La Oficina Anticorrupción quiere juicio oral para Cristina

En el marco de la causa Grupo Austral, en la que es querellante, 
la OA -además- pidió la elevación a juicio del exministro
 kirchnerista Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas
 José López, entre otros datos.

La Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de la ex Jefa de
 Estado Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en el marco de la
 causa Grupo Austral, en la que es querellante.
Pero además, hizo lo propio con otros funcionarios vinculados al
 gobierno kirchnerista, entre los que se encuentran el exministro de
 Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; 
el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario
 de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación 
de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro
 Báez, entre otros.

Para la OA, todos ellos formaron parte de una asociación ilícita desti
nada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra
 pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 
y el 9 de diciembre de 2015.
En ese sentido, sobre la expresidenta consideraron que “continuó 
con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a 
la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos 
que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia 
vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las 
empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”.

Además, la OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucio
nal que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, 
que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en 
el manejo de la obra pública vial”.

De esta forma, el escrito plantea que la exmandataria “habría perjudica
do los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar 
fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su respon
sabilidad”.
Para la OA, Cristina Fernández es coautora de administración infiel 
agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración 
pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa 
cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz.

En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un 
monto cercano a los 46 mil millones de pesos. El requerimiento de 
elevación a juicio fue presentado esta mañana ante el juzgado de 
Julián Ercolini.
“Todo el entramado delictivo reseñado pudo concretarse mediante la 
planificación y ejecución de una serie de actos concatenados conce
bidos para beneficiar a Lázaro Báez”, advirte la Oficina.
Al respecto, detalla que “el primero de ellos consistió en la formal 
conversión de Lázaro Báez, quien se desempeñaba como empleado 
del Banco de Santa Cruz con categoría impositiva de monotributista, 
en empresario de la construcción, de modo tal de poder ser adjudica
tario de las contrataciones de infraestructura del Estado”.
En este sentido, el escrito afirma que el 8 de mayo de 2003, pocos
 días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la 
Nación, Lázaro Báez constituyó la firma “Austral Construcciones S.A.” 
junto a sus socios Guido Blondeau y Sergio Gotti.
Asimismo, la OA señaló que “como segundo paso para efectivizar el 
plan delictivo, el ex presidente Kirchner montó una estructura institu
cional con distintas personas de su confianza”, mientras que tras 
asumir la Presidencia de la Nación en 2007 Fernández “mantuvo esa
 estructura clave de poder”.
En esta línea, el escrito aseveró que “como tercer paso para consumar
 la maniobra disvaliosa, se dotó a la Dirección Nacional de Vialidad de
 mayor cantidad de fondos que en otros ejercicios, y luego se delega
ron las principales etapas de adjudicación de las obras a la Administra
ción General de Vialidad Provincial”.
Y agregó: “Los procesos licitatorios de las obras se caracterizaron por 
la presencia de múltiples irregularidades que, en definitiva, no hacen 
más que demostrar que el propósito final de todo este proceso era 
favorecer a las empresas de Báez”.