jueves, 19 de septiembre de 2019

Un nuevo revés judicial para el Gobierno por las pensiones por discapacidad

Se deberán pagar retroactivos correspondientes a más de 3000

 pensiones restituidas. De no hacerlo, el Gobierno pagará una 

multa diaria.

La Justicia ordenó que el Gobierno debe pagar pensiones por
 discapacidad retroactivas a abril de este año, cuando tuvo lugar
 a una medida cautelar que impuso la restitución de las bajas im
pulsadas por el macrismo. Así, se deberá abonar una suma abul
tada que el oficialismo puede querer evitar pagar y patear a la 
próxima gestión.
Por decisión judicial, el 5 de abril se debían devolver las pensio
nes dadas de baja en 2016, sin embargo, no lo hicieron. Por eso,
 la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(REDI) inició la ejecución – destinada a obtener el cumplimiento
 forzoso de una obligación – y los notificaron. Así, el Gobierno 
se vio obligado a acatar la orden, pero restituyeron pocas pen
siones.
En total, en 2016 se dieron de baja 66251, en 2017 fueron 93076 
pero el macrismo volvió a dar el alta a sólo 3166, aunque aún no 
presentó el anexo con el listado de los beneficiarios para realizar
 el correspondiente control. En paralelo, desde la Administración
 Nacional de Discapacidad (ANDIS) resolvieron pagar – nueva
mente – esas asignaciones sin ser retroactivas a abril de este año, 
momento en que se dictó la cautelar.
nte este panorama, desde REDI entendieron que la ANDIS no 
cumplió con lo estipulado por la Justicia, por lo que el pasado 
viernes, el Juzgado Federal de la Seguridad Social 8 ordenó que
 se acompañe un anexo con todas las personas que vieron sus
pendida su pensión – lo que vencerá el lunes 23 – y los intimó a
 pagar un retroactivo desde el 5 de abril, con intereses, a quienes
 se les dio el alta nuevamente. Para ello, tendrán tiempo hasta fin
 de mes.
Desde REDI advirtieron a El Destape que se trata de un monto
 de dinero muy importante. Actualmente, los beneficiarios cobran
 alrededor de $8.000 mensuales – el 70% de una jubilación mínima
 -, que deberá multiplicarse por seis meses y agregar un 40% de 
quienes vivan en zonas desfavorables. Si el Gobierno optara por
 seguir apelando y eludir el problema, la deuda le quedará a la 
próxima gestión.
Además, el presupuesto destinado al área se verá reducido el 
próximo año, así como la cantidad de beneficiarios. En 2019 se
 registraron un total de 1.032.926 pensiones no contributivas por
 invalidez (PNC) y un presupuesto de $ 113.670.223.113. Sin 
embargo, para el año próximo se proyectaron $ 155.468.703.492 
y 1.000.926 PNC. Se trata de 32.000 personas menos y un
 aumento nominal de dinero del 36%, frente a una inflación
 interanual del 55%.

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