El ministro de Economía, Martín Guzmán.Foto: NA/Daniel Vides.Ante un escenario de ruptura dentro del oficialismo, al Gobierno se
le volverá complicadísimo respectar los requerimientos del acuerdo
con el Fondo, en el caso de que sea aprobado por el Congreso.
La abrumadora aprobación en Diputados del acuerdo con el FMI abre
múltiples lecturas políticas, deja heridos en el Gobierno y, a su vez
, plantea dudas acerca de la capacidad de que sea gestionado por
el equipo económico.
La grieta en el oficialismo es evidente, y si una votación similar se re
plicara la semana próxima en el Senado, la sustentabilidad de la coali
ción oficialista se haría aún más compleja en lo que resta de la gestión
Fernández. Ante un escenario de ruptura, el cumplimiento del progra
ma con el Fondo se volverá complicadísimo.
El acuerdo está basado en metas fiscales, monetarias y de acumula
ción de reservas netas, todas bajo monitoreo trimestral del organis
mo. Únicamente al ser aprobadas llegarán los desembolsos para cu
brir los servicios de deuda. Los primeros números para revisar serán
los de finales de marzo. En abril, entonces, vendría la primera misión.
Es en el frente fiscal donde aparecen los mayores desafíos, tanto por
las fuertes subas de los precios internacionales de la energía como
por las condicionalidades del propio acuerdo.
Entre otras, la obligación de congelar la llamada "deuda flotante", un tí
pico mecanismo de la administración pública para pisar el gasto y pa
sarlo como deuda de un año al otro. En favor del Gobierno, se incluye
la posibilidad de aumentar el déficit en 0,2% del PIB en tanto se destine
a financiar obras públicas a través de organismos multilaterales de
crédito.
Con los actuales precios del gas en el mundo será muy difícil reducir el
gasto en subsidios energéticos, uno de los objetivos centrales del progra
ma. El propio Fondo habló de una disminución de 0,6% del producto. La
cuestión básica es que las tarifas apuntan a crecer por debajo de la infla
ción de acuerdo con el esquema de segmentación acordado para los au
mentos.
Mayores costos de generación energética y tarifas que no cubren la infla
ción impiden el ahorro fiscal. Con todo, el Gobierno tiene un as en la
manga para aliviar el cuadro: los gastos por Covid-19 en 2021 represen
taron 1,5% del PIB, algo más de la mitad destinado a vacunas. Si la pan
demia desaparece, allí habría algún margen para recortar.
Es un acuerdo realista, pensado para evitar una crisis en el corto plazo
y en el cual prácticamente la totalidad del escaso
financiamiento neto está concentrado en 2022 y 2023. A diferencia del
stand-by de 2018, no hay disponibilidad de fondos frescos de una mag
nitud tal que habilite una masiva salida de capitales como ocurrió enton
ces. El cepo, a diferencia de los tiempos de libertad cambiaria de Mauri
cio Macri, impide ese proceso.
Por último, no está pensado para bajar la inflación. Para el FMI es una
preocupación secundaria. Es más, en los próximos meses los precios
pueden incluso acelerarse, por la mayor velocidad exigida para la deva
luación del tipo de cambio oficial y los ajustes tarifarios.
(* - Ricardo Delgado es economista y presidente de Analytica Consulto
ra).
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