El sindicato de portuarios demandó a un ministro de Vidal y a
varios responsables de Puertos. Los acusan de avalar manio
bras para condonar deudas a Shell y otras empresas petroleras
en la terminal de Avellaneda. Los apuntados llevan meses sin
presentarse en sus oficinas.
"No se escuchó ni mu", fue la lacónica respuesta de un alto dirigente
gremial cuando La Tecla le consultó por las repercusiones de la de
nuncia penal que el Sindicato Único de Trabajadores de la Administra
ción Portuaria (SUTAP) realizó a un ministro y varios funcionarios de
Puertos de la Provincia.
La referencia no es antojadiza, sino que responde a una constante,
que los trabajadores vienen señalando con insistencia: tanto el Direc
tor de Asuntos Administrativos del área, Eduardo Azconegui, como
el Director Provincial de Puertos, Marcelo Gentili, brillan por su au
sencia desde hace meses por las oficinas del organismo.
Es por eso que les resulta imposible testear reacciones, luego de
que presentasen la querella por abuso de autoridad, violación de
los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles
con el ejercicio de funciones públicas. No sólo contra los dos cita
dos, sino que también recae en el ministro de Producción, Javier
Tizado, y el Subsecretario de Puertos bonaerense, Rodrigo Silvosa,
además del Delegado del Puerto Dock Sud, Alejandro Semmartin.
"Para que tengan una idea, acá han venido la Policía Federal y hasta
la Prefectura para notificarlos por las varias denuncias penales que
tienen, y nunca los encontraron para firmar", aseguran desde el gre
mio, añadiendo que presentaron, tiempo atrás, otras demandas por
temas como el presunto vaciamiento del Fondo Portuario, agresio
nes o el traslado arbitrario de personal.
Como informara este medio, desde el gremio alertaron sobre una
maniobra que se realiza en dicha terminal portuaria, ubicada en
el distrito de Avellaneda, consistente en la condonación de deu
das a grandes empresas petroleras, como Shell o Exolgan.
De acuerdo con el SUTAP, las compañías, especialmente SHELL,
acumulan deudas por el derecho de uso (canon), sin que el Esta
do reclame por ellas. Una vez que se acumulan compromisos, se
recurre a funcionarios para licuarlas a través de una obra sin con
trol.
La mecánica es conocida por los trabajadores: las autoridades
portuarias ceden su obligación de realizar dragados a las empre
sas, que contratan barcos para las tareas, una función que le co
rresponde a los funcionarios. Sin embargo, los trabajos no son
controlados, tomándose como verdad absoluta lo que la empresa
dice que hicieron.
Adolfo Barja, secretario General del SUTAP, señaló a este medio
que "los funcionarios aceptan canjear el costo del dragado por
la mayor parte de lo adeudado", algo que es calificado como anor
mal por los expertos.
El dirigente recordó que, apenas asumido el cargo, Gentili -lo
acompañó Azconegui en dicha ocasión- fue increpado por unas
60 personas, quienes reclamaban por temas laborales, entre
ellos los traslados y el destino del dinero del Fondo Portuario.
"Ese día nos dijo que el viernes nos volviéramos a juntar y que
nos daría una respuesta, pero no vino nunca más".
gremial cuando La Tecla le consultó por las repercusiones de la de
nuncia penal que el Sindicato Único de Trabajadores de la Administra
ción Portuaria (SUTAP) realizó a un ministro y varios funcionarios de
Puertos de la Provincia.
La referencia no es antojadiza, sino que responde a una constante,
que los trabajadores vienen señalando con insistencia: tanto el Direc
tor de Asuntos Administrativos del área, Eduardo Azconegui, como
el Director Provincial de Puertos, Marcelo Gentili, brillan por su au
sencia desde hace meses por las oficinas del organismo.
Es por eso que les resulta imposible testear reacciones, luego de
que presentasen la querella por abuso de autoridad, violación de
los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles
con el ejercicio de funciones públicas. No sólo contra los dos cita
dos, sino que también recae en el ministro de Producción, Javier
Tizado, y el Subsecretario de Puertos bonaerense, Rodrigo Silvosa,
además del Delegado del Puerto Dock Sud, Alejandro Semmartin.
"Para que tengan una idea, acá han venido la Policía Federal y hasta
la Prefectura para notificarlos por las varias denuncias penales que
tienen, y nunca los encontraron para firmar", aseguran desde el gre
mio, añadiendo que presentaron, tiempo atrás, otras demandas por
temas como el presunto vaciamiento del Fondo Portuario, agresio
nes o el traslado arbitrario de personal.
Como informara este medio, desde el gremio alertaron sobre una
maniobra que se realiza en dicha terminal portuaria, ubicada en
el distrito de Avellaneda, consistente en la condonación de deu
das a grandes empresas petroleras, como Shell o Exolgan.
De acuerdo con el SUTAP, las compañías, especialmente SHELL,
acumulan deudas por el derecho de uso (canon), sin que el Esta
do reclame por ellas. Una vez que se acumulan compromisos, se
recurre a funcionarios para licuarlas a través de una obra sin con
trol.
La mecánica es conocida por los trabajadores: las autoridades
portuarias ceden su obligación de realizar dragados a las empre
sas, que contratan barcos para las tareas, una función que le co
rresponde a los funcionarios. Sin embargo, los trabajos no son
controlados, tomándose como verdad absoluta lo que la empresa
dice que hicieron.
Adolfo Barja, secretario General del SUTAP, señaló a este medio
que "los funcionarios aceptan canjear el costo del dragado por
la mayor parte de lo adeudado", algo que es calificado como anor
mal por los expertos.
El dirigente recordó que, apenas asumido el cargo, Gentili -lo
acompañó Azconegui en dicha ocasión- fue increpado por unas
60 personas, quienes reclamaban por temas laborales, entre
ellos los traslados y el destino del dinero del Fondo Portuario.
"Ese día nos dijo que el viernes nos volviéramos a juntar y que
nos daría una respuesta, pero no vino nunca más".
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