer frente a los gastos extra que generan las mencionadas medidas.

INFRAESTRUCTURA
“Todas las obras del año pasado y éste son parte de la Emergencia en Infraestructura.
Lo que se hizo fue reducir los tiempos en los plazos: de un año pasó 
a seis o siete meses, aproximadamente. Depende del tipo de obra”, 
explicaron a La Tecla desde la cartera que conduce Roberto Gigante.

En efecto, la declaración de Emergencia en Infraestructura, Hábitat y 
Servicios Públi-cos fue dictaminada por la gobernadora María Eugenia
 Vidal (decreto N° 443/16) en los inicios de su gestión, y prorrogada 
por un año, por lo que estará vigente hasta entrado 2018. Entre los 
rgumentos de su sanción se destacó “la situación crítica que se 
encontraba atravesando la Provincia ” en la materia.

En conjunto con la Emergencia se creó la Comisión Bicameral de 
Seguimiento y Fiscalización de Obras tendiente a supervisar la
 concreción de las mismas, para así evitar cualquier tipo de irre
gularidad en las licitaciones y contrataciones.

En el marco de la declaración se pusieron en marcha una serie de 
acciones:
-Plan integral para mejorar las guardias en 43 hospitales de la Pro
vincia , con una inversión de $ 1.100 millones.
-Etapa 4-1b del Plan Maestro Integral del río Salado.
-Construcción de 1.500 kilómetros de rutas cu-yas obras ya fueron
 finalizadas, y los 300 Km . que se estarán culminando en los pró
ximos meses. Inversión de 600 millones de pesos.

SEGURIDAD Y JUSTICIA
A través de la ley 14.866, la Legislatura bo-naerense prorrogó por
 un año la Emergen-cia en “materia de seguridad pública y de 
política y salud penitenciaria en todo el territorio de la provincia
 de Buenos Aires”, que había sido decretada por la gobernadora
 María Eugenia Vidal el primer día hábil de 2016, ante la “imperiosa
 necesidad de comenzar a solucionar problemas”. La medida en 
cuestión permite tanto al ministerio de Seguridad como al de Jus
ticia ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y 
suministros necesarios para el cumplimiento de objetivos. En 
rigor, según detalló la cartera que conduce Cristian Ritondo, se 
efectivizaron una serie de medidas a partir de la sanción de la
 Emergencia en Seguridad.

Entre ellas se destacaron:
-Compra y entrega de 18.792 chalecos antibalas, 632 patrulleros
 (de los cuales 73 son con tecnología 360°) y 305 motos cero 
kilómetro. Además fueron entregados 122 patrulleros arreglados
 íntegramente.
-Implementación de un fondo de inversión de 3 mil millones de 
pesos para los 135 municipios de la Provincia.
-Refacción de 55 comisarías en el Conurbano bonaerense.
-Rejerarquización de la carrera del agente penitenciario con convenios internacionales.

HIDRICA
Si bien forma parte del área de Infraestructura, la Gobernadora 
decretó en 2017 la Emergencia Hídrica en 26 distritos de la
 Provincia , que fueron afectados seriamente por las inundaciones.
La medida, tomada el 18 de mayo, autorizó a llevar a cabo las
 “obras y/o acciones indispensables en forma inmediata, realizar
 contrataciones, gastos y tomar las decisiones necesarias para 
solucionar, aliviar o evitar la agravación” de la situación.

En este marco, Vidal puso en ejecución un plan de 48 obras por 
una inversión total de $ 3.500 millones. De ese monto, $ 2.500 
millones corresponden a financiamiento propio y $ 1.000 millones
 a recursos del Gobierno nacional.
-El plan está compuesto por 39 obras hidráulicas, seis de vialidad
 y tres de vivienda.
-Entre los trabajos se contempla la protección de cascos urbanos
 a partir de terraplenes de defensa y la limpieza de canales y arroyos.
-Alcanza a los municipios de Bragado, Rivadavia, General Villegas, 
Carlos Tejedor, Salto, 9 de Julio, General Arenales, Pergamino, 
Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Nicolás, General Viamonte,
 Junín, Hipólito Yrigoyen y Trenque Lauquen.

ADMINISTRATIVA
El 20 de mayo de 2016, la Legislatura bonaerense sancionó, a 
pedido del Poder Ejecutivo, la Emergencia Administrativa y Tec
nológica, con el objetivo de “paliar el grave déficit en ‘estas 
materias’ que en el transcurso de los últimos años se ha visto
 incrementado progresivamente”. La medida habilitó a la Pro
vincia a llevar a cabo una serie de acciones tendientes al forta
lecimiento y modernización tecnológica de los
organismos públicos.

Si bien fue decretada bajo la órbita del ministerio de coordinación
 y Gestión Pública, por entonces a cargo de Roberto Gigante,
 cuando se modificó el organigrama provincial, la tarea de “mo
dernizar el Estado” quedó bajo la responsabilidad de la jefatura 
de Gabinete, liderada por Federico Salvai. Desde la dependencia
 revelaron a La Tecla una serie de medidas que se llevaron adelan
te a partir de la sanción de la Emergencia. Cuatro destacadas:
-Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública 
de la Provincia de Buenos Aires (ley 14.828).
-Implementación de herramientas de monitoreo.
-Acuerdo con proveedores y nuevos contratos de prestación de 
servicios.
-Nueva RUP (Red Unica Provin-cial), única infraestructura de tele
comunicaciones.

ALIMENTARIA
Dos diputados del Frente Renovador presentaron proyectos para 
declarar el estado de Emergencia Alimentaria en todo el territorio
 bonaerense. La primera en hacerlo fue María del Huerto Ratto, a
 mediados de 2016, tras conocerse los índices de pobreza.

En mayo de este año, en tanto, hizo lo propio Pablo Garate, luego 
del registro de la caída en el consumo de leche y carne. Sendas
 iniciativas tienen por objetivo “garantizar la provisión de los bienes
 o productos básicos de la canasta familiar a las organizaciones de
 la sociedad civil que se encuentran desarrollando actividades rela
cionadas con el servicio de prestación de alimentos -en forma
 directa o descentralizada a través de los municipios- a las familias 
afectadas por la crisis socioeconómica y en especial a los niños”.

VIOLENCIA DE GENERO
El 4 de junio de 2015 (un día después de la primera marcha bajo el
lema “Ni Una Menos”), la provincia de Buenos Aires declaró, a tra
vés de la ley 14.731, la Emergencia pública en materia social por 
Violencia de Género. Entonces, la normativa fue prorrogada por dos
 años, al perder vigencia la sancionada en 2012. Fue el diputado Ma
riano San Pedro (FpV) quien solicitó una nueva prórroga, quedando
 vigente hasta,
al menos, 2019. La misma propone optimizar todos los recursos 
provinciales necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento 
del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (AVM).

PYME
El pedido de declaración de la Emergencia PYME fue presentado 
tanto por el bloque de diputados del Frente para la Victoria como 
del Frente Renovador, y en ambas cámaras de la Legislatura , ante
 el abrupto cierre de un centenar de pequeñas empresas en territo
rio bonaerense. La normativa prevé la rebaja de la alícuota de Ingre
sos Brutos en un 50%, la rebaja a los impuestos de Sello e Inmobilia
rio y la creación de una Tarifa Pyme que provea un subsidio del 50%.

“Las PYMES representan el 70% del trabajo y el empleo en el 
sector privado. Tenemos que defender a los empresarios que
 apuestan a la generación de empleo”, señaló el legislador César
 Valicenti (FpV).