Denunciaron penalmente Yeza por un tuit “con carga peyorativa y discriminadora” hacia los “trapitos”

 

El abogado y exfiscal Javier Ignacio Baños presentó este jueves una

 denuncia contra el intendente de Pinamar, Martín Yeza, por la “posible

 comisión de delitos de acción pública”, luego de que el jefe comunal 

escribiera un tuit “con carga peyorativa y discriminadora”, dijo, hacia

 los trabajadores conocidos como “trapitos”.

“Mi hijo me pasó el tuit y me indigné. Una cosa es que haya gente extor

sionando o una mafia, que es un delito que merece ser investigado, y 

otra cosa es que un jefe comunal salga a hablar alegremente de detener 

'trapitos' en un mensaje con carga peyorativa y discriminadora”, ex

plicó Baños en declaraciones a Télam.
De esta forma, el letrado se refirió al mensaje que el jefe comunal escri

bió en su cuenta de Twitter donde manifestó: “Seguimos deteniendo 

trapitos a full, entre ayer y hoy detuvimos cerca de 15”.

Además, el intendente llamó a dar aviso en la página “Ojos en Alerta”,

 donde los vecinos pueden notificar a través de WhatsApp a las fuer

zas de seguridad sobre posibles actos delictivos.

“No se dejen extorsionar, en Pinamar los vamos a defender”, subrayó 

Yeza en el mensaje que acompañó con una foto donde se puede ver a 

un joven siendo requisado contra un patrullero de la Policía de la Provin

cia de Buenos Aires.

A raíz de esto, Baños decidió presentar una denuncia ante la “posible

comisión de delitos de acción pública, coacción agravada, abuso de 

autoridad, privación ilegal de la libertad e instigación a la violencia”.

El letrado sostuvo que “de ser cierta semejante publicación”, Yeza 

“podría estar cometiendo múltiples delitos” e incurrir en “faltas éticas

 e irregularidades administrativas” que “rompen con el principio de 

división de poderes y constituyen un grave atentado contra el orden 

público constitucional de este estado”.

El abogado y exfiscal de Morón explicó que un jefe comunal "no pue

de detener personas", ya que si lo hiciera estaría cometiendo "una ile

galidad manifiesta" e iría "contra la división de poderes" que estable

ce que el único que puede disponer una detención es el Juez de Garan

tías, tal como se establece en el Código de Procedimiento Penal bo

naerense.

"La ley establece un montón de requisitos para requisar y detener. 

Solo hay determinados casos de urgencias que lo ameritan", afirmó.

Además, sostuvo que "es arbitrario" detener a una persona por el tra

bajo que realiza y constituye una coacción agravada porque "es una 

amenaza" donde se busca que "abandone su lugar de trabajo".

"Parece referirse a las personas que cuidan autos de una manera harto

 despectiva y discriminatoria, que exigiría los pedidos de explicación e

 investigaciones pertinentes en los ámbitos naturales que exceden el 

marco de la jurisdicción. Por tal razón se impone solicitar los testimo

nios y dichos para ser remitidos al Concejo Deliberante", manifestó 

Baños en su denuncia.
Finalmente, el abogado sostuvo que en su mensaje Yeza podría "estar 

incitando a la ciudadanía a la violencia colectiva" contra el grupo de per

sonas que él denomina en forma discriminatoria "trapitos".
Según Baños, las penas de estos delitos alcanzan "un mínimo de cin

co años" y, en caso que se compruebe que se cometió más de uno,

 pueden sumarse.

"Debería evaluarse la remoción si se demuestra que Yeza actuó así. 

Una persona que está llevando a cabo toda falta de ética, está violen

tando la Constitución Nacional, la provincial y múltiples instrumentos 

internacionales no debería seguir siendo intendente", subrayó.n

ESTEBAN RODRÍGUEZ ALZUETA: "LOS MEDIOS ENLOQUECEN A LA GENTE"

El abogado analizó el juicio que se lleva adelante contra los "rugbiers"

 . "Uno de los desafíos de la democracia es llevar concordia y paciencia

 a los debates públicos", dijo.

 

“El juicio por el asesinato del joven Fernando Báez Sosa que conmocionó

 al país entero hace tres años, y recibió una amplia cobertura nacional por 

parte del periodismo, tiene un contexto institucional: la crisis de justicia,

 la desconfianza judicial, la incapacidad de la justicia para tomar conflic

tos y canalizar los problemas, sobre todo de los sectores con mayores 

desventajas”, indicó el abogado, docente e investigador, Esteban Rodrí

guez Alzueta en su artículo ¿que se pudran en la cárcel?

Por el aire de Mañana es Mejor en Radio Provincia Alzueta dijo que “el 

punitivismo no es patrimonio de la derecha. Hay muchos colegas y 

compañeros que militan en el progresismo que piden una condena ejem

plar, pero una sentencia no va a llegar solucionar el problema de fondo".

Asimismo, retomó las palabras de "Hannah Arendt quien decía que ‘las

 estructuras no van a juicio”, esto es, los rituales que enmarcan las prác

ticas sociales no se van a desandar con una decisión judicial. Ni siquie

ra la mejor sentencia, que llegue puntual con una pena contundente de

 cumplimiento efectiva, tendrá la capacidad para desandar el racismo, 

mucho menos, aquellos racismos disimulados, que se confunden con

 las desigualdades de clase. Tal vez pueda mandarse un mensaje al res

to de la ciudadanía, pero los cambios sociales, para que retoquen el 

ADN de las prácticas, necesitan otras intervenciones de mediano y lar

go aliento. Sin lugar a dudas, puede colaborar para arrojar luz sobre de

terminados temas, pero conviene no hacerse demasiadas expectativas

 sobre las decisiones judiciales para no acumular frustraciones gratuitas

 en el futuro cercano’.

Finalmente, sostuvo que “en una sociedad como la nuestra, polarizada, 

con dificultades para dialogar sobre cualquier problema, la violencia

 suele ser el atajo para expresar determinas cuestiones y presentar en 

la escena pública diferencias sociales que son de género, de clase y ra

ciales. Uno de los desafíos de la democracia es agregarle concordia y

 paciencia a los debates públicos porque los medios enloquecen a la 

gente y tenemos dificultades para dialogar en la sociedad Argentina”.

“Los medios tienen la capacidad de enloquecer a la gente y luego la 

gente con esa cabeza enloquecida tiene un contexto favorable para des

pacharse de esa manera”, remarcó.

CASO MARTINEZ Los imputados elegirán ser juzgados en juicio por jurados

El Dr. Rubén Fernández, que representa al oficial de la policía 

Munche, uno de los acusados en el presunto homicidio de

Alejandro Martínez ocurrido en la Comisaría de San Clemente,

 informó que los imputados elegirán ser juzgados en juicio por

 jurado, ya que aseguró que en esa instancia podrán presentar

 las pruebas que demuestras su inocencia, y que hasta el mo

mento no han sido aceptadas durante la investigación. En este 

sentido, el letrado aseguró que una vez que se demuestre la ino

cencia de los policías, continuará una mega causa contra el juez, 

el fiscal y letrados intervinientes.

Durante una entrevista ofrecida para Opinión, el Dr. Rubén Fernán

dez, abogado defensor del oficial Munche, se refirió a las noveda

des del caso, y en este sentido informó que recientemente “hubo

 una resolución de elevación a juicio”, por lo que el pasado jueves 

“se había asignado una audiencia”, en la cual los imputados por el 

supuesto homicidio de Alejandro Martínez tenían la opción de “ser

 juzgados en juicio por jurados”. No obstante, esto se demoró debi

do a que “hubo un planteo por parte del Dr. García que interpuso la 

reserva de casación contra la resolución que rechazó la oposición a

 la elevación a juicio”.

De todas formas, el letrado consideró que lo más probable es qu“el Dr. 

García desista de la reserva de casación”, con lo cual indicó que “se 

podrían producir las audiencias para elegir el juicio por jurado en el

 mes de enero, en la feria”, y de esta manera señaló que “podríamos 

llegar a tener el tribunal oral sorteado a fin de mes o principios de fe

brero”, aunque aclaró que la fecha establecida para el juicio oral y pú

blico dependerá del tribunal. Lo cierto es que sostuvo que el objetivo en 

este momento es que “quede firme la resolución para que se pongan a

 hacer las audiencias y que se designe un tribunal como para que sean

 juzgados los policías por el sistema de juicio por jurados”, ya que resal

tó que en este escenario “podemos plantear todas las pruebas que fue

ron rechazadas en la investigación penal preparatoria”.

En esta misma línea, el Dr. Fernández explicó: “Nos daría una ventaja que 

no tuvimos, porque el Dr. Prieto denegó sistemáticamente todas las prue

bas de la defensa, rechazó la reconstrucción del hecho, que es un dere

cho del imputado, y manifestó que se podía reproducir en el juicio. Hay 

pericias que están pendientes de producción, como la unidad criminalís

tica de alta complejidad de Policía Federal que no le cierra la muerte de 

Martínez como lo especifica el Instituto Forense de Lomas de Zamora, 

ya que apuntaría a que fue una muerte más accidental que una muerte 

por un detención violenta. Además tenemos elementos para probar la 

inocencia de los 9 policías”.

Entre otra cosas, el Dr. Fernández aseguró que desde el comienzo de

 la investigación “hubo una fuerte presión de los organizamos de dere

chos humanos”, a los que acusó de que “presionaron al Fiscal, al Juez 

para que dicten resoluciones restrictivas de la libertad”, y en este aspec

to manifestó: “Eso estuvo cantado de entrada, porque el Comité Provin

cial por la Memoria representa a los delincuentes. Nunca lo vi a Pérez 

Esquivel en el velatorio de un policía abatido por delincuentes, y las vio

laciones que ocurren en los derechos del personal policial son constan

tes. Lamentablemente, el que se puso un uniforme tiene comprada una 

perpetua”.
Mientras tanto, de los 9 policías imputados tres, Munche, Pereyra y 

Rohr continúan detenidos en el penal, y en este sentido, el letrado

 señaló que “están a la espera que se resuelva la morigeración”, co

mo sucedió con los otros seis policías, y sobre lo cual explicó que 

“no es libertad, sino que cumplen un arresto domiciliario en el domi

cilio del grupo familiar que sea asignado”. A pesar de ello, aclaró 

que los policías imputados “tienen el apoyo de la Jefatura y del Mi

nistro de Seguridad, porque entienden que son inocentes”, y acerca

 de ello agregó: “Acá fue un caso porque este Ministro se ocupó de 

darles las defensas, pero en otra administración los dejaban tirados

. Berni se interiorizó de la causa y supo directamente que la autopsia

 estaba mal hecha desde un primer momento”.
Por otra parte, el Dr. Fernández volvió a denunciar graves irregularida

des por parte de los representantes de la Justicia, y en este aspecto 

aseveró que “hubo un prejuicio al personal policial desde el inicio de

 la investigación”, al tiempo que manifestó: “Quiero denunciar en públi

co a la Dra. Gil, quien manipuló las pruebas del testimonio de Garinelli,

 el preso que se encontraba detenido en ese momento. Todo eso paso 

porque la Dra. Gil tiene un hermano que es un delincuente, que tiene 

antecedentes por tenencia de estupefacientes y por otros delitos de

 robo. En el año 2017 Munche había participado en el arresto del her

mano de la Dra. Gil, por eso vino la animosidad de la Dra. Gil”. Asimis

mo, comentó que la Dra. Gil y su marido amenazaron recientemente a

l dueño de un hotel en San Clemente porque “hizo una denuncia de 

olores nauseabundos del depósito de pescados que tiene el marido”,

 al tiempo que expresó que “tampoco puede justificar el Audi que tie

ne y el patrimonio”.

 
Por último y en esta misma línea, el Dr. Fernández anticipó que se ven

drá “una mega causa”, ya que aseguró que “la Dra. Gil, el Dr. Prieto, 

el Dr. Olivera Zapiola y el Dr. Gamarelli van a tener que dar explicacio

nes después del juicio oral y público de los 9 policías”. Es por ello, 

que señaló que una vez que “sean juzgados los policías por un jura

do popular y que ante la sociedad limpien su buen nombre y honor”

, posteriormente “se va a venir otra mega causa”, ya que en principio

 aclaró que “durante todo este tiempo yo denuncié al Dr. Olivera Za

piola y la causa sigue activa”, y al mismo tiempo indicó que “a Prieto

 y a Gamarelli les va a costar sus cargos”, ya que resaltó que “yo me

 voy a encargar que los pierdan por una destitución y que después 

 sean juzgados”.

Lic. Graciela Marker