El accionar de Ramos Padilla como simpatizante del kirchnerismo
afecta su condición de magistrado de la Nación y con ello a la Justicia
misma como institución, a tal punto que impacta directamente sobre
su credibilidad e imparcialidad pasada, presente y futura.
El 12 de agosto pasado presenté una denuncia contra el juez Juan Ma
ría Ramos Padilla, miembro del Tribunal Oral N° 29 de la Justicia Penal
Ordinaria de la Capital Federal, en los términos de lo dispuesto por el
art. 53 de la Constitución nacional, por mal desempeño, y de acuerdo
con lo previsto por la ley 26.080/2006, artículo 14 A) incisos 1), 2) y 4);
y art. 17 incs. 1) y 5).
En virtud de la tramitación de la causa Vialidad, en la cual se encuentra
procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros, y la
repercusión pública de los alegatos que expone el Ministerio Público Fi
cal como parte acusadora, se han generado diversas manifestaciones de
militantes y políticos de agrupaciones kirchneristas en su defensa, con
ataques agraviantes hacia la institución de la Justicia como hacia las per
sonas de jueces y fiscales intervinientes, incluso contra la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en forma reiterada y cada vez más violenta.
Estos hechos realizados por individuos, por cierto de suma gravedad,
resultan intolerables cuando provienen de un magistrado de la Nación.
Sus dichos, como su divulgación pública mediante notas periodísticas
y redes sociales, expresan un fanatismo militante con un inaceptable
resentimiento hacia la institución que él mismo representa.
Con fervor y lenguaje propio de un político en campaña, el magistrado
Ramos Padilla encabezó orgulloso la convocatoria para la marcha del
sábado 13 de agosto pasado en el Parque Centenario mediante su cuen
ta de Twitter (@jramospadilla) con manifestaciones agraviantes, amena
zantes y violentas hacia la Justicia, los jueces y fiscales relacionados
con la causa referida utilizando el #SeVieneElCristinazo.
En igual sentido se sirvió de varias entrevistas de prensa para profun
dizar la misma militancia. La conducta del juez resulta no sólo impropia
de su calidad de juez de la Nación, sino lisa y llanamente inaceptable, y
constituye a todas luces un expreso desprecio por el cargo que ostenta.
Su fanática defensa respecto de la vicepresidenta desprestigia el rol que
le corresponde en su calidad de magistrado. El manejo político de cau
sas que deben tramitar en el ámbito del proceso judicial descompone la
confianza social tan afectada y con ella, la República y las instituciones.
Es evidente que Ramos Padilla tiene la intención premeditada de provo
car una reacción política con sesgo de pertenencia a una ideología y una
clara presión sobre jueces y fiscales de la causa. No siendo suficiente la
convocatoria a la marcha, como orador principal se manifestó en defen
sa de quien está siendo juzgada y se encuentra procesada por el delito
de asociación ilícita en perjuicio del Estado.
Más allá de los resultados de la causa mencionada, el accionar de Ra
mos Padilla es inmoral y afecta su condición de juez de la Nación y
con ello a la Justicia misma como institución, a punto tal que impacta
directamente sobre su credibilidad e imparcialidad pasada, presente
y futura con relación a toda la sociedad
Es sabido, el juez sólo habla por sus sentencias, justamente porque su
única función es aplicar el derecho al caso particular, siempre que sea
de su competencia. Militar su ideología públicamente, agredir a sus co
legas y cuestionar el proceso de una causa que le es ajena lo convierte
expresamente en un actor político que debe ser removido por carecer
de las condiciones esenciales para ejercer la magistratura.
Seguramente, una vez removido de su cargo podrá armar un partido po
lítico y postularse a algún cargo electivo para lo cual parece estar mejor
preparado. La sociedad necesita y reclama una Justicia confiable, ejerci
da por jueces que dediquen su tiempo a la capacitación y al estudio de
los conflictos sometidos a su decisión con profesionalismo y la más ab
soluta imparcialidad. Sus ideas, creencias o simpatías políticas, religio
sas o de cualquier naturaleza son respetables, pero jamás deben salir
del ámbito de su privacidad.
La militancia política de un juez no sólo está prohibida por la ley, lo desca
lifica absolutamente para ejercer su función. ¿Hasta cuándo vamos a tole
rar la subversión de valores, roles e instituciones?
La Justicia no es buena o mala según convenga a sus intereses, sólo es
confiable cuando busca y encuentra la verdad. Los jueces militantes de
ben renunciar o ser destituidos para purificar la Justicia y revalorizar su
institución. Por eso, ¡doctor Ramos Padilla renuncie! Y después salga a
afiliar seguidores partidarios, seguramente tendrá éxito como político.
(* - Patricia Vásquez es dirigente de Juntos por el Cambio, ex secretaria
en el Ministerio de Seguridad de la Nación y abogada especialista en Ma
gistratura).
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