Un informe del Relator Especial para el Derecho a la Privacidad de
las Naciones Unidas advirtió “graves falencias” en el sistema
argentino. Pidió más transparencia y alertó por las escuchas.
ex-puesto como nunca antes en la opinión pública. De la mano
de recurrentes filtraciones de escuchas, el accionar de los espías
o las “pinchaduras” de teléfonos se ha naturalizado, con cruces
entre el Gobierno y la oposición y que tienen a la Justicia en el
medio.
A las críticas de partidos políticos y organizaciones de la sociedad
civil se sumó en los últimos días un informe, que el Gobierno no
puede dejar pasar y que impactó de lleno en el arco político. El
Relator Es-pecial para el Derecho a la Privacidad de las Naciones
Unidas, Joseph A. Catannaci, marcó graves falencias en el sistema,
que ameritan profundos cambios a implementar en el marco de un
acuerdo político amplio.
Catannacci cuestionó “el uso excesivo de las interceptaciones,
tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos
los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos
graves”, y, en este sentido, la debilidad de los controles “en la ca
dena de custodia sobre el acceso al contenido de las intercepta
ciones”, es decir, las filtraciones.
Las escuchas y las filtraciones forman parte de uno de los ejes
cuestionados por el experto de Naciones Unidas.
A eso se suma su observación por la falta de transparencia y de un
control externo que pueda supervisar las tareas de inteligencia que
se realizan. No sin antes mencionar su preocupación por casos de
inte-ligencia ilegal.
“Los servicios de inteligencia deberían llevar a cabo una revisión
en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente
impuestas por la ley. Asegurarse de que sólo la información que
debe mantenerse en secreto es de hecho secreta permitiría a la
sociedad argentina comprender mejor el papel y los métodos de
trabajo de sus servicios de inteligencia”, sostuvo Catannaci entre
sus recomendaciones.
El relator de la ONU estuvo en Argen-tina entre el 6 y el 17 de mayo
. Visitó la oficina de escuchas, la Dirección de Asis-tencia Legal en
Delitos Complejos y Cri-men Organizado, la famosa Dajudeco, de
-pendiente de la Corte Suprema, y se reunió con diferentes
sectores. Destacó el trabajo de la oficina, aunque apuntó al
sistema.
De acuerdo a los datos del informe, en Argentina se interceptan
unas 6.000 líneas telefónicas por mes, de las que 69 son
interceptaciones directas escuchadas por Dajudeco. A su vez,
el año pasado, 41.0000 fue la cantidad total de líneas interceptadas.
Crítico del rol de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Catannaci
planteó la creación de un nuevo órgano “independiente con
personal dedicado a tiempo completo” que complemente la labor
legislativa.
Polémica
La difusión del informe tuvo lugar a pocos días de una nueva
polémica en torno a escuchas. Se filtraron conversaciones de los
exfuncionarios kirchneristas Eduardo Valdés y Carlos Zelkovicz
con los detenidos Lázaro Báez, Roberto Baratta y Juan Pablo
Schiavi en el Penal de Ezeiza. Se las presentó como una demostra
ción de un supuesto armado de la causa sobre espionaje ilegal que
lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla.
El caso escaló con una escucha realizada a una conversación del
empresario Lázaro Báez con su abogada Elizabeth Gassaro. El
manifestó: “Todo lo que tuve es de una sola persona, que está
arriba”. Sin embargo, las controversias volvieron a aparecer.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados expresó “
profunda preocupación” ante la divulgación de “conversaciones
telefónicas grabadas a personas detenidas, y mucho más aún si
éstas hubieran sido mantenidas con sus defensores”.
La AFI señaló que se procedió en el marco de la causa 41.475/2016
sobre una asociación ilícita terrorista que investiga el Juzgado
Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Federico
Villena, y aseveró que se cumplió con normas de seguridad. Las
grabaciones se realizaron en CD, un soporte cuestionado por el
experto de las Naciones Unidas en su informe. Consideró que se
trata de una “tecnología primitiva” y propensa a “caer en manos
equivocadas”.
civil se sumó en los últimos días un informe, que el Gobierno no
puede dejar pasar y que impactó de lleno en el arco político. El
Relator Es-pecial para el Derecho a la Privacidad de las Naciones
Unidas, Joseph A. Catannaci, marcó graves falencias en el sistema,
que ameritan profundos cambios a implementar en el marco de un
acuerdo político amplio.
Catannacci cuestionó “el uso excesivo de las interceptaciones,
tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos
los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos
graves”, y, en este sentido, la debilidad de los controles “en la ca
dena de custodia sobre el acceso al contenido de las intercepta
ciones”, es decir, las filtraciones.
Las escuchas y las filtraciones forman parte de uno de los ejes
cuestionados por el experto de Naciones Unidas.
A eso se suma su observación por la falta de transparencia y de un
control externo que pueda supervisar las tareas de inteligencia que
se realizan. No sin antes mencionar su preocupación por casos de
inte-ligencia ilegal.
“Los servicios de inteligencia deberían llevar a cabo una revisión
en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente
impuestas por la ley. Asegurarse de que sólo la información que
debe mantenerse en secreto es de hecho secreta permitiría a la
sociedad argentina comprender mejor el papel y los métodos de
trabajo de sus servicios de inteligencia”, sostuvo Catannaci entre
sus recomendaciones.
El relator de la ONU estuvo en Argen-tina entre el 6 y el 17 de mayo
. Visitó la oficina de escuchas, la Dirección de Asis-tencia Legal en
Delitos Complejos y Cri-men Organizado, la famosa Dajudeco, de
-pendiente de la Corte Suprema, y se reunió con diferentes
sectores. Destacó el trabajo de la oficina, aunque apuntó al
sistema.
De acuerdo a los datos del informe, en Argentina se interceptan
unas 6.000 líneas telefónicas por mes, de las que 69 son
interceptaciones directas escuchadas por Dajudeco. A su vez,
el año pasado, 41.0000 fue la cantidad total de líneas interceptadas.
Crítico del rol de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Catannaci
planteó la creación de un nuevo órgano “independiente con
personal dedicado a tiempo completo” que complemente la labor
legislativa.
Polémica
La difusión del informe tuvo lugar a pocos días de una nueva
polémica en torno a escuchas. Se filtraron conversaciones de los
exfuncionarios kirchneristas Eduardo Valdés y Carlos Zelkovicz
con los detenidos Lázaro Báez, Roberto Baratta y Juan Pablo
Schiavi en el Penal de Ezeiza. Se las presentó como una demostra
ción de un supuesto armado de la causa sobre espionaje ilegal que
lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla.
El caso escaló con una escucha realizada a una conversación del
empresario Lázaro Báez con su abogada Elizabeth Gassaro. El
manifestó: “Todo lo que tuve es de una sola persona, que está
arriba”. Sin embargo, las controversias volvieron a aparecer.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados expresó “
profunda preocupación” ante la divulgación de “conversaciones
telefónicas grabadas a personas detenidas, y mucho más aún si
éstas hubieran sido mantenidas con sus defensores”.
La AFI señaló que se procedió en el marco de la causa 41.475/2016
sobre una asociación ilícita terrorista que investiga el Juzgado
Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Federico
Villena, y aseveró que se cumplió con normas de seguridad. Las
grabaciones se realizaron en CD, un soporte cuestionado por el
experto de las Naciones Unidas en su informe. Consideró que se
trata de una “tecnología primitiva” y propensa a “caer en manos
equivocadas”.
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