El peronismo presiona para habilitar a las empresas a financiar partidos políticos

Como parte de su agenda de transparencia, quiere tratar su ley en el 
Senado junto a la que regula los lobbys. Macri envió otro proyecto a 
Diputados, pero Carrió y algunos diputados radicales se oponen.

El bloque justicialista del Senado intentará aprobar en noviembre una 
ley para habilitar el financiamiento de los partidos políticos y otra para
 regular los lobbys empresarios, como parte de la agenda de
 transparencia que diseñaron para llegar bien parados a las elecciones.

Se compone de leyes que ya fueron enviadas por el Gobierno a la
 Cámara de Diputados pero nunca se trataron por resistencia de la 
oposición e internas en Cambiemos.

Si prosperan en el Senado, Miguel Pichetto y sus laderos podrán decir
 que su bloque no se resiste a una agenda institucional del Gobierno, 
un reproche habitual que le llega desde la Casa Rosada.

Otro proyecto en carpeta, que no se llegaría a tratar este mes, es para
 regular la transición presidencial, similar al presentado por Macri ni 
bien asumió que nunca llegó al recinto de Diputados.

El Gobierno recién envió a esa Cámara en agosto la ley para regular 
el financiamiento de la política, para sobrellevar el escándalo por los
 aportantes truchos en la última campaña de Cambiemos en la provin
cia de Buenos Aires.

Pero a Elisa Carrió y a algunos diputados de la UCR no les convence 
habilitar aportes de empresas a las campañas y el macrista Pablo Tonelli 
nunca pudo reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutirlo.

Máximo Kirchner no sólo que lo rechaza, sino que propuso una ley para
 distribuir digital gratuita en internet, que se sume a los espacios radiales
 y televisivos sorteados antes de cada elección.

El proyecto de Pichetto y su par Dalmacio Mera permite donaciones de 
empresas privadas de hasta el 5% del total de sus ganancias netas por
 año calendario y de hasta el 15 por ciento en las campañas.

El del Gobierno la restringía a 2% de los gastos de un partido durante las
 campañas y en ambos casos se bancarizan todos los aportes.

Mera encabezó el plenario de las comisiones de Asuntos Constituciona
les y Presupuesto para debatir el tema en el Senado, con visitas de 
especialistas en temas electorales que pidieron al unísono blanquear
 los aportes, pero con controles.

Muestra de que la negociación aún está en ciernes, el riojano Julio 
Martínez, la UCR, advirtió que los aportes privados les permitieron a 
los narcotraficantes influir en la política mexicana.

Su correligionario Ángel Rozas presentó una ley para incorporar 
peritos auditores a las campañas; y Olga Brizuela y Doria y Silvia 
Elías de Pérez, también radicales, promueven un proyecto para 
limitar la cartelería electoral.

Nada es más polémico que el dinero de las campañas. "Estamos
 de acuerdo en que haya aportes privados porque la Constitución
 dice que el Estado contribuirá pero no sostendrá a los partidos
 políticos. Cuánto de público y cuánto de privado es un tema de 
ustedes", sostuvo Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacio
nal Electoral.

El magistrado enumeró deficiencias del sistema electoral por la 
superposición entre su tribunal y las justicias electorales provin
ciales, como irregularidades en padrones, un calendario electoral 
extenso ("No se alteraría la autonomía provincial por limitarlo", 
aseguró) o ausencia de rendición de cuentas.

Con esa experiencia, objetó la creación de un "Registro de Traza
bilidad de los Aportes Electorales" en la AFIP, que forma parte del 
proyecto del PJ.

"Tenemos que defender la competencia electoral y para eso hay 
que darle autonomía para que resuelva las cuestiones técnicas. 
Recién después puede venir la justicia penal. El problema es que 
muchos jueces electorales piensan como penalistas", se quejó.

Antes de cerrar el debate, Mera anticipó que evaluará la incorpora
ción de un Instituto electoral "que controle la vida de los partidos 
políticos", un viejo reclamo de su Dalla Vía y el otro camarista San
tiago Corcuera, que no forma parte de estos proyectos. El modelo
 sería el Instituto Nacional Electoral (INE) de México.

Con argumentos similares los expertos coincidieron en pedir una
 ley para regular los aportes proviados que no tiña de sospechas la 
próxima elección. "Gran parte del financiamiento proviene de fuen
tes hoy no permitidas: personas jurídicas y el uso de los recursos 
públicos", advirtió Julia Pomares, directora Ejecutiva de CIPPEC.

"El sólo financiamiento público es eludir el problema ya que eso 
obtura la aparición de nuevas fuerzas o a las fuerzas pequeñas. 
Cuando está clara la trazabilidad de los aportes, ese financiamiento 
no será ilícito ya que conoceremos particularmente a cada uno de
 esos aportantes", aportó la doctora Liliana De Riz, investigadora 
superior del Conicet.