sábado, 26 de septiembre de 2020

El Gobierno dictaminó el impuesto a la riqueza y exceptúa a los no residentes con inversiones en el país



POR MAURICIO CANTANDO

 Los empresarios locales querían gravarlos. El oficialismo lo contempló, 

pero luego lo consideró impracticable. Cambiemos define la ley como 

"confiscatoria". Los votos de Córdoba garantizan la sanción.

El Frente de Todos logró este viernes dictamen en Diputados del proyec
to de ley que grava por única vez a los patrimonios mayores a 200 millo
nes de pesos, conocido como "el impuesto a la riqueza", pero desistió 
de incluir a los resientes en otros países con empresas que operen aquí,
 ya sea argentinos o extranjeros, como había anunciado el presidente de
 la Comisión de Presupuesto Carlos Heller. Se mantendrá la recaudación
 estimada de 307 mil millones de pesos, un 1.1% del PIB. 

"Hay algunas cuestiones de dificultad objetiva para gravarlos por esta vía. 

En todo caso creo que esa diferencia debe saldarse cuando se discuta una

 reforma tributaria. Pero esto es un gravamen a personas humanas", explicó

 Heller, ante una consulta del cordobés Paulo Cassinerio, uno de los cuatro

 votos que controla el gobernador Juan Schiaretti y serán claves para apro

bar la ley. 

El impuesto a la riqueza gravará a extranjeros con inversiones en el país 

Cassinerio había admitido una queja de los empresarios de su provincia 

ante una posible "inequidad" porque "generan riqueza en el país" y debe

rán pagar el aporte de su bolsillo mientras que sus rivales de las multinacio

nales quedan eximidos, los mismos argumentos que había expresado Heller

 hace una semana, cuando anunció este retoque al proyecto original. 

La queja había llegado de las grandes corporaciones locales que cotizan

 en Bolsa, como los Bancos,  supermercados y cerealeras, cuyos dueños 

deberán hacer la contribución y no así sus competidores que viven en 

otros países.  


Una idea de Heller, que había anunciado el lunes, era que los empresarios 

foráneos eligieran a un "responsable" de su contribución y si no lo hacían, 

el aporte recaía como gravamen a sus compañías. Pero propios y aliados 

entendieron que no haría más que ahuyentar las inversiones que tanta falta

 hacen. "Entendimos que estamos alcanzando a personas humanas y fuimos

 muy cuidadosos", reconoció el presidente del Banco Credicoop.  

No cedió ante el pedido de Cassinerio para excluir a las acciones empresarias 

como parte de los bienes computables. "No lo pagaría nadie. Lo estaríamos 

gravando por los countrys", explicó. De todos modos, el cordobés suscribió el 

dictamen, le permitió al oficialismo reunir 27 firmas y garantizar que el proyecto

 sea aprobado aunque no será fácil elegir el momento y el lugar, porque Cambie

mos pidió debatirlo en forma presencial. 

Sergio Massa aún no definió si mudará alguna sesión a otra sede para ga

rantizar el distanciamiento social o intentará conseguirla en el recinto con 

los que quieran ir, aunque en ese caso el protocolo obliga a justificar por 

escrito las ausencias y exponerse a escraches públicos. 

El mal llamado impuesto a la riqueza fue anunciado por Máximo Kirchner 

en abril, al inicio de la pandemia del coronavirus, pero la negociación del 

Gobierno con los bonistas extranjeros lo obligó a demorar su presentación

 y se abrió una negociación hacia adentro de su bloque que derivó en algu

nas variantes, como la asignación específica de los recursos. 

"Hubiera sido más fácil hacer un aumento por única vez de Ganancias o Bienes Personales, pero se hubiera

 generado la idea de un nuevo impuesto como fue en su momento el del cheque. Con una ley, se sabe que es

 un aporte único", explicó a LPO uno de los aliados que garantizará su aprobación.

Por el paso del tiempo, se introdujo un párrafo que no tardará en abrir la polémica: la AFIP podrá identificar 

casos en que una persona se haya desprendido de sus bienes en los 6 meses previos a la sanción de la ley 

para eludir el pago y gravarlo igual. 

El proyecto evitaba esa especulación tomando las valuaciones al 31 de diciembre de 2019, pero la desestima

ron por un casi seguro planteo de inconstitucionalidad. Se contemplarán los valores al día de la publicación 

de la ley en el Boletín Oficial. 

Aún así, Cambiemos sostuvo que el dictamen altera la carta magna y presentó uno propio aconsejando su 

rechazo, con 22 firmas. Sostiene que es un impuesto aunque no se mencione como tal y por lo tanto puede 

ser confiscatorio al acumularse al resto de los tributos nacionales y provinciales. 

El proyecto grava por única vez pero de forma obligatoria a los patrimonios desde 200 millones de pesos con alícuotas que partirán del 2% y subirán a 2.25% para quienes tengan 300 millones (que serían la mayoría), 2.5% a 400; 2.75% a 600; 3% a 800; 3.25% a un 1500; y 3.5% a 3000 o más. 

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