Según la Sigen, las aeronaves tampoco tenían poten
cial restante y por eso habían sido desechadas en
Francia.
De acuerdo al reporte de la Sigen, que analizó la adquisición durante 2017,
el convenio fue suscripto por el entonces Ministro de Defensa de la Nación
, Oscar Aguad y su par de las Fuerzas Armadas de la República Francesa.
Aguad compró a Francia las cinco aeronaves Súper Étendard Modernisé
(SEM), acompañadas con su documentación de seguimiento técnico junto
a un lote de piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba,
equipos de misión, herramientas y un simulador de vuelo.
El precio definitivo de transferencia de todos los materiales –aviones y
elementos complementarios- fue de € 12.550.000, efectuado en una única
transferencia bancaria. El gobierno nacional asumió todos los gastos de
retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos. Para
eso, a través de la Licitación Privada N° 005/17, se tramitó el servicio de
transporte puerta a puerta de los cinco aviones más todos los comple
mentos por un total de € 1.346.255, totalizando una cifra cercana a los
€14.000.000.
La Armada pedía no comprar
Según la Sigen, para la compra no se tuvieron en cuenta varios informes
preliminares de la Armada Argentina que alertaban sobre la necesidad de
garantizar determinados repuestos antes de concretar la transacción. En
ese sentido, los documentos señalaban que, en las condiciones en que
se ofrecían las aeronaves, no se encontraban en condiciones de volar re
quiriendo la ejecución de una serie de trabajos para su puesta en funcio
namiento.
Además, dichas evaluaciones técnicas señalaban que, en forma previa
a la compra, resultaba esencial la obtención de elementos críticos para
asegurar el funcionamiento de las aeronaves, tales como la pirotecnia
de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección
de los accesorios de oxígeno.
En esa dirección, se sugería analizar que varios de esos repuestos
esenciales tenían origen inglés, por lo que resultaba necesario tener
en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que, desde 1982, el Reino
Unido no vende armamentos militares a nuestro país.
Precisamente por la falta de estos instrumentos los aviones no pudie
ron ser puestos en funcionamiento desde su adquisición en el año
2017. Cabe añadir que el informe elaborado por la Sindicatura General
de la Nación fue remitido a la Oficina Anticorrupción para el eventual
inicio de acciones.
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