El Destape accedió al escrito que detalla cuáles fueron las irregularidades del funcionario por las cuales se lo quiere destituir. Es considerado un hombre clave en la "Gestapo" antisindical que desplegó el macrismo.
El Frente de Todos avanza con el juicio político contra el procurador bonaerense Julio Conte Grand por considerarlo parte fundamental de la “Gestapo” antisindical que impulsó el macrismo y que quedó evidenciado en un video difundido días atrás y del que participaron exfuncionarios, entre ellos el exministro de Trabajo de Vidal.
En la denuncia anunciada ayer presentaron hechos por los que los diputados bonaerenses consideran que "resulta insostenible" que continúe en el cargo. Lo vinculan al accionar de estructuras judiciales bonaerenses clave para la persecución judicial contra opositores y ponen énfasis en la "pertenencia partidaria" de Conte Grand a Juntos.
El martes por la tarde, el presidente del bloque oficialista en Diputados, César Valicenti, la vicepresidenta del bloque, Susana González; y el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Rubén Eslaiman; anunciaron que iniciarán un proceso de enjuiciamiento contra Julio Conte Grand por la “Gestapo” antisindical que impulsó el macrismo. El Destape accedió al expediente 4860/21-22, el escrito presentado formalmente en Diputados y que solicita el juicio político contra el Procurador de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Allí se detallan cuáles fueron las irregularidades del funcionario por las cuales se lo quiere destituir.
“Los hechos que conforman la base fáctica de este requerimiento demuestra a todas luces que resulta insostenible la permanencia del Procurador General Julio Conte Grand al frente del Ministerio Público bonaerense”, comienza la denuncia de12 páginas. “Como se verá, sobran evidencias para probar que, desde la llegada del Procurador General a ese cargo en diciembre de 2016, el Ministerio Público se puso al servicio de una verdadera persecución judicial contra los enemigos políticos y gremiales de la fuerza política que entonces gobernaba la Nación y la Provincia de Buenos Aires”.
Conforme marca el inciso 2 del artículo 73 de la Constitución de la Provincia, es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
En el texto expedido por los 43 legisladores del oficialismo, se detallan tres elementos salientes sobre este punto: “La pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora ‘Juntos’ y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas”.
En ese sentido, en la denuncia se recordó que “el 9 de diciembre pasado se hizo pública una fotografía en la que puede verse al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, junto al ingeniero Mauricio Macri, quien fuera presidente de la Nación en el períodos 2015-2019 y que hoy resulta de los principales referentes de la actual fuerza política opositora ‘Juntos’". Asimismo, el escrito describió: "Ambos fueron retratados almorzando solos en un restaurante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a autenticidad de la fotografía no fue controvertida por ninguno de sus protagonistas, sino que, contrariamente, fue reconocida por ambos”.
En esa línea, los denunciantes marcaron que “es de suma relevancia tener en cuenta, al momento de ponderar la irregularidad que denota ese encuentro, que Macri se encontraba siendo investigado en territorio bonaerense por gravísimos delitos vinculados al desarrollo de inteligencia ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan”. Y precisaron que, pese a ese contexto, el encuentro se llevó a cabo por lo que "ello no sólo da cuenta de la estrecha relación que el Procurador General mantiene con uno de los líderes de la coalición opositora más importante del país, sino que confirma la afinidad y pertenencia de Conte Grand con esa fuerza política". Y precisaron: "Esa pertenencia político-partidaria es, a todas luces, incompatible con la autonomía e independencia que exige el desempeño al frente del Ministerio Público bonaerense”.
Julio Conte Grand se desempeñó entre el 2012 y el 2015 como Procurador de la Ciudad de Buenos Aires - cargo equivalente al Procurador del Tesoro en el orden nacional - designación formalizada por el entonces Jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a través del decreto n°146/12 y su rectificatorio 171/12.
Mediante el decreto 16B/2015, la gobernadora María Eugenia Vidal lo designó secretario legal y técnico de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta el 27de diciembre de 2016. “En el ínterin, Vidal envió su pliego al Senado para su designación como Procurador ante la Suprema Corte, cargo que finalmente obtuvo pese al claro déficit que ostentaba en términos de autonomía respecto del gobierno que promovía su nombramiento”.
La Bases AMBA
En el escrito, se encargaron de describir que las conductas ilegales realizadas por los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal se desenvolvieron en territorio bonaerense. "A modo de ejemplo cabe traer a colación las escuchas ilegales realizadas sobres conversaciones de personas privadas de la libertad y sus abogados en la cárcel federal de Ezeiza y el ‘cableado’ de la alcaidía N°3 de La Plata dispuesto con el mismo y espurio cometido”, mencionaron. “En paralelo, la instalación de bases de inteligencia en la Provincia de Buenos Ares (conocida como Bases AMBA), realizada en 2016 con la excusa de combatir el narcotráfico, la trata y el crimen organizado, estuvo en rigor destinada a la producción de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sociales y gremiales que expresaba posiciones contrarias a los intereses de la coalición gobernante (algunas de las víctimas de ese espionaje ilegal, incluso, pertenecían a la misma fuerza política)”, sumaron.
Al momento de enfocar en el rol de Conte Grand en la persecución judicial resaltaron "un aporte" realizado desde estructuras judiciales de la provincia de Buenos Aires y sobre esto mencionaron: "Se han denunciado serias irregularidades funcionales por parte de algunos representantes del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. Se identificaron investigaciones arbitrarias y selectivas por parte de funcionarios de la Unidad de Coordinación de Delitos complejos y Crimen Organizado, con participación de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y del Ministerio de seguridad de la Nación”.
En ese sentido, se refirieron a las denuncias realizadas por el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, sobre "un mecanismo de hostigamiento, persecución judicial y disciplinamiento llevado a cabo en su perjuicio, instrumentado por los representantes del Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción, en el marco de la generación de investigaciones penales preparatorias, legajos reservados y/o secretos". Y agregaron: "Denunció también la ‘intrusión por parte del Poder Ejecutivo Nacional en investigaciones’, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación en la causa ‘Barras’ y tareas de inteligencia e investigación criminal impulsada por integrantes del Ministerio Público Fiscal”.
La Gestapo antisindical
El pasado 27 de diciembre se hizo público un video que registra una reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en la que participaron, el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, el ex ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de la Provincia, Juan Pablo Allan, senador bonaerense, el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios como el director general de COPETRO, Marcelo Jaworski, Fabián Cusini, constructor inmobiliario, Jorge Oscar del Rio, presidente de Anideco, Fernando Sacrachi, y Guillermo Moreto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.
Marcelo Villegas, en una reunión que mantuvo el 15 de junio de 2017, afirmó: “…El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laboral, de amenaza y estas palabrejas se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que estar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”. Asimismo, el ex titular de la cartera de Trabajo provincial dijo: “Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, su yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría”.
Los hechos mencionados son los que ameritan un juicio político. De crearse la comisión de acusación e investigación, entre los distintos procesos que llevarán adelante, los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios.
Entre los citados se encuentran Gabriel Vitale (juez de Lomas de Zamora), Enrique Ferrari (fiscal de Lomas de Zamora), Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon (directora de la Alcaidía N°3 de La Plata), Cristina Caamaño (interventora de la AFI), Roberto Cipriano García (Comisión por la Memoria), Gustavo Ferrari (ex ministro de Justicia durante el período de Vidal), Marcelo Villegas (ex ministro de Trabajo durante el período de Vida)l, Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia durante el período de Vidal), Julio Garro (intendente de La Plata), Juan Sebastián De Stéfano (Ex titular de asuntos jurídicos de la AFI) y el actual senador, Juan Pablo Allan.
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