del Gobierno detrás de la denuncia.
La tensión y el temor que corrieron entre los principales empresarios
de la obra pública por la razzia del juez Claudio Bonadio, mutó en las
últimas horas a bronca y sospechas por lo que creen que podría ser
una maniobra del Gobierno para perjudicarlos y empujar una vieja
idea de Mauricio Macri de terminar con el "club de la obra pública".
El Presidente mantiene una vieja desconfianza con varios de los pesos
pesados de la construcción local, un recelo nacido en su paso por
el mundo privado. Apenas llegado al Gobierno, Macri se entusiasmó
con un plan para barrer a la "patria contratista" y darle el grueso de la
obra pública a firmas grandes de Estados Unidos, como contó LPO en
ese momento, y que las locales queden como socias en un segundo
plano.
Pero las urgencias de la economía lo obligaron a apostar a agilizar al
sector con los históricos actores locales. La apuesta luego fue
incorporar a los internacionales a través del programa de Participa
ción Público Privada, que en su primera experiencia incorporó tímida
mente a empresas extranjeras. Ahora, con la necesidad de ajustar
fuerte el gasto público, los PPP son la principal esperanza del Gobierno
para mantener la actividad y para eso necesita sí o sí seducir a
firmas foráneas.
En ese contexto se da el Lava Jato de Bonadio, que amenaza con
salpicar a todos los empresarios que hicieron negocios durante el
kirchnerismo, es decir a todo el "club de la obra pública".
En los operativos ordenados el miércoles por el juez, hubo
allanamientos en 30 empresas del sector de la construcción,
incluidas algunas de las más importantes como Techint, Roggio,
Corporación América, Supercemento y MSU. Además de las más
complicadas en la causa como Electroingeniería, Iecsa, Isolux,
Albanesi y Esuco.
Fuentes del sector dijeron a LPO que creen que la causa que destapó
el ex chofer de Roberto Baratta es "un mensaje del Gobierno a todo
el sector de la construcción" y hasta hablan de una guerra
declarada contra las constructoras, que -según comentan- empezó
con el impulso a los PPP para desarmar todo el esquema de
adjudicación, aunque implique que las obras terminarán costando
el triple.
A la defensiva, en algunas de las empresas allanadas comentaron a
este medio que no saben de qué los acusan Bonadio y Stornelli, y
repiten que no les dieron precisiones de lo que estaban investigan
do. Incluso, en uno de los grupos contaron que los efectivos que
hicieron el operativo no tenían claro en cuál de las firmas tenían que
solicitar la información y prácticamente se fueron con las manos
vacías. Como adelantó LPO, también tienen sospechas de forum
shopping.
Además, dicen que les llama la atención el comportamiento del
chofer Centeno, que presuntamente durante años escribió en
cuadernos los movimientos de Baratta en la recaudación.
Deslizan que podría tratarse de una operación de inteligencia
por lo metódico de esas anotaciones (cuyos originales todavía
no aparecen) y por la extraña existencia de un bache de dos años
en los cuadernos. Centeno es un ex militar, lo que alimenta esas
suspicacias.
Como sea, a la bronca contra Bonadio y Stornelli y las sospechas
de una jugada de Macri, entre los empresarios hay también extre
ma preocupación por el futuro de sus negocios. Por un lado, por
la sensación de que el Gobierno quiere correr a firmas locales de
obras importantes como las represas de Santa Cruz, donde
pretenden desplazar a Electroingeniería.
Por otro, porque al estar involucrados en este causa se podría
complicar su acceso al mercado, como en el caso de los PPP. Un
actor importante del sector desparramaba furia en los últimos días
por las explicaciones que tendrá que darle a sus accionistas.
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