Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia. La polémica
medida sería para descomprimir las cárceles de la Provincia, que
están superpobladas. Los detenidos puestos en libertad serían
monitoreados con tobillera electrónica.
Altas fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos
Aires a cargo de Gustavo Ferrari confirmaron a Infobae el
comienzo de una medida tan radical como aparentemente
polémica: 1.421 presos de los penales bonaerenses podrían irse
a sus casas por recomendación del Ministerio a la Justicia con
el beneficio del arresto domiciliario bajo tobillera electrónica.
El motivo de la decisión en los cálculos de Ferrari es simple: ya no
hay lugar en las cárceles. Los penales y alcaidías del Servicio
Penitenciario Bonaerense (SPB) que dependen de la cartera de
Justicia enfrentan el mayor pico de sobrepoblación de su historia.
Las cárceles provinciales tienen, colectivamente, lugar para
albergar a 28 mil detenidos. Actualmente, según cifras del SPB
mismo, hay 41.267 personas privadas de su libertad, un número
actualizado en la tarde de ayer, con dependencias como la
Unidad Nº49 de Junín excedida en un 135% (hay 958 presos
donde debería haber poco más de 400). En todo este universo
de presos hay 23 mujeres embarazadas, tres de ellas que con
viven con hijos y 73 niños que se crían junto a sus madres
detenidas, además de 82 personas trans.
La idea no es nueva, al menos no en el país. En marzo de este
año, el Servicio Penitenciario Federal, también superpoblado,
compiló una lista de posibles detenidos a los que se les reco
mendaría judicialmente la prisión domiciliaria o la libertad con
dicional, con 96 condenados por crímenes de lesa humanidad
como Jorge "El Tigre" Acosta, en promedio mayores de 70 años
de edad con categorías como detenidas embarazadas o alojadas
con hijos, presos discapacitados.
La medida del SPF generó cierta polémica. ¿María Eugenia Vidal
entiende el costo político aparente de recomendar liberar presos?
Una voz de peso en el sistema de cárceles provincial asegura:
"La gobernadora está de acuerdo, siempre que sea justificado".
Existe un criterio para recomendar el arresto domiciliario de los
1.421 presos. "Se trata de mujeres con hijos, embarazadas,
personas con enfermedades", asegura un funcionario. También,
de gran cantidad de detenidos por delitos menores como
amenazas, encubrimiento, resistencia a la autoridad. Casi un
tercio del total de los presos provinciales están detenidos por
robo agravado por el uso de arma. Las chances de que se les
recomiende la libertad son casi nulas.
La sobrepoblación se traduce en cuestiones obvias. Para
empezar, el SPB tiene un déficit de al menos 2.000 colchones
ignífugos para que duerman detenidos. Organizaciones LGBT
como OTRANS y organismos como el CELS, la Comisión Pro
vincial de la Memoria y la Defensoría de Casación de Mario
Coriolano denuncian desde hace años graves condiciones de
encierro en lo que no dudan en llamar una crisis humanitaria.
Durante los últimos meses, el Juzgado Correccional Nº2 de La
Plata a cargo del doctor Eduardo Eskenazi recolectó una
decena de habeas corpus presentados por detenidos a lo largo
de la provincia y celebró una serie de audiencias además de
enviar personal a inspeccionar cárceles.
Esta semana, el Juzgado Nº2 tomó una decisión determinante:
la creación de un Comité de Crisis para lograr metas a corto y
mediano plazo para descomprimir la sobrepoblación peniten
ciaria en la provincia.
En la mente de los conductores del SPB, el juez Eskenazi peca
de algo parecido al pensamiento mágico. "No se va a resolver
todo ya", asegura una voz fuerte en la cartera de Justicia. Para
el ministro Ferrari, lograr una descompresión gracias a decisio
nes judiciales masivas por la tobillera electrónica es la salid
a más inmediata. La saturación de las cárceles, en los cálculos
políticos y de expertos como James Cavallaro, ex relator de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene de la Justicia
bonaerense misma con la aplicación en exceso de la prisión pre
ventiva. La mitad de los presos en el SPB estaban bajo esta figura
a fines del año pasado, con más de 1.200 detenidos en las comi
sarías provinciales también con preventiva dictada.
"La puerta giratoria se ve cada vez menos", asegura un funcionario
que señala a jueces que aplican en exceso la prisión preventiva,
espantados por la chance de que un delincuente liberado reincida
con una violación o un homicidio para terminar escrachados, con
un jury en su contra o destituidos. Volver a la cárcel, por otra parte,
es una constante bonaerense: poco más del 40% de los presos
actuales del SPB está detenido por segunda o tercera vez.
Hay, por el momento, poco más de 1.900 presos en toda la provin
cia con arresto domiciliario y tobillera, una cifra baja. Puertas
adentro, el SPB habla de aparentes garantías como un centro de
monitoreo instalado en La Plata durante la gestión de Ferrari y de
una tasa de menos del 4% de quebrantamiento, con penitencia
rios que instalan tobilleras mal a propósito como "raras excepcio
nes fuertemente castigadas", aseveran en el Ministerio de Justicia.
La otra razón para pedir mayor cantidad de detenciones domicilia
rias es tan obvia como descomprimir las cárceles: el significativo
ahorro. El alquiler de una tobillera a las diversas empresas que
las proveen cuesta "mucho menos" que los poco más de $33
mil que gasta el Servicio Penitenciario en mantener un preso
por mes.
Por lo pronto, el SPB ya evaluó el perfil psicológico de 304
internos, con otros 455 en proceso de examen. Los nombres
de más de 170 internos, aseguran fuentes, ya fueron remitidos
a juzgados en departamentos como Campana, Quilmes, Mar
del Plata y Bahía Blanca.
Fuente: Infobae.
