viernes, 20 de septiembre de 2019

Lacunza envió al Congreso la ley para reprogramar USD 32.000 millones de deuda

La iniciativa busca establecer los mecanismos para que el Ejecutivo rene
gocie la deuda emitida bajo ley argentina sin que se filtren los holdouts.
Lacunza envió al Congreso la ley para reprogramar USD 32.000 millones de deuda


Hernán Lacunza envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley 
para reprogramar 32.000 millones de dólares de deuda de mediano y
 largo plazo emitida bajo ley nacional, como había anunciado hace 
tres semanas, pero no se trata de un nuevo cronograma de pagos 
sino de una normativa para sentar las bases de una oferta.  
Su espíritu es que rija sobre los bonos una cláusula de acción colectiva
 similar a los bonos emitidos bajo Ley Nueva York o europea y aunque
 en Hacienda aseguran que fue conversada con la oposición, los
 líderes parlamentarios de Cambiemos afirmaban que se trataría
 junto al presupuesto, o sea, después de la elección presidencial. 
Con esta ley, si una mayoría calificada de bonistas accede a una 
reestructuración el resto de los acreedores no puede litigar judicial
mente contra el país, se les cerraría la puerta a los fondos buitre que
 compran deuda defaulteada para pedir un resarcimiento en Tribunales. 
Así surge en el inciso 3 del artículo 2 del proyecto, que establece 
cláusulas de acción colectiva con el 75% de adhesión cuando afecte
 a títulos de un única serie o de dos o más series agrupadas en la 
solicitud de modificación; del 66,66% a títulos en circulación de to
das las series agrupadas; y del 50% a títulos en circulación de cada
 una de las series agrupadas (consideradas en forma individual). 
"En caso de que el tenedor de títulos representativos de deuda
 pública nacional manifieste su consentimiento a la solicitud respec
to de esos títulos y con posterioridad a ello los transfiera, grave, 
prende y/o los afecte de cualquier otro modo, el consentimiento 
emitido será definitivo y vinculante a los efectos de la solicitud pa
ra todos los futuros tenedores de dichos títulos", señala. 
La idea es dar el primer paso para la creación de un mecanismo
 institucional de reperfilamiento "amigable" de la deuda que permita 
a los acreedores suscribir voluntariamente a una propuesta que 
estire vencimientos, pero sin quitas, tal y como lo había propuesto
 Lacunza.
El proyecto no pospone los vencimientos sino
 que incluye una cláusula de acción colectiva 
para que los fondos buitres no compren una 
porción de la deuda. 
En Hacienda aseguraron que "este proyecto habilita al Ejecutivo a
 entablar una negociación. Da una señal de que la eventual discu
sión de la deuda se hará en un marco voluntario y de racionalidad".
El objetivo, plantearon, es que "quien gane en las próximas eleccio
nes pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin exce
sivos condicionantes financieros, este proyecto de ley busca pro
veer las herramientas necesarias para promover una extensión vo
luntaria de plazos de deuda bajo jurisdicción local".
"El problema hoy es de plazos, por eso se está pensando en una
 extensión ‘amigable', no es un cambio en las condiciones de los 
bonos. Hay que dar una señal hacia el futuro. Los mercados mues
tran que hay mucha incertidumbre y con esto vamos hacia un me
canismo racional", agregaron.
En el artículo 6 del proyecto el Gobierno vuelve a pedir modificar
 la ley de administración financiera  que restringe el margen de nego
ciación de la deuda del Gobierno a "un mejoramiento de los montos,
 plazos y/o intereses de las operaciones originales". La oposición de
 Diputados lo bloqueó en el presupuesto del año pasado. 
Actualmente, hay emitidos 65.000 millones de dólares de bonos bajo
 ley extranjera y 32.000 millones de dólares de bonos bajo ley nacio
nal.  A esto hay que sumarles 67.600 millones de dólares que se les
 adeudan al FMI y a otros organismos internacionales y también
 21.420 millones de dólares de vencimientos de Letras de corto plazo
 en dólares o vinculadas al dólar como las Letes, las Lecaps y las 
Lelink (además de las Lecer) hasta fines de 2020.
Respecto de la deuda bajo ley internacional, Hacienda aclaró que 
"sería razonable trabajar en paralelo con ambas legislaciones. En 
primer lugar, porque hay superposición de tenedores, y por otro lado
, porque los riesgos de liquidez en el corto plazo están más asocia
dos con la ley argentina. Resolver ambos frentes es necesario. Tra
bajar solamente con la ley extranjera no resuelve el problema".
Sea quien sea que asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre, la
 reestructuración de la deuda que despeje el fantasma del default,
 permita bajar el riesgo país y el costo del financiamiento es crucial
 para poder devolver a la economía a un sendero de crecimiento. 
En la oposición no hubo respuestas y voceros del FPV-PJ desmintie
ron cualquier negociación vigente y desconocieron que pueda tratar

se en las próximas semanas, antes de la elección del 27 de octubre.
 Cuando Lacunza propuso avanzar en una reprogramación de la 
deuda, Alberto Fernández le pidió a los senadores del PJ planchar
 cualquier negociación y el proyecto nunca llegó. 
Sí hubo una negociación liderada por el cordobés Juan Schiaretti 
para incluir en una reprogramación la posibilidad que los goberna
dores negocien con sus acreedores sus deudas locales, pero no
 llegó a prender en el Congreso. Finalmente, el proyecto fue envia
do a Diputados y no hace mención a las deudas provinciales.

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